Connect with us

Opinión

MÉXICO: DEL ANTIGUO RÉGIMEN A LA MODERNIDAD por VICTOR OROZCO

VÍCTOR OROZCO

 

Hace unas semanas apareció el libro del historiador Enrique Semo bajo este título y con el sello editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, instituciones ambas en las que  el autor es profesor emérito.   El volumen de casi setecientas  páginas, hace honor a la prolongada trayectoria intelectual de este mexicano cosmopolita y también a la tradición reflexiva que ha distinguido a connotados representantes de la izquierda latinoamericana.  Semo persiste en una línea de trabajo que puedo llamar historia social, por cuanto pone el acento en los procesos históricos, buscando mostrar y explicar la multiplicidad de sus componentes y fuerzas motrices. Esta perspectiva lo lleva a desviar la lámpara de las grandes figuras y alumbrar zonas que generalmente se encuentran en la penumbra o en la franca oscuridad.  Por eso, advierte al lector en la densa y aleccionadora introducción, que Hablamos poco de los líderes y sus hechos , lo que especialmente nos interesa son las fuerzas que actúan debajo y alrededor de ellos”.

            Adentrarse en estas aguas exige una embarcación de gran calado y un experimentado piloto. La primera se edifica reuniendo aquí y allá, durante largo tiempo un gigantesco conjunto de piezas de información que versan sobre ideas generadas y acontecimientos ocurridos en diversas regiones del mundo. Luego, arribar a una fase del pensamiento en donde es posible abstraer las características comunes a todos estos hechos, para estar en condiciones de construir u operar categorías de análisis pertinentes. Semo, poseedor de esta nave, es afanoso en utilizar un método científico para la comprensión de las etapas de la historia mexicana objeto de su estudio. Sin los engorrosos y las más de las veces inútiles “marcos teóricos” propios de un cierto academicismo pedante, el texto de Semo se vale de conceptos como  modos de producción, Latinoamérica, modernidad, capitalismo, sistema económico mundial, dependencia y subdesarrollo; Estado moderno, lucha de clases y agrarismo, caudillo, relación racial  y revolución,  que usa a lo largo del estudio.  Este andamiaje teórico le aporta a la investigación una sólida consistencia y la aleja de una pura exposición en la cual la narrativa se sobrepone al razonamiento sistemático.  No en balde anuncia “Lo que el lector no encontrará es confluencia entre Literatura e Historia, género muy válido y muy popular en estos días, pero ajeno a los modos de conocer científicos”.

            En una de las interrogantes iniciales, que de cierta manera constituyen una especie de guía conductora a lo largo del volumen, Semo se pregunta por que entre todas las formas posibles de cambio que han experimentado las sociedades, en México ha predominado la revolución. Dejemos la respuesta posible para renglones abajo y consideremos que este es un hecho constatable apenas se asoma uno al pasado de este país. La ruptura con el viejo orden colonial, (ese que condensa tan bien Guillermo Prieto, citado por el autor, en unas cuantas palabras:  Esos esclavos que no tenían más expectativa de bien que la salvación eterna; esos tiranos que hacían de la teología y la escolástica instrumentos de mando; esa aristocracia del dinero, ignorante y viciosa”),  no podía alcanzarse sino al través de la revolución violenta, si se tiene en cuenta la caparazón impenetrable aún a los pequeños cambios con que se había cubierto la clase dominante, compuesta por grandes propietarios, altos mandos del ejército y del clero.

La siguiente fase, comprende a la que es quizá la mutación de mayor profundidad experimentada por la sociedad de este país. Semo titula al capítulo respectivo “Una revolución llamada Reforma” términos formalmente diferentes y  aún contrapuestos, pues el primero implica una alteración radical del orden existente, mientras que el segundo alude a modificaciones graduales. En la realidad, sin embargo, a veces las tenidos por variaciones leves, acaban por revolucionar el entorno social. Ocurrió esto con la reforma protestante, que en el siglo XVI abrió paso a ulteriores modificaciones de una significación tal que el mundo no volvió a ser jamás como el anterior. Y en efecto, la generación de mexicanos que protagonizaron el ciclo abierto en 1855 y cerrado en 1867, la llamada “década nacional”, vivieron una genuina revolución. Si atendemos al programa, propuestas y argumentos de los contendientes, representativos del complejo de intereses en pugna, podemos imaginar la razón por la cual el conflicto hubo de resolverse mediante las armas.

La tendencia dominante en el partido conservador, buscaba no únicamente mantener el statu quo, sino regresar francamente al viejo orden colonial. Consta en diversos documentos esta propuesta, entre otros en el proyecto de concordato elaborado por la Santa Sede. Como bien dice Semo, los conservadores proponían restaurar el orden hispánico y católico nacional para construir la nueva nación. Para esto, querían mantener intocados los bienes estancados de la iglesia, la religión única, el restablecimiento de los fueros y del diezmo, la liquidación del federalismo y la instalación de una dictadura supervisada por el clero, la censura de libros y toda clase de publicaciones. La posición en estos puntos fue inflexible. ¿Era posible un retorno de estas dimensiones, sin provocar una revolución?

En el otro extremo, el programa del partido liberal se fue radicalizando y al parejo de las reivindicaciones como la instalación de un régimen de libertades, entre otras la de cultos y la de prensa, demandaba una verdadera transformación al sistema de propiedad, que comprendía, según Semo, el fraccionamiento de áreas no cultivadas, mejora en las condiciones de vida de los peones, desamortización de bienes del clero, reducción y supresión de cargas fiscales, entre otras del diezmo. El propósito último era la creación de una clase de pequeños propietarios que fuera el sustento del nuevo sistema económico y político. Hubo posiciones como la de Ponciano Arriaga, -por cierto uno de los tenidos por demonios en el Vaticano- que demandaba el reparto de las grandes haciendas cuando hubiere necesidad de tierras para los pueblos y comunidades cercanas. Representaban estos hombres según Semo, a la segunda generación de liberales radicales, cuyas ideas se hicieron más profundas y precisas. Ante estas visiones, la conciliación, tal vez viable sin la intervención de agentes exteriores, sobre todo de la corte de Roma, se tornó imposible.

La reforma liberal, con todo y su radicalismo, dejó en pié a la vieja hacienda, forma que asumió el latifundismo desde la época colonial. La explicación general de la contradicción, es que los revolucionarios no tenían la fuerza suficiente para abatir a la vez a tres poderes: el de la iglesia, del ejército y de los grandes terratenientes. Semo proporciona otro elemento. Explica cómo aquellos poseedores de haciendas eran a la vez empresarios cuyas inversiones abarcaban la minería, el comercio, la industria, transportes e incluso despachos profesionales. Sintetiza con una