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México

Más de 12 millones de mujeres rurales sufren discriminación y pobreza

 

La Confederación Nacional Campesina denunció hoy que más de 12 millones de mujeres que viven en el área rural del país son las más golpeadas, junto con sus hijos, por la carestía y la crisis económica alimentaria, lo que repercute en una mayor discriminación hacia ellas.

 En el marco del Día Internacional de la Mujer que se conmemora el próximo 8 de marzo, Gerardo Sánchez García, presidente de la CNC, dijo que la central seguirá en su lucha por todo el país para revindicar los derechos de las mujeres rurales, que en su mayoría se enfrentan a la pobreza y al desempleo.  

 El dirigente reconoció el trabajo de la mujer rural en sus hogares y en las tareas productivas del agro, sobre todo por el hecho de que los insumos del campo se han elevado en más de un 50 por ciento en los últimos meses y que, al mismo tiempo, en algunos lugares del país el kilo de tortilla se venda ya hasta en 16 pesos, lo que refleja una carestía sin freno que se repite con la carne, derivados de la leche y en las oleaginosas.

 Gerardo Sánchez García calificó de injusto que más de 900 mil madres campesinas se vean obligadas a fungir como jefas de familia, debido principalmente a que los padres dejan a sus mujeres e hijos en la orfandad, ya que emigran en busca de oportunidades de trabajo a las ciudades o a Estados Unidos.

 Esto, afirmó, agrava las condiciones económicas familiares y se refleja en detrimento de la alimentación, salud, educación, vivienda, producción agrícola y relaciones laborales de las familias campesinas.

 Basado en datos oficiales, el líder de la CNC mencionó que el 37.7 por ciento de las mujeres con hasta 24 años padecen pobreza  alimentaria en el medio rural; de 25 a 44 años, el porcentaje es de 34.8 por ciento; de 45 a 64 años es de 31.1 por ciento y de 65 en adelante 32.2 por ciento.

 Al reconocer la aportación de las campesinas en la economía familiar, aseguró que su lealtad y compromiso con su grupo se refleja en el hecho de que en los últimos 20 años, la población económicamente activa femenina creció en 261 por ciento, mientras que la masculina se elevó en sólo 104 por ciento.

 Sin embargo, aclaró, que su incorporación al mercado laboral no ha generado para ellas una mejoría en sus condiciones de vida, ya que sus ingresos son sólo para sobrevivir.

 Por ejemplo, reprobó que más de un millón de campesinas que se emplean en las maquiladoras sufran constantes violaciones a sus derechos humanos, además de que sólo una cuarta parte de las 300 mil unidades de producción rural, cuenta con superficies exclusivas para mujeres.

 En este sentido consideró necesario revisar la política en materia de derechos agrarios, ya que menos de 600 mil mujeres poseen certificados o títulos de propiedad en un universo de 6 millones de hectáreas; es decir, menos de 10 por ciento del total.

 El diputado federal por Guanajuato demandó al Gobierno Federal revisar y diseñar las políticas agropecuarias con perspectiva de género, debido a que ya no se puede admitir que una cuarta parte de la población femenina del país, enfrente dobles y triples jornadas laborales sin reconocerse ni retribuirse su esfuerzo.

 Por último,  el dirigente sostuvo que es hora de que la sociedad mexicana valore de las campesinas del sector rural su aportación al desarrollo económico del país y esto se refleje en una mejoría en sus ingresos.


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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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