Resto del mundo
Maduro maniobra con Guyana
El Gobierno de Venezuela convoca un referéndum para anexionarse un amplio territorio del país vecino y puede aprovechar la crisis para aplazar las elecciones
Venezuela ha desempolvado un conflicto territorial con un país vecino que se remonta al siglo XIX y del que muchos no se acordaban. El Gobierno de Nicolás Maduro convocó el pasado fin de semana un referéndum en el que preguntó a los venezolanos si estarían de acuerdo con la anexión del Esequibo, un territorio selvático rico en minerales y petróleo que pertenece a Guyana. Pero detrás de su relevancia estratégica y tamaño, que quintuplica el de Bélgica, hay una maniobra política. El chavismo se volcó en esta votación. El voto a favor, según las autoridades, alcanzó un 95%, con un 50% de participación, aunque no hay una sola fotografía de un colegio electoral que documente una afluencia masiva. Maduro convocó la consulta en octubre, un día después de las primarias de la oposición que ganó por una amplia mayoría María Corina Machado, a quien las autoridades chavistas tienen inhabilitada para participar en procesos electorales. Machado, según las encuestas, sería la favorita en la contienda presidencial prevista para 2024. Pero la celebración de esas elecciones no está todavía asegurada.
En plena escalada de la tensión con Guyana, el chavismo ya ha echado mano del conflicto territorial para agitar el espantajo de la conspiración interna y aprovechó para señalar al equipo cercano de Machado. Si la crisis se agrava, el mandatario venezolano tendría además la facultad de decretar un estado de emergencia y aplazar la votación. Hoy la alerta es máxima. El presidente guyanés, Irfaan Alí, el único jefe de Estado musulmán en América, viajó hace unos días hasta la frontera con uniforme militar e izó una bandera de su país en un cerro. Venezuela movilizó al Ejército cerca de esa zona y Estados Unidos anunció maniobras militares conjuntas con Guyana.
Entre los dos países media ahora la Corte Internacional de Justicia de la ONU, que no ordenó suspender la consulta venezolana, pero que advirtió a Caracas de que no puede hacer nada que “modifique la situación sobre el territorio que administra y controla de facto la Guyana”. Entre las preguntas del referéndum había una que planteaba crear un Estado en el Esequibo y dar la nacionalidad a 125.000 personas que viven allí.
Las instancias para resolver estas disputas son los organismos internacionales de arbitraje, no las consultas populares. Aun así, Maduro no da señales de querer reconocer la jurisdicción del tribunal de la ONU. De hecho, existe una sentencia del Tribunal Supremo venezolano que dicta que el país no acata decisiones de instancias internacionales en su territorio. Pero mientras se dirime el conflicto en los tribunales, el chavismo tiene la excusa perfecta para declarar la “conmoción interna” y aplazar las elecciones por tiempo indefinido. Y esto es una amenaza para una disputa electoral justa y con garantías democráticas.
Resto del mundo
Estudiantes de Cornell expresan frustración por caso de agresión sexual
Los estudiantes de la Universidad de Cornell han manifestado su frustración en una audiencia pública relacionada con un caso de agresión sexual que ocurrió en el campus hace dos años. Aunque normalmente esta época del año es hermosa en Cornell, con sus edificios majestuosos rodeados de hojas de otoño, la atmósfera actual se ha visto empañada por la reactivación de este caso, lo que ha generado enojo y preocupación sobre la cultura de fraternidades en la universidad. Durante una asamblea estudiantil celebrada el jueves, muchos alumnos exigieron cambios drásticos en la institución. Algunos calificaron la falta de justicia como una "vergüenza" y expresaron su descontento con la forma en que la universidad ha manejado la situación. La estudiante de pregrado, Sophia Riley Sim, compartió su desánimo al no haber podido asistir a clases en la última semana debido a la angustia que le provoca el caso. La acusadora, conocida como Jane Doe, presentó una demanda civil contra Cornell el 16 de septiembre, alegando que fue drogada y agredida sexualmente en una casa de fraternidad en 2024. En su demanda, sostiene que la universidad no la protegió ni sancionó adecuadamente a los hombres involucrados, a quienes se les ha denominado los "Siete de Cornell". En respuesta a la creciente presión, Cornell ha accedido a realizar una investigación independiente sobre la acusación de agresión sexual y ha defendido su manejo del caso, afirmando que llevó a cabo una "investigación exhaustiva" que duró varios meses tras el reporte del incidente, cumpliendo con la legislación federal de derechos civiles. Tras la asamblea estudiantil, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, anunció la designación de la fiscal general del estado, Letitia James, como fiscal especial en el caso, tras expresar su desconfianza en el fiscal del condado de Tompkins, quien había liderado la investigación inicialmente. James asumirá el caso de Matthew Van Houten, cuyo despacho había concluido que las pruebas no eran suficientes para presentar cargos, aunque reabrió la investigación criminal la semana pasada tras la nueva demanda civil, un movimiento que recibió el apoyo de Cornell. Además, se ha convocado una protesta titulada "Justicia para Sobrevivientes" para el 5 de octubre, que busca que la universidad tome medidas contra la cultura de agresión sexual. Los organizadores estudiantiles piden la expulsión y revocación de los títulos de los presuntos agresores, la reescritura de las políticas sobre sanciones por agresiones sexuales, una investigación externa de la universidad y capacitación en prevención para la policía del campus.
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