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Malas noticias para el duartismo.- por José Luis Valero Flores

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También para la mayoría de los mexicanos. Los cambios en el gabinete presidencial no los avizoran en ninguna de las políticas públicas; son, sólo, enroques entre los hombres y mujeres más cercanos al presidente.

Podrían catalogárseles en dos sentidos: El primero, que se fortalece el grupo de los allegados más identificados a Peña Nieto -con dos excepciones, quizá, la de José Calzada en Sagarpa, y la de José Antonio Meade en Desarrollo Social- y, dos, que merced a las biografías de varios de los designados, le dan sustento a las versiones que achacan al ex presidente Carlos Salinas de Gortari una inusual injerencia en el actual gobierno.

Destaca, para los chihuahuenses, la llegada del ex gobernador José Reyes Baeza a la Dirección del ISSSTE. Trae no pocas lecturas tal hecho.

El escribiente no recuerda que el secretario particular de presidente alguno llegase, en el mismo sexenio, a una secretaría de Estado. El protagonismo de Aurelio Nuño lo ha llevado a la de Educación Pública, luego de ser mencionado como posible dirigente del PRI.

Asombra su encumbramiento y devela, sin lugar a dudas, que Peña Nieto lo considera apto para la sucesión. A su vez, designó a un hombre de sus confianzas, Francisco Guzmán, para sustituir a Nuño. Trabaja con él desde los tiempos que fue líder del Congreso local.

En tanto, Rosario Robles (invitada a la mesa de honor en la boda del hijo de Salinas de Gortari) se fue a la Sedatu. Inquieta su cercanía con el ex presidente.

En igual circunstancia se encuentran Enrique de la Madrid, hijo del ex presidente Miguel de la Madrid, quien consideraba casi como su hijo a Salinas. Ahora será el secretario de Turismo.

No es todo, la sobrina del ex presidente, Claudia Ruiz Massieu Salinas se encargará de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Sin ninguna experiencia, confirma de esa manera que los políticos mexicanos son buenos para todo; en el lugar que los pongan desplegarán sus muy variadas capacidades.

A su vez, Rafael Pacchiano, ex diputado federal suplente del PVEM, nuevo secretario del Medio Ambiente, no escapa a la generalidad del gabinete. Está casado con la principal asesora del presidente, Alejandra Lagunes, ex funcionaria de Televisa, de los tiempos en que Peña Nieto era impulsado por la empresa televisiva. Lagunes se encargó de las cuentas en las redes sociales del hoy presidente.

Finalmente, Renato Sales, también mexiquense, será el nuevo titular de la Comisión Nacional de Seguridad. No hay novedad, es un ex funcionario de la Procuraduría del EdoMex.

¿Y el nombramiento de Reyes Baeza, qué?

Va como de cuento: El 6 de diciembre de 2012 la cena ofrecida por el Gobierno del Estado a los medios de comunicación de la capital casi fue sombría. El semblante del gobernador Duarte no era el de la cotidianidad de entonces, no apareció la sonrisa fácil que en ocasiones llega a la carcajada, tampoco los comentarios festivos que frecuentemente les hace a sus interlocutores.

Más aún, a todos los presentes (bueno, quizá no a todos, probablemente a sus más allegados en el gobierno no) les extrañaron dos cosas del discurso que tradicionalmente lanza a los comunicadores: La brevedad de la alocución y el que sólo en una ocasión mencionara al presidente Peña. Extrañísimo.

Apenas unas horas atrás, Peña Nieto había anunciado que el ex gobernador Reyes Baeza se incorporaba a la administración federal como director del Fovissste. Se convertía, así, en el chihuahuense con el cargo más elevado en el Gobierno federal, luego de que, durante semanas, el mandatario local había dado a entender que podría ocupar un lugar en el gabinete presidencial.

Así transcurrieron los días y los meses, con altibajos, pero sin que el tema desapareciera de las líneas de las columnas políticas más ligadas al mundo oficial.

En tanto la deuda crecía, aprobada la mayor parte de ella por los diputados del PAN. Hasta que, al tema de la seguridad pública que tanto le había criticado Duarte a Reyes Baeza (para eso fue la frase de que “el poder es para poder, no para no poder”, de la toma de posesión), le agregó el de la deuda del gobierno de Chihuahua y acusó a su antecesor de ser el principal responsable de ella.

