Este martes continúan en Colombia las protestas que comenzaron hace una semana en respuesta a la reforma tributaria propuesta por el presidente Iván Duque.
Los disturbios y enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes se produjeron en varias ciudades, como Bogotá, Medellín y Girón.
Luis Ernesto Gómez, secretario del Gobierno capitalino, denunció en su cuenta de Twitter que unos policías fueron «atacados brutalmente por vándalos». Además, la Secretaría de Gobierno informó que al menos 16 agentes del Comando de Atención Inmediata de la capital fueron atacados por activistas a lo largo del día.
Por su parte, los usuarios de las redes sociales denunciaron disparos a civiles por parte de las fuerzas del orden. En videos grabados en Bogotá y Medellín se ven agentes con armas de fuego y manifestantes aparentemente heridos de bala. Asimismo, se oyen numerosos disparos.
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Además, los manifestantes bloquearon carreteras en diferentes puntos del país, impidiendo el paso del transporte.
Mientras, en la ciudad de Bucaramanga (Santander) un grupo de manifestantes saqueó un establecimiento comercial y se robó bicicletas.
Aunque las protestas ya han resultado en el retiro de la polémica reforma y la renuncia del ministro de Hacienda y Crédito Público, Alberto Carrasquilla, los manifestantes continúan planteando más exigencias. Así, la Confederación General del Trabajo de Colombia (CGT) invitó a todos al paro nacional este 5 de mayo, reclamando, entre otras cosas, la implantación de la renta básica y matrícula gratuita.
Este lunes, la Defensoría del Pueblo de Colombia solicitó investigar las 19 muertes registradas por el organismo en el marco de la represión policial contra manifestantes durante las protestas. Informó en un comunicado que hubo fallecidos en el Valle del Cauca, Bogotá, Neiva, Cali, Soacha, Yumbo, Ibagué, Madrid (Cundinamarca), Medellín y Pereira.
Cofece multa a Walmart por prácticas monopólicas: la batalla legal apenas comienza
La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) asestó un golpe histórico al multar a Walmart de México con 93.4 millones de pesos tras concluir una investigación que se extendió por más de cuatro años. La razón: prácticas monopólicas relativas, particularmente en el trato con sus distribuidores.
Según el dictamen de la Cofece, Walmart aprovechó su posición dominante en el mercado para imponer condiciones desfavorables a los proveedores, afectando la competencia en el sector. Aunque no se han revelado todos los detalles de las “contribuciones” impuestas a los distribuidores, el veredicto destaca cómo estas prácticas distorsionan el acceso al mercado y perjudican a competidores más pequeños.
En respuesta, Walmart no tardó en reaccionar. La empresa anunció que impugnará la decisión y enfatizó su compromiso con el cumplimiento de las leyes mexicanas. En su comunicación oficial, destacó que la sanción carece de fundamento y que está basada en interpretaciones erróneas. Este movimiento era predecible: para una empresa de este tamaño, 93 millones de pesos no solo representan una cifra considerable, sino también una amenaza a su reputación.
Por otro lado, la Cofece también se juega mucho. Este caso es una muestra clara de su intención de reforzar la vigilancia sobre los gigantes corporativos. Sin embargo, una batalla legal prolongada podría poner a prueba su capacidad de defender sus resoluciones en tribunales.
Más allá de la multa, el caso de Walmart pone el reflector sobre una problemática común en el comercio minorista: el desbalance de poder entre grandes cadenas y pequeños distribuidores. Si bien el desenlace de este litigio aún está por definirse, el mensaje es claro: los días de actuar sin consecuencias podrían estar contados. La industria y los consumidores estarán atentos a cada movimiento en esta batalla judicial.