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México

México debe informar hoy de avances en protección a vaquita marina

Se acaba el tiempo para México en el tema de conservación de la vaquita marina, por lo menos en lo que se refiere a las sanciones comerciales por parte de la comunidad internacional, ya que este viernes 1 de noviembre, la CITES (Convención Sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres), notificó al gobierno de nuestro país que hoy vence el plazo para que tome medidas efectivas contra el tráfico ilegal de pez totoaba y la pesca incidental del mamífero marino en mayor peligro del mundo.

En un documento en poder de Excélsior, el organismo conformado por 183 países, advierte que el Comité Permanente de la CITES examinará y evaluará la información, «y en caso de que no quede satisfecho con los progresos», aplicará las medidas pertinentes, como es el embargo comercial a las exportaciones mexicanas de especies protegidas como aletas de tiburón, trofeos de caza de borrego cimarrón o venta de madera de caoba, una decisión que se tomará en octubre de 2020 en Ginebra, Suiza.

En la «Notificación a las Partes», la CITES recuerda a México que debe «designar autoridades gubernamentales con facultades jurídicas para realizar decomisos y detenciones, además de la Marina, para impedir a los pescadores y las embarcaciones que entren en el área de refugio de la vaquita marina, e invitando a la Secretaría General a evaluar la eficacia y el impacto de esas medidas antes del final de 2019».

Además, debe recopilar y analizar la información sobre los grupos de delincuencia organizada implicados en el comercio ilegal de Totoaba, estableciendo equipos de investigación multidisciplinarios para trabajar en estrecha colaboración con las autoridades locales y realizando investigaciones y operaciones basadas en información confidencial para atajar el comercio ilegal de Totoaba.

«Y brindando actualizaciones periódicas (cada seis meses) a la Secretaría General de la CITES sobre estas medidas y sus resultados», agrega el documento.

De igual forma, le recuerda que debe poner en funcionamiento el grupo de contacto trilateral para la aplicación de las leyes que se requiere en las conclusiones de la “Reunión Trilateral de México, República Popular China y Estados Unidos sobre el combate al tráfico de Totoaba (Totoaba macdonaldi)”, celebrada del 23 al 25 de agosto de 2017 en Ensenada, Baja California.

Fuente: Excelsior

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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