La confrontación con el director del Fovissste ocupó la atención de la clase política en el 2014 y lo que había sido un soterrado distanciamiento durante el gobierno municipal de Marco Adán Quezada (2010-2013), se convirtió en un abierto enfrentamiento con el grupo de los Baeza, con el tema de la deuda y luego con el del AeroShow, cuyo momento más álgido fue el intento de inhabilitar a Quezada semanas atrás, lo que enfrentó al priismo y posibilitó que se tuvieran evidencias de cuánta responsabilidad, los chihuahuenses -sobre todo los de la capital-, le achacaban al ex alcalde.

Atrás había quedado el desayuno en casa del ex gobernador, con la presencia del gobernante, en aras de la unidad partidista, de frente a las elecciones de junio pasado.

Podían realizarse muchas lecturas, una de ellas no puede dejarse de lado: ¿Cómo explicarse que el gobernador de una entidad se confronte con el priista local que ocupa el cargo más elevado del equipo presidencial, cuyo nombramiento realiza el presidente y que, además, sea el liderazgo más visible de uno de los dos equipos priistas más poderosos de la entidad (el otro sería el encabezado por el exalcalde juarense, Héctor Murguía) y que, por añadidura, a él pertenezca Quezada?

Y vino el episodio de la presidencia del PRI nacional. Duarte dejó correr la especie cuando declaró que a él “no le tocaba anunciarlo”, lo que abría la posibilidad de que algo sabía y que sí se podía concretar, en lugar de deslindarse y agradecer que se le mencionara.

En la práctica se enfrentó a Manlio Fabio Beltrones, más allá de las relaciones de amistad que puedan tener, ya que el sonorense destapó sus pretensiones antes de las filtraciones en favor de Duarte.

Pueden existir infinidad de frases elogiosas, gestos amistosos, finalmente los hechos -sobre todo en política- son los elementos verdaderos para definir querencias; hoy por hoy, Reyes Baeza es uno de los 35-40 políticos de mayor confianza de Peña Nieto y sus opiniones, no sólo acerca del Issste, serán escuchadas con mayor atención que la del resto de los mexicanos, incluidos los gobernadores.

Es muy probable que al momento de tomar determinaciones sobre las candidaturas, la del ex gobernador sea una de las influyentes.

Por varias razones, la primera, que goza de las confianzas de Peña Nieto y de Osorio Chong, con quienes coincidió en la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago); y la segunda, que es el segundo chihuahuense de mayor confianza del grupo Atlacomulco. El otro es el embajador de México en Costa Rica, Fernando Baeza.

Ante este panorama, se antoja casi suicida -para el PRI local- que al día siguiente de la designación de Baeza, la Auditoría Superior del Estado (ASE) presentara la demanda contra el ex alcalde Quezada -y sólo contra él- en el Congreso del Estado, más allá de si está apegada a la legalidad, lo que, de entrada, hace suponer que hay un manoseo político.

Merece esa calificación porque a lo largo del sexenio el gobernador Duarte ha ejercido el poder de manera aplastante.

Por ello, no podría creerse que la decisión de demandar a Quezada se hiciese sin su conocimiento y, peor aún, sin su consentimiento. Podría tomarse como su respuesta al nombramiento de Reyes Baeza, lo que puede llevar al PRI a serios problemas.

Argüirán los oficiosos que era un asunto que debería hacerse, que así lo marca la ley, etc., pero toda esa argumentación cae por su propio peso: Hace meses que debería haberse terminado; las auditorías sobre las gestiones administrativas del año 2013 debieron concluirse meses, muchos meses atrás y el que la auditoría sobre poco menos de 20 millones de pesos -la del AeroShow- haya tardado en realizarse casi dos años concita la sospecha acerca del manejo inescrupuloso de una tragedia que conmovió a los chihuahuenses y cuyas víctimas aun deben esperar la aplicación de la justicia.

De acuerdo con el dictamen emitido en 2014 por la Auditoría, existen 10 observaciones sin solventar, entre las que destacan: la omisión en servicio de vigilancia especial, el no cumplimiento de las condiciones en Protección Civil, falta de plan de contingencia y la ausencia de documentación que valide el permiso para el desarrollo del espectáculo.

