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Margarita Zavala apoya la Ley 3 de 3, pero esconde su riqueza

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Conforme a sus declaraciones patrimoniales, la riqueza de Calderón y Zavala se cuadruplicó en el sexenio: De 7.4 millones de pesos, en 2006, pasó a 17.8 millones de pesos en 2012.

Margarita Zavala afirma respaldar el Sistema Nacional Anticorrupción y la iniciativa Tres de Tres, pero como aspirante presidencial se niega a hacer públicas sus declaraciones patrimonial, fiscal y de intereses.

Desde que organizaciones civiles promovieron la iniciativa Tres de Tres, en febrero, la esposa de Felipe Calderón anunció en su colaboración de El Universal, el 8 de febrero, que ella ya la había firmado y llamó a imitarla.

“Esta es una gran oportunidad para comenzar a sacar a México de esta larga noche de corrupción y cinismo”, escribió la esposa del antecesor de Enrique Peña Nieto, pero no ha sido congruente con su proclama de transparencia.

Pese a que es confesa aspirante a la candidatura presidencial del Partido Acción Nacional (PAN) o por la vía “independiente” si es derrotada en su partido, Zavala Gómez del Campo se ha resistido a presentar su Tres de Tres, como ya lo hizo Ricardo Anaya, su correligionario y también prospecto presidencial.

Zavala nunca ha presentado públicamente su relación de bienes ni antes ni después de su último cargo público (diputada federal de 2003 a 2006) y su marido, Felipe Calderón, dejó de hacerla pública en 2013, tras entregar la Presidencia de la República a Peña.

Desde diciembre de 2012, Calderón y Margarita viven de la pensión mensual vitalicia del primero, que asciende a 205 mil pesos mensuales; ocupan un número indefinido de militares del Estado Mayor Presidencial (EMP), vehículos terrestres y aéreos, así como servicios médicos  de manera gratuita.

Conforme a sus declaraciones patrimoniales, la riqueza de Calderón y Zavala se cuadruplicó en el sexenio: De 7.4 millones de pesos, en 2006, pasó a 17.8 millones de pesos en 2012.

México

Tiene 9 años y desde que nació nunca ha salido del hospital

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Por culpa de la burocracia, Camila Huerta, de nueve años de edad, desde que nació, nunca ha salido del Hospital del ISSSTE Primero de Octubre, en la Ciudad de México, por lo que no conoce una escuela, un parque ni su propia casa, como si se tratara de una película.

Previo a nacer, sufrió falta de oxígeno que le provocó daño cerebral, hidrocefalia y retraso psicomotor global. Ante la gravedad de su estado, sus padres iniciaron una larga batalla legal interponiendo múltiples amparos para evitar que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) la diera de alta en sus primeros años, argumentando que requería cuidados especializados que ellos no podían costear o replicar en casa.

Posteriormente, sus padres, perdieron la batalla legal y pagan actualmente al ISSSTE más de 11 mil pesos para su manutención, luego de que así lo ordenó un juez.

Actualmente, la niña ya puede regresar a su hogar y sus dos padres cuentan con trabajo y la capacidad para mantener a la menor,  a quien acuden a cuidar diariamente  desde el día que nació, pero el extravío de su expediente médico y la falta de orden de un juez, desde finales del 2025, impide que se vaya con su familia que acusa ineficiencia por parte del sistema judicial.

Sus padres también acusan que no hay ninguna ley o reglamento que sea sensible ante este caso.

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