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Manifestantes se enfrentan a la Policía frente al parlamento de Atenas

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Manifestantes antiausteridad arrojaron bombas molotov contra la policía, que respondió con gases lacrimógenos, el miércoles por la noche en la plaza Syntagma de Atenas, a pocos metros del Parlamento donde se debate el acuerdo con los acreedores de Grecia.

Tras una manifestación de unas 12,000 personas opuestas al acuerdo, varias docenas de jóvenes con cascos y enmascarados se enfrentaron con la policía arrojando proyectiles y cocteles molotov, a lo que las fuerzas del orden respondieron con gases lacrimógenos, constaron periodistas de la AFP.

“No a las privatizaciones, salvemos a los puertos, la DEI (compañía nacional de electricidad), los hospitales”, pedían los manifestantes en una banderola. El sindicato de empleados públicos exigía en una pancarta que se “borre la deuda”.

Los manifestantes provocaron daños en cajeros automáticos y escaparates e incendiaron dos vehículos, uno en Syntagma y otro, una unidad móvil de televisión, aparcado frente a los jardines nacionales, situados junto a la plaza.

Debido a los enfrentamientos fueron cortadas todas las calles adyacentes a la plaza del Parlamento.

La policía señaló que, durante la tarde, se produjo la detención de cuatro personas en la plaza Kumunduru, donde se encuentra la sede del partido gobernante Syriza, porque pretendían colgar unas pancartas en el edificio de la formación.

También hubo hoy una manifestación de PAME, el sindicato ligado al partido comunista griego KKE, que congregó a cerca de 10,000 personas, de acuerdo con la policía, en la plaza de Omonia, muy cerca de Syntagma, y que se desarrolló sin incidentes.

El gobierno de Alexis Tsipras, que espera obtener en unas semanas un tercer plan de ayuda de al menos 80,000 millones de euros, presentó el martes por la noche el proyecto de ley que debería ser votado, según los términos del acuerdo firmado el lunes por la mañana en Bruselas.

La Tribuna, de Honduras.

Nota Principal

Trump anuncia nuevos aranceles del 10% tras fallo de la Corte Suprema que anuló sus gravámenes globales

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que firmará una orden ejecutiva para imponer un arancel global del 10% durante 150 días, luego de que la Corte Suprema anulara los gravámenes generalizados que su administración había implementado desde su regreso a la presidencia.
La medida se ampara en la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974, que faculta al mandatario a imponer restricciones temporales de importación de hasta el 15% ante situaciones de «problemas graves y significativos» de balanza de pagos, sin requerir investigaciones adicionales. Trump precisó que estos nuevos aranceles se sumarán a los ya vigentes.
El anuncio llegó horas después de que el máximo tribunal del país determinara, por seis votos contra tres, que la administración sobrepasó sus atribuciones al aplicar aranceles globales bajo la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) de 1977. El fallo establece que la Constitución reserva ese tipo de potestad al Congreso, no al Ejecutivo.
Trump calificó la sentencia de «profundamente decepcionante» y señaló sentirse «absolutamente avergonzado» por la decisión de los magistrados que votaron en su contra. Sugirió que el tribunal fue influenciado por «intereses extranjeros» y agradeció explícitamente a los jueces Samuel Alito, Clarence Thomas y Brett Kavanaugh, quienes votaron en disenso.
Entre las medidas afectadas por el fallo se encuentran la tarifa base del 10% a las importaciones, los gravámenes recíprocos contra socios comerciales, los aranceles adicionales del 25% a México y Canadá vinculados al control del tráfico de drogas, la eliminación de la exención para envíos de bajo valor con impacto en comercio electrónico, y aumentos de hasta el 50% sobre productos de Brasil e India. Según Trump, el dictamen podría obligar al gobierno a reembolsar hasta 240,000 millones de dólares recaudados mediante los gravámenes anulados.
El mandatario informó además que su gobierno ha iniciado investigaciones sobre prácticas comerciales desleales bajo el Artículo 301, aunque este tipo de procesos suele requerir varios meses para concluirse. Trump reiteró que su administración continuará explorando todas las herramientas legales disponibles para proteger la economía estadounidense.

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