Además, por dos transferencias, una por 2 millones de pesos y otra por un millón 800 mil pesos, antes de que se firmaran los convenios, pero que finalmente se acreditó que fueron gastados en los espectáculos del Aero Show. Es decir, una falta administrativa que no implica un uso ilegal del dinero, ni que se destinara a fines distintos a los del evento.

¿Qué ganan esas víctimas si Quezada es sancionado administrativamente -que puede llegar hasta la inhabilitación para ocupar cargos públicos-?

¿Qué ganan con ello, si las indemnizaciones que les corresponden, de acuerdo con la ley, aún no les son entregadas?

La próxima semana será determinante.

Los señalamientos del ex alcalde Quezada van a la cabeza.

Declaró que espera que sea la ley y la justicia “la que determine el nivel de responsabilidad de cualquier persona que participó en este evento… pues entiendo que en ese acto participó la autoridad estatal y la municipal, y esas denuncias tendrán que aclarar ese nivel de participación: la del alcalde, la de los funcionarios municipales, de los cuerpos de Protección Civil estatal y municipal, y del propio gobernador, quien fue el orador principal el día del evento… ”. (Nota de César Ibarra, El Heraldo de Chihuahua, 29/VIII/15).

Así, prácticamente solos, los priistas están construyendo un panorama adverso para ellos en la contienda del próximo año, la principal oposición, la del PAN, se mantiene a la expectativa, como esperando tranquilamente la recepción del voto de rechazo al gobierno de Duarte, apostando a esa carta que, sostienen, es suficiente para ganar en 2016.

En su contra tienen un factor, inesperado totalmente: El gobernador Duarte está fortaleciendo a la figura más opuesta al duartismo, pero en su propio partido, a Marco Adán Quezada.

Lo dicho, tienen serios problemas.

 

Opinión

La corona que derribó al fiscal. Por Caleb Ordóñez T.

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Alejandro Gertz Manero no se fue por un solo escándalo. Su salida de la Fiscalía General es el cierre natural —y casi inevitable— de una historia acumulada durante décadas: un expediente no judicial, sino político, construido a fuerza de polémicas, enojos y decisiones que siempre parecían estar un milímetro antes (o después) del momento correcto. Una vida pública larga, tensa y llena de episodios que México nunca logró procesar del todo y que terminaron de golpe cuando la luz inesperada lo alumbró demasiado.

Para entender su renuncia, hay que regresar al principio. A 2001. A Puente Grande. A Joaquín “El Chapo” Guzmán desapareciendo como si el penal fuera un teatro mal montado. A un gabinete recién estrenado y a un secretario de Seguridad Pública —Gertz— que quedó tocado desde ese instante, aun cuando defendió hasta el cansancio que los penales no estaban bajo su control directo. Tenía razón en la letra, pero la política no se escribe con artículos constitucionales; se escribe con percepciones. Y la percepción quedó marcada: primera fuga, primer señalamiento.

Luego vendría “el caso familiar”, quizá el capítulo más corrosivo de su trayectoria. La denuncia por homicidio en contra de su excuñada Laura Morán y de su sobrina política, Alejandra Cuevas, terminó por convertirse en un espejo que devolvía una imagen poco favorecedora del fiscal. La figura jurídica de “garante accesoria”, que nadie encontraba en ningún código, la prisión de Cuevas, la reapertura del expediente cuando él ya era fiscal, y después los audios filtrados donde se quejaba del proyecto de sentencia de la Suprema Cort Ese episodio enterró la narrativa de imparcialidad y lo colocó en el centro del debate sobre el uso personal de la justicia. No su mejor capítulo.

Y sin embargo, tampoco ahí cayó.

Su paso por la FGR tuvo escenas memorables —algunas para bien, otras para museo del absurdo. Anunció con firmeza una cruzada contra la impunidad heredada: Odebrecht, Estafa Maestra, Pemex, la élite política del sexenio pasado. Era un fiscal que llegaba con autoridad intelectual: décadas de docencia, formación sólida en derecho penal, experiencia en seguridad y una convicción genuina de que el Ministerio Público tenía que recuperar su dignidad institucional. Ese punto —el positivo— hay que concedérselo: Gertz siempre habló de la Fiscalía como una institución que debía fortalecerse y, al menos en discurso, entendía la necesidad de autonomía y rigor técnico.

