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Opinión

LOS PENDIENTES DE EPN (3/3) Por Luis Villegas

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hace 13 años

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Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:

En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; además de negociar con los concesionarios la reducción de sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;

En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;

En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;

En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;

En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;

En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vez en su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citado con anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa -garantizar la libre competencia- generó una reducción ¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;

En el 8º, debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1 La reforma al sector pasa, por fuerza, por garantizar la estricta observancia de la Ley, y

En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El 4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitió un Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.

Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4

Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5

Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.

4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.
5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.

Frente a ese panorama desolador, que sitúa a México como un País saqueado y caro, entre las acciones que Enrique Peña Nieto debería emprender o impulsar de inmediato -y que además no le costarán un solo centavo a la Administración a su cargo-, están las siguientes:

  1. En los primeros 2 casos citados en mi escrito previo, tanto la SCT como la COFETEL deben fortalecer su política de fomento a la competitividad e inversión en nuevas tecnologías; ademásde negociar con los concesionarios la reducciónde sus tarifas exorbitantes y desproporcionadas. No olvidemos que la concesión es un régimen administrativo por el cual un particular SUSTITUYE al Gobierno en la prestación de un servicio público;

 

  1. En el tercer caso, se debe presionar y negociar con los (también) concesionarios del servicio de banca, la reducción de sus tarifas excesivas y fuera de orden. El servicio de banca ES responsabilidad del Estado;

 

  1. En el 4º, debe regularse -en el ámbito administrativo, no legislativo- la operación de aeropuertos para hacerlos más eficientes. El servicio de transporte público TAMBIÉN ES responsabilidad del Estado;

  1. En el 5º, debe empezarse un procedimiento de simplificación administrativa, así como un proceso de coordinación con estados y municipios, para impulsar medidas tendentes a apoyar la inversión privada y la generación de empleos;

 

  1. En el 6º supuesto, como en el caso de la banca, transporte, etc., por tratarse de una concesión administrativa, es hora de que se aplique la ley de manera escrupulosa, se llame a cuentas a las voraces compañías mineras y se incremente el importe de las cuotas que pagan por los volúmenes de recursos minerales extraídos;

 

  1. En el 7º caso, de nuevo es obligar a las televisoras, otra vezen su calidad de concesionarias de un servicio público, a poner freno a su monstruosa avidez. El ejemplo citadocon anterioridad, es un ejemplo claro de cómo una medida administrativa –garantizar la libre competencia– generóuna reducción¡del 70%! en las tarifas pagadas por los usuarios;

 

  1. En el 8º,debemos tener en cuenta que un elemento de encarecimiento es la compra de electricidad a empresas extranjeras; de haber invertido directamente CFE en plantas propias, “se obtendría un ahorro anual de 5 mil millones de pesos”; otro elemento muy importante de encarecimiento “son los robos de energía, porque en 2011 significaron […] 28 mil millones de pesos”. […] y en la última década se han perdido “240 mil millones”; además, CFE tuvo pérdidas “al cierre de 2011, por 17 mil 168 millones de pesos” contra solo 809 millones de utilidades.1La reforma al sector pasa, por fuerza,por garantizar la estricta observancia de la Ley, y

 

  1. En el 9º, es obvio que debe empezarse una, otra, reforma administrativa para abatir el costo de la burocracia. ¿No se puede? El4 de diciembre de 2006, el Presidente Felipe Calderón emitióun Decreto para establecer medidas de austeridad y disciplina del gasto de la administración pública federal que establecía que, durante el ejercicio fiscal de 2007, las medidas previstas en el Decreto debían “alcanzar una meta de ahorro de 25,500 millones de pesos” (artículo 7º); que durante dicho ejercicio, los sueldos y salarios netos del Presidente, secretarios y subsecretarios, etc., deberían reducirse un 10% (artículo 8º), que no se otorgarían incrementos salariales (artículo 9º) y que los recursos para servicios personales se deberían reducir en un 2% (artículo 10º). Es hora de repetir la medida y, quizá, dejarla vigente todo el Sexenio por lo que hace a los funcionarios de primer nivel, oficiales mayores, titulares de Unidad y puestos equivalentes, en el sector descentralizado y paraestatal.

