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México

Mejora la percepción de seguridad pública en el país

En julio pasado, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública (IPSP) en el país fue superior en 5.8 por ciento, al ubicarse en 106.4 puntos respecto al reportado en igual mes de 2011, cuando fue de 100.6 puntos, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Según datos estadísticos del organismo, el Índice de Percepción sobre la Seguridad Pública alcanzó en julio de este año su mayor nivel desde que inició la medición de este indicador, en abril de 2009, y revirtió la baja que presentó en los dos meses previos.

En su reporte, explicó que el avance medido a tasa anual del IPSP en julio se derivó de los aumentos observados en los componentes que dan cuenta de la seguridad personal actual y la esperada dentro de un año, y de los que hacen referencia a la situación actual de la seguridad pública en el país y la esperada dentro de 12 meses.

Por otra parte, apuntó, disminuyó el componente que refleja el grado de confianza del entrevistado al caminar solo por el rumbo donde vive entre las cuatro y siete de la tarde.

Por componentes, detalló que en el séptimo mes de este año el indicador sobre la percepción de la seguridad personal actual comparada con la que se tenía hace 12 meses fue de 106.5 puntos, nivel mayor en 7.4 por ciento al reportado en igual lapso de 2011, cuando se situó en 99.1 puntos.

Mencionó que el indicador parcial que compara la situación de la seguridad personal esperada dentro de 12 meses respecto a la actual fue de 107.6 puntos en julio pasado, superior al de 103.7 puntos de igual mes de un año antes, lo que implicó un avance de 3.7 por ciento a tasa anual.

Señaló que el componente del IPSP sobre a la percepción de la seguridad pública en el país hoy en día comparada con la de hace 12 meses alcanzó en julio de este año 108.6 puntos, nivel que significó un aumento de 12.9 por ciento respecto al de 96.2 puntos registrado en igual mes de 2011.

El Instituto expuso que el indicador referente a la expectativa dentro de 12 meses de la seguridad pública en el país respecto a la situación actual fue de 107.2 puntos en julio pasado, cifra que se ubicó por arriba de la del mismo mes de 2011, de 100.6 puntos, un avance de 6.5 por ciento anual.

Por su parte, agregó, el componente que mide el grado de confianza de las personas al caminar solas por el rumbo donde viven entre las cuatro y las siete de la tarde disminuyó 1.0 por ciento en julio de este año al establecerse en 102.3 puntos, luego de los 103.4 puntos observados en julio de 2011.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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