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Opinión

Mariana Rodríguez, la estratega. Por Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

Caleb Ordóñez T.

“¿Qué onda, chabacanos?”, se dirige a sus más de 1.4 millones de seguidores en Instagram. Con una enorme sonrisa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú muestra su vida, llena de comodidad y lujos. Da consejos de cómo vestir, maquillarse, sonreír a las cámaras, donde recibir un masaje, entre otras recomendaciones.

En un mundo donde los blogueros, tiktokeros e influencers, día a día se convierten en personajes sumamente famosos, la regia ha sobresalido por un sinfín de memes. Aunque ha recibido fuertes críticas, pareciera que le gusta vivir dentro de la polémica y en el ojo del huracán.

Rodríguez es conocida por su manera abierta de expresar las cosas y la forma de vender marcas y productos en sus redes sociales. Pero la licenciada en psicología por el ITESM, quizá nunca imaginó lo que sucedería cuando empezó su relación con un político llamado Samuel García, que en tierras nuevoleonesas ya tenía un altísimo reconocimiento que lo llevó a ocupar un lugar en el Senado de la República, a una corta edad.

De pronto, esa dupla se convirtió en la pareja más conocida del Estado y las controversias comenzaron a surgir. Una boda en plena pandemia. La triste pérdida de su bebé. La famosa discusión sobre “estás enseñando mucho la pierna” cuando a Samuel se le acusó de misógino.

Pero también aquel video que se viralizó, cuando Samuel le explica algunos detalles de su agenda, mientras ella lo ignora y prefiere hablar de sus tenis “fosfo, fosfo”.

Al rescate

Mucho se ha opinado sobre los errores de Samuel García que le ocasionaron un desplome en las encuestas rumbo al gobierno de Nuevo León. Entre divisiones internas en su partido, negociaciones políticas fallidas, declaraciones fallidas, videos viralizados, memes y parodias, García estuvo navegando en las fuertes olas de la polémica y la crítica; el barco parecía irse hundiendo cada vez más.

Había que hacer algo para levantar en las gráficas de los sondeos. El ataque frontal a los candidatos no funcionó, la estrategia de la frase “Sacar la vieja política” simplemente no pegó, el nombre y el rostro del candidato naturalmente, se encontraban desgastados luego de tanta exposición y la decadencia en los números era constante.

La solución no estaba en García, ni en Movimiento Ciudadano. Quizá algunos habían menospreciado la capacidad del personaje que representa Mariana Rodríguez, pero desde que entró a hacer campaña “de tierra” con su esposo, la historia ha sido muy distinta.

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Opinión

Legalizar el espionaje: La nueva tentación de MORENA

Lic. Jacques A. Jacquez

La reforma a la Ley del Sistema de Inteligencia —es decir, la llamada “ley espía”—, junto con la reciente propuesta del gobierno federal para crear una curva biométrica, no pueden entenderse como hechos aislados. ¿Casualidad? Por supuesto que no. Se trata de una estrategia cuidadosamente diseñada como parte de una política pública orientada a recolectar datos sensibles de la población.

¿Y por qué podemos suponer que estos datos podrían utilizarse de forma indebida? Porque ya ha ocurrido. Porque ha sido una práctica constante de este gobierno emplear información personal para exhibir, ridiculizar o amedrentar a quienes disienten. Desde la conferencia mañanera, hemos visto al expresidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, mostrar estados de cuenta bancarios, declaraciones fiscales y otros datos sensibles de personas que él mismo ha etiquetado como adversarios o enemigos políticos.

Los casos de espionaje y uso indebido de información personal por parte de gobiernos emanados de Morena son cada vez más evidentes. En la Ciudad de México, la Fiscalía encabezada por Ernestina Godoy solicitó, sin orden judicial, registros telefónicos de políticos de oposición como Santiago Taboada y Lilly Téllez, en lo que diversos medios calificaron como espionaje ilegal. En Campeche, la gobernadora Layda Sansores difundió audios editados de figuras políticas en su programa oficial, sin esclarecer el origen de esas grabaciones. A nivel federal, el propio presidente López Obrador ha revelado públicamente datos fiscales y bancarios de adversarios políticos como Xóchitl Gálvez, violando su derecho a la privacidad. Además, investigaciones de organizaciones como Citizen Lab y Amnistía Internacional han documentado el uso del software Pegasus por parte del Ejército mexicano durante este sexenio para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos. Todos estos hechos reflejan un patrón preocupante: el uso del aparato del Estado para vigilar, intimidar y exhibir a quienes piensan distinto.

Esas personas, que deberían estar protegidas por el Estado, hoy son objetivos institucionalizados. Se han convertido en blancos prioritarios en un intento por silenciar voces críticas e inhibir el disenso. Lo que antes era una práctica excepcional —el espionaje selectivo, el uso encubierto de información— hoy amenaza con convertirse en norma. Se pretende legalizar la posibilidad de que el Estado mexicano espíe a sus ciudadanos.

Y eso es lo verdaderamente grave: ya no se trata de prácticas oscuras que debían ocultarse, sino de disposiciones que se buscan justificar con argumentos de seguridad o eficiencia gubernamental, mientras se normaliza la violación a la privacidad. Se institucionaliza el espionaje como si fuera parte natural de la vida democrática.

Es cierto: ningún país está exento del uso de la inteligencia estatal. No ocurre solo en México; es una realidad global. Pero aquí estamos yendo más lejos: estamos permitiendo que se convierta en ley. Le estamos abriendo la puerta a la vigilancia permanente, a la intervención de nuestras comunicaciones, a la recopilación masiva de datos biométricos. Y todo esto, sin las garantías adecuadas, sin controles, sin transparencia.

Nos enfrentamos a un punto de quiebre. No es un tema técnico ni menor. Es una clara violación a los derechos humanos. Y lo más peligroso: lo estamos normalizando.

Frente a ello, es nuestra responsabilidad seguir alzando la voz. No es lo correcto. No es lo legal. Y, sobre todo, no es lo que un Estado democrático debe permitir.

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