Opinión

Los ciclones y la vivienda popular Por Aquiles Córdova Morán

Cualquier fenómeno natural con cierta capacidad destructiva saca a relucir una de las injusticias sociales más graves y generalizadas en nuestro país: la falta de vivienda digna y segura. Una simple “tormenta tropical”, poco más intensa que una lluvia normal, basta para provocar las escenas desgarradoras de cientos y miles de personas con sus casas inundadas, semidestruidas, o de plano derrumbadas, muchas veces incluso sobre las cabezas de sus dueños. Provoca ira, ira solidaria con el dolor ajeno, contemplar “en vivo y en directo” por televisión a esas familias que, de la noche a la mañana, lo pierden todo y quedan literalmente en la calle gracias a lo accidentado del terreno donde viven y a los materiales perecederos de sus viviendas. Diré de paso que causa igual indignación la manipulación de muchos medios informativos que se regodean mostrando las miserias más íntimas de esa pobre gente, que hacen un espectáculo mediático de su dolor para consumo de un público morboso y mal educado, que fingen compasión sólo para poder exhibirlos en actitudes degradantes con el pretexto de servir fielmente a la verdad, cuando lo cierto es que sólo se trata de elevar el “rating” del programa o del noticiero en cuestión.

Pero volvamos a nuestro asunto. Decía yo que es ya normal contemplar, después de algún evento natural, una estela de destrucción, de sufrimiento humano que indudablemente subleva. Y que subleva más cuando comprobamos que el total de los afectados son siempre gente muy pobre: obreros, campesinos emigrados a los cinturones de miseria, subempleados de todo tipo, trabajadoras domésticas, mujeres abandonadas o cuyos maridos no ganan ni el salario mínimo, desempleadas, viudas y así por el estilo; cuando constatamos, finalmente, que las colonias más dañadas son precisamente aquellas donde viven los pobres, donde vive el pueblo humilde y trabajador. En síntesis, pues, todo duele más cuando nos damos cuenta de que las víctimas lo son más de la injusticia social que las priva de una vivienda digna y segura que del fenómeno natural en cuestión.

Y como no hay desgracia que venga sola, tras la inundación de aguas negras viene la negra inundación de demagogia de los políticos, la catarata de promesas de ayuda que nunca llega, de reparación de daños cuyos fondos se quedan en manos de los encargados de aplicarlos, de ofrecimientos de reubicación y entrega de vivienda segura que jamás van más allá de la “foto” para engañar a la opinión pública. Junto con esto, va el “gran despliegue de gentes y de recursos de logística”: miles de soldados, de marinos, de policías; ejércitos de funcionarios de las distintas dependencias relacionadas con el caso que acuden en ayuda de los necesitados. Decenas y hasta cientos de millones de pesos se derrochan inútilmente en el traslado, ubicación y alimentación de toda esta gente que, a la postre, poco o nada hace por las víctimas. Quien se tome la molestia de visitar la zona de desastre un año después, por ejemplo, se va a topar con la sorpresa de que todo sigue igual, o casi igual, que a raíz de la tragedia; que los damnificados se quedaron esperando la ayuda; que algunos vivales hicieron su agosto secuestrándola y escondiéndola para financiar sus campañas políticas, y que no vacilaron en ocultarla bajo toneladas de tierra cuando se les echó a perder, para ocultar su fechoría. Una burla en toda forma.

Y es que el remedio no está en curar el daño cuando ya está hecho o, como dice el refrán, “en tapar el pozo después de ahogado el niño”. Hay que atacar las causas en su raíz para evitar a tiempo las consecuencias. Y las causas las conoce todo el mundo: falta total de una política de cuidado y conservación de la ecología; cero planificación racional del crecimiento de las poblaciones (lo que lleva a los necesitados a asentarse en áreas de riesgo) y cero atención al problema de la vivienda popular. Está demostrado que los estragos causados por fenómenos naturales pueden reducirse casi a cero si sólo se atienden dos cuestiones fundamentales: áreas adecuadas para los asentamientos humanos y una vivienda segura, hecha con materiales sólidos y resistentes, para todos. Con ello se evita ese monstruoso desperdicio de recursos para mover a ejércitos de inútiles en cada emergencia; basta con que la gente se recluya en sus casas y tome las precauciones mínimas del caso, más una vigilancia y ayuda mínima por parte del Estado.