 

Es dable recordar en este punto, el ejemplo galo. El recién electo Presidente Hollande prometió reducir el sueldo únicamente para su gobierno y eso hizo; disminuyó su salario y el de sus ministros un 30%.2 En sus primeros 2 meses de gobierno, ha hecho -no dijo ni prometió hacer- HA HECHO, entre otras cosas, lo siguiente: Suprimido el 100% de los vehículos oficiales, envió un documento a todos los organismos estatales en el que señalaba: “Si un ejecutivo que gana 650.000 euros año, no puede permitirse el lujo de comprar un buen coche con sus ingresos del trabajo, quiere decir que es demasiado ambicioso, que es estúpido, o que es deshonesto. La nación no necesita ninguna de estas tres figuras”; fuera los automóviles de lujo, ahorró 345 millones de euros destinados a crear “175 institutos de investigación científica avanzada de alta tecnología, asumiendo la contratación de 2.560 jóvenes científicos desempleados ‘para aumentar la competitividad y la productividad de la nación’”; impulsó un 75% de aumento en la tributación para todas las familias que ganen más de 5 millones de euros al año (casi 83 millones de pesos);3 contrató a 59,870 licenciados desempleados como profesores de educación pública; privó a la Iglesia de subsidios estatales por valor de 2,3 millones de euros y con ese dinero empezó un programa de construcción de 4,500 jardines de niños y 3,700 escuelas primarias; impulsó el llamado “bono-cultura”, por el cual cualquiera pagará cero impuesto si se constituye como cooperativa y abre una librería independiente contratando al menos a dos licenciados que integren la lista de desempleados; abolió todos los subsidios gubernamentales a las revistas, fundaciones y editoriales; impulsó la reducción de un 25% el sueldo de todos los funcionarios del gobierno, el 32% DE TODOS LOS DIPUTADOS y el 40% de todos los funcionarios estatales de alto nivel que ganen más de 800.000 euros al año (poco más un millón de pesos al mes); y con esa cantidad ha establecido un fondo que ofrece garantías de bienestar a las madres solteras en condiciones financieras difíciles.4

 

Ya entrado, igual que su colega francés, Peña Nieto podría, vía iniciativa preferente, proponerle a senadores y diputados -además de que se bajaran el 32% de su sueldo- un aumento del Impuesto sobre la Renta a quienes ganen el equivalente a un millón de euros al año (16 y medio millones de pesos).5

 

Por todo ello digo, y sostengo, que Enrique Peña Nieto lo tiene fácil. Si en los primeros 3 meses de su gestión no emprende alguna de las medidas anteriores, destinadas a fortalecer y beneficiar la Hacienda Pública, frenar la inequidad, gravar más a los que más tienen, disminuir privilegios indebidos de los funcionarios públicos, apoyar a los más desprotegidos, abaratar el costo de vida de las clases media y popular (abaratar tarifas, televisión, etc.), incentivar la iniciativa privada (servicios de banca, simplificación administrativa, etc.) o predicar con el buen ejemplo, me temo que, tristemente, vamos a tener más de lo mismo de los gobiernos priístas de antaño: Administraciones caras, venales, corruptas e ineficientes; cómplices de los poderes fácticos (entre ellos, las televisoras que lo auparon al poder) y que han desangrado a este país por décadas. Dios dirá.

 

Luis Villegas Montes.

[email protected], [email protected]

 

1 Nota suscrita por Israel Rodríguez J., con el título: “Corrupción y producción por la IP encarecen la electricidad”, publicada el 9 de junio de 2012 por el periódico La Jornada. Énfasis añadido.2 Visible en el sitio: http://www.espanol.rfi.fr/node/125608 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

3 Calculados a razón de 16.57 pesos por euro. Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012.

4 Visible en el sitio: http://www.alconsumidor.org/articulos.phtml?id=305 Consultado en fecha 28 de septiembre de 2012. Énfasis añadido.

5 Nota suscrita por David Pasarin-Gegunde Linares, con el título: “Reformas a la francesa”, publicada el 17 de septiembre de 2012 por el periódico El País. Énfasis añadido.

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La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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hace 7 días

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Nov 28, 2025

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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