Pero entre lo que se quiere y lo que se logra suele haber un océano.

El caso Lozoya terminó convertido en una tragicomedia: el testigo estrella que prometía derribar a medio gabinete peñista terminó fotografiado en un restaurante, con un guion de colaboración que se desmoronó y un expediente repleto de promesas incumplidas. El famoso cheque de 2,000 millones de pesos, presentado en Palacio Nacional como “reparación del daño”, resultó más simbólico que real. Y mientras tanto, Rosario Robles vivió en prisión preventiva prolongada, exhibiendo el rostro más duro de la Fiscalía, mientras Lozoya parecía disfrutarse el fuero moral de la cooperación.

Su sello más polémico fue la justicia diferenciada. La exoneración exprés del general Salvador Cienfuegos tensó la relación con Estados Unidos; el intento de procesar a 31 científicos del Conacyt por delincuencia organizada levantó incluso carcajadas en los tribunales; los expedientes contra gobernadores y candidatos en temporada electoral alimentaron la narrativa de que la FGR olía más a estrategia que a proceso penal.

Y después llegó la guerra interna. El pleito con Julio Scherer, la batalla por el control de ciertos expedientes, las acusaciones cruzadas de extorsiones, venganzas y “operaciones sucias” mostraron una Fiscalía atrapada en el mismo laberinto político que juró superar.

Con todo, había una cualidad que incluso sus críticos reconocen: Gertz era persistente. Y conocía el aparato penal como pocos. Tenía método, obsesión por el detalle y una idea fija de orden institucional. No siempre funcionó, no siempre fue justa ni eficiente, pero era innegable que se trataba de un hombre que llevaba décadas pensando —de verdad pensando— en el sistema penal mexicano.

¿Entonces por qué renunció?

Porque la política no solo se derrumba por grandes actos de corrupción o colapsos institucionales. A veces cae por la presión inesperada del lugar menos imaginado. En este caso, una corona.

Todo estalló cuando México celebraba con júbilo el triunfo de Fátima Bosch como Miss Universo. Una mexicana ganando el certamen después de tantos años era un regalo para la narrativa nacional: orgullo, identidad, representación, el país hablando de algo luminoso por primera vez en semanas. Pero justo ahí, en plena celebración, comenzaron a circular los expedientes —sellados y empolvados en la FGR— relacionados con Raúl Rocha, presidente de la franquicia Miss Universo y vinculado en investigaciones mediáticas con presuntos contratos irregulares con Pemex.

La pregunta no era si existía una investigación. La pregunta era: ¿por qué se filtró justo ahora?

La respuesta implícita fue unánime: porque la FGR había perdido control interno. Porque intereses cruzados querían lastimar a la 4T. Porque la filtración no solo embarraba a un empresario, sino también a Bosch, la nueva joya mediática del país. Porque el triunfo, tan necesario en una nación saturada de malas noticias, se convirtió en combustible político en cuestión de horas. Porque México estaba celebrando una coronación, y alguien sacó un expediente que olía a guerra interna.

Eso, en Palacio Nacional, fue dinamita.

No se podía permitir que una victoria global, limpia y emocional, se convirtiera en pleito burocrático. Mucho menos cuando la Presidencia buscaba proyectar una nueva etapa institucional y evitar conflictos con la industria cultural y de entretenimiento que ya estaba devolviendo atención internacional al país. Gertz había sobrevivido a todo: a expedientes fallidos, a presiones, a audios filtrados, a críticas internacionales. Pero tocar un símbolo recién coronado fue otra cosa. Transformó un problema jurídico en un problema político. Y en México, los problemas políticos se resuelven de una sola forma: pidiendo renuncias.

El 27 de noviembre de 2025, presentó la suya.

Salió con un extraño nombramiento diplomático y un comunicado sin dramatismos, pero cargado de silencios. Fue la despedida de un fiscal que quiso ser reformador, que terminó siendo símbolo de poder concentrado y que cayó no por un caso penal, sino por una coronación que puso demasiados reflectores sobre sus polémicas.

Y así, la corona de Fátima Bosch terminó abollando algo más que el ego de los críticos: terminó abollando, también, el trono del fiscal más poderoso del México reciente.

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