Pero en México vemos otra cosa muy distinta. Por todos lados brotan leyes persecutorias que criminalizan la lucha popular por la vivienda, leyes que estipulan penas severísimas de cárcel para quien se atreva a promover esa demanda en la forma que sea. Los argumentos para justificar esa saña persecutoria son muchos y de variada índole; pero la verdad es una sola: se trata, de una parte, de impedir que las organizaciones populares se multipliquen y crezcan y, de otra, garantizar a las grandes inmobiliarias el monopolio de las “viviendas de interés social” hechas de pacotilla, a precios prohibitivos para los más pobres. Y las amenazas no son de broma. Ahí está el caso de la valiente luchadora Cristina Rosas Illescas, que estuvo presa durante 3 años en una mazmorra de Querétaro por órdenes del gobernador Garrido Patrón, sólo por atreverse a pelear en serio vivienda para los humildes. Así se cierra la pinza mortal sobre los sin techo: de un lado, los desastres naturales que cada día son más intensos y frecuentes a causa del cambio climático del planeta; y de otro, la persecución encarnizada de las voraces constructoras, a través de sus servidores políticos, contra todo aquél que quiera cambiar sus endebles, estrechos, sucios e incómodos cuchitriles por una vivienda amplia, limpia y segura. Seguiremos, pues, presenciando desastres humanos y oyendo los falsos lamentos de las plañideras de los medios de comunicación, así como las promesas, más falsas aún, de los políticos arribistas que viven de engañar al pueblo mientras se gastan alegremente el dinero de sus impuestos.

Opinión

Huachicol y otros demonios. Por Caleb Ordoñez T.

México lleva ocho años combatiendo el huachicol y el huachicol lleva ocho años ganándole por goleada. López Obrador inauguró su gobierno cerrando ductos y prometiendo mandar al huachicolero al museo de la corrupción del pasado. Ocho años y una transición después, México registró 2,563 tomas clandestinas solo en el primer trimestre de 2026: una cada 51 minutos. El huachicolero no murió. Evolucionó, se puso corbata y aprendió política.

¿Por qué Huachicol?

“Huachicol” nombró primero al alcohol adulterado, era una bebida que prometía una cosa y entregaba otra, antes de migrar a la gasolina robada y, ya en su versión de cuello blanco, al huachicol fiscal. Somos creativos para ponerles nombres folclóricos a nuestras tragedias.

Caleb Ordoñez Talavera

Y esto dejó de ser folclor hace mucho. En el primer trimestre del año, Hidalgo registró 731 tomas clandestinas; Jalisco, 578; el Estado de México, 189. Cuautepec de Hinojosa, un solo municipio de Hidalgo, acumuló 202 perforaciones en tres meses. Una toma clandestina cada 51 minutos no es el vecino con una manguera a las tres de la mañana. Es una industria con horario de oficina, y una industria necesita nómina: gente para sacar el combustible, pipas para moverlo, bodegas para guardarlo y empresas de papel para lavar las ganancias. Y para sostener el aparato durante años hace falta el insumo más caro de todos: suficientes autoridades dispuestas a no ver, no oír y no preguntar.

Aquí conviene hacer una pausa honesta. El gobierno tiene un argumento real que oponer a esto: los aseguramientos han aumentado, no disminuido, y parte de la razón por la que ahora “vemos” más huachicol es que se está buscando más que antes. Es cierto. El problema es que ese argumento explica el número de decomisos, no el de tomas clandestinas —que también aumentó—, y tampoco explica por qué las redes de corrupción y protección que hacen posible semejante negocio han logrado sobrevivir durante ocho años. Encontrar más droga no prueba que se esté ganando la guerra contra el narco; encontrar más huachicol tampoco prueba que se esté ganando esta.

La escoba de Tabasco

Aquí entra Adán Augusto López. No existe sentencia que lo vincule con el huachicol ni está acreditado que perteneciera a La Barredora. Su problema es otro, y más incómodo: cuando gobernaba Tabasco, puso al frente de la seguridad pública a Hernán Bermúdez Requena, el hombre encargado de cazar exactamente a los delincuentes que terminó, presuntamente, dirigiendo.

Hoy Bermúdez está procesado como presunto jefe de “La Barredora”, organización señalada por extorsión, secuestro y robo de combustible. El hombre puesto a barrer el crimen de Tabasco terminó acusado de encabezar La Barredora llena de corrupción. Adán Augusto ha negado cualquier vínculo y no enfrenta cargos. Pero muchos tabasqueños aseguran que está involucrado.

Lo que no resuelve es la pregunta política: ¿cómo se gobierna un estado sin enterarse de lo que ocurre alrededor del propio jefe de Seguridad? Solo hay dos respuestas, y ambas son un problema. Si lo sabía, es gravísimo. Si no lo sabía, la pregunta es qué estaba gobernando exactamente. Para quien después llegó a secretario de Gobernación y hoy pretende conservar influencia en la definición electoral de 2027, ninguna cabe en un currículum, aunque ambas quepan en la política mexicana.

El huachicol aprendió a usar corbata

Mientras el país perseguía mangueras en el campo, el negocio se mudó a un piso más alto. El huachicol fiscal ni siquiera necesita perforar un ducto: puede bastarle un barco, una importación mal declarada, una empresa fachada y un pedimento aduanal firmado por la persona indicada. Cambió la camioneta por un escritorio y la manguera por un sello.

Las investigaciones han tocado ya a mandos vinculados con la Marina, la institución a la que López Obrador entregó el control de las aduanas para, supuestamente, erradicar la corrupción. Se le dieron las llaves de la puerta trasera a quien debía cuidarla. El pasado 17 de septiembre se conoció en Guanajuato el aseguramiento de 59 millones de litros de presunto combustible ilícito en diez tanques. Con una cifra así, preguntar solo quién manejaba la pipa es casi un acto de inocencia voluntaria. La pregunta es quién permitió construir la carretera —económica, institucional y política— por la que ese combustible circuló durante años.

Adán y la búsqueda incesante de gubernaturas

Tras el escándalo, Adán Augusto dejó la coordinación de Morena en el Senado y anunció que se dedicaría a tareas electorales rumbo a 2027, elección en la que se disputarán 17 gubernaturas para la que Morena ya registró 277 aspirantes. Lejos de desaparecer, sigue moviendo fichas: respalda públicamente a Andrea Chávez en Chihuahua, frente al alcalde de Ciudad Juárez, Cruz Pérez Cuéllar (favorito en encuestas), y participa en la operación territorial del partido en estados donde aún no se resuelven las candidaturas.

Es decir: mientras el país intenta averiguar cómo el crimen organizado penetró policías, gobiernos y negocios de combustible, uno de los políticos más salpicados políticamente por el caso sigue participando en la construcción del próximo mapa de poder. Solo en la política mexicana un escándalo de ese tamaño puede convertirse en escala y no necesariamente en lastre.

Los otros demonios

Nos acostumbramos a las fotografías de bidones y camionetas incendiadas —una imagen casi reconfortante porque colocaba al delincuente lejos del poder—. Pero un negocio capaz de producir miles de tomas clandestinas y sobrevivir durante ocho años no se explica únicamente desde abajo. Necesita perforadores, sí, pero también transportistas, empresarios y funcionarios que decidieron no complicarse la vida. Necesita, sobre todo, silencio comprado al mayoreo.

López Obrador creyó que bastaba con cerrar ductos. Sheinbaum enfrenta algo más incómodo: averiguar hasta dónde llegan las tuberías políticas que heredó y decidir —con nombres y cargos, no con comunicados— cuánto está dispuesta a seguirlas. Decomisar combustible es relativamente sencillo; investigar las redes de funcionarios, empresarios y protectores que permitieron que el negocio sobreviviera mientras el gobierno presumía combatirlo es otra cosa.

Ahí empiezan los otros demonios. Porque seguir una manguera es fácil. Lo verdaderamente peligroso es seguir el dinero y, de ahí, sin desviarse, seguir al poder mismo.

¿Alguien les pondrá un alto?