Opinión
Los ciclones y la vivienda popular Por Aquiles Córdova Morán
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hace 14 añoson
Cualquier fenómeno natural con cierta capacidad destructiva saca a relucir una de las injusticias sociales más graves y generalizadas en nuestro país: la falta de vivienda digna y segura. Una simple “tormenta tropical”, poco más intensa que una lluvia normal, basta para provocar las escenas desgarradoras de cientos y miles de personas con sus casas inundadas, semidestruidas, o de plano derrumbadas, muchas veces incluso sobre las cabezas de sus dueños. Provoca ira, ira solidaria con el dolor ajeno, contemplar “en vivo y en directo” por televisión a esas familias que, de la noche a la mañana, lo pierden todo y quedan literalmente en la calle gracias a lo accidentado del terreno donde viven y a los materiales perecederos de sus viviendas. Diré de paso que causa igual indignación la manipulación de muchos medios informativos que se regodean mostrando las miserias más íntimas de esa pobre gente, que hacen un espectáculo mediático de su dolor para consumo de un público morboso y mal educado, que fingen compasión sólo para poder exhibirlos en actitudes degradantes con el pretexto de servir fielmente a la verdad, cuando lo cierto es que sólo se trata de elevar el “rating” del programa o del noticiero en cuestión.
Pero volvamos a nuestro asunto. Decía yo que es ya normal contemplar, después de algún evento natural, una estela de destrucción, de sufrimiento humano que indudablemente subleva. Y que subleva más cuando comprobamos que el total de los afectados son siempre gente muy pobre: obreros, campesinos emigrados a los cinturones de miseria, subempleados de todo tipo, trabajadoras domésticas, mujeres abandonadas o cuyos maridos no ganan ni el salario mínimo, desempleadas, viudas y así por el estilo; cuando constatamos, finalmente, que las colonias más dañadas son precisamente aquellas donde viven los pobres, donde vive el pueblo humilde y trabajador. En síntesis, pues, todo duele más cuando nos damos cuenta de que las víctimas lo son más de la injusticia social que las priva de una vivienda digna y segura que del fenómeno natural en cuestión.
Y como no hay desgracia que venga sola, tras la inundación de aguas negras viene la negra inundación de demagogia de los políticos, la catarata de promesas de ayuda que nunca llega, de reparación de daños cuyos fondos se quedan en manos de los encargados de aplicarlos, de ofrecimientos de reubicación y entrega de vivienda segura que jamás van más allá de la “foto” para engañar a la opinión pública. Junto con esto, va el “gran despliegue de gentes y de recursos de logística”: miles de soldados, de marinos, de policías; ejércitos de funcionarios de las distintas dependencias relacionadas con el caso que acuden en ayuda de los necesitados. Decenas y hasta cientos de millones de pesos se derrochan inútilmente en el traslado, ubicación y alimentación de toda esta gente que, a la postre, poco o nada hace por las víctimas. Quien se tome la molestia de visitar la zona de desastre un año después, por ejemplo, se va a topar con la sorpresa de que todo sigue igual, o casi igual, que a raíz de la tragedia; que los damnificados se quedaron esperando la ayuda; que algunos vivales hicieron su agosto secuestrándola y escondiéndola para financiar sus campañas políticas, y que no vacilaron en ocultarla bajo toneladas de tierra cuando se les echó a perder, para ocultar su fechoría. Una burla en toda forma.
Y es que el remedio no está en curar el daño cuando ya está hecho o, como dice el refrán, “en tapar el pozo después de ahogado el niño”. Hay que atacar las causas en su raíz para evitar a tiempo las consecuencias. Y las causas las conoce todo el mundo: falta total de una política de cuidado y conservación de la ecología; cero planificación racional del crecimiento de las poblaciones (lo que lleva a los necesitados a asentarse en áreas de riesgo) y cero atención al problema de la vivienda popular. Está demostrado que los estragos causados por fenómenos naturales pueden reducirse casi a cero si sólo se atienden dos cuestiones fundamentales: áreas adecuadas para los asentamientos humanos y una vivienda segura, hecha con materiales sólidos y resistentes, para todos. Con ello se evita ese monstruoso desperdicio de recursos para mover a ejércitos de inútiles en cada emergencia; basta con que la gente se recluya en sus casas y tome las precauciones mínimas del caso, más una vigilancia y ayuda mínima por parte del Estado.
Pero en México vemos otra cosa muy distinta. Por todos lados brotan leyes persecutorias que criminalizan la lucha popular por la vivienda, leyes que estipulan penas severísimas de cárcel para quien se atreva a promover esa demanda en la forma que sea. Los argumentos para justificar esa saña persecutoria son muchos y de variada índole; pero la verdad es una sola: se trata, de una parte, de impedir que las organizaciones populares se multipliquen y crezcan y, de otra, garantizar a las grandes inmobiliarias el monopolio de las “viviendas de interés social” hechas de pacotilla, a precios prohibitivos para los más pobres. Y las amenazas no son de broma. Ahí está el caso de la valiente luchadora Cristina Rosas Illescas, que estuvo presa durante 3 años en una mazmorra de Querétaro por órdenes del gobernador Garrido Patrón, sólo por atreverse a pelear en serio vivienda para los humildes. Así se cierra la pinza mortal sobre los sin techo: de un lado, los desastres naturales que cada día son más intensos y frecuentes a causa del cambio climático del planeta; y de otro, la persecución encarnizada de las voraces constructoras, a través de sus servidores políticos, contra todo aquél que quiera cambiar sus endebles, estrechos, sucios e incómodos cuchitriles por una vivienda amplia, limpia y segura. Seguiremos, pues, presenciando desastres humanos y oyendo los falsos lamentos de las plañideras de los medios de comunicación, así como las promesas, más falsas aún, de los políticos arribistas que viven de engañar al pueblo mientras se gastan alegremente el dinero de sus impuestos.
Opinión
Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.
Published
hace 3 semanason
May 29, 2026
Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.
La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.
Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.
Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.
No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.
Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.
Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.
Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.
Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.
Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:
«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.
Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.
Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.
Parece un político concentrado en administrar daños.
Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.
La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.
Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.
Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.
Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.
Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.
Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador
Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.
Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.
Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los
estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.
Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.
Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.
Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.
Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un
juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.
Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.
Esa es la verdadera decadencia.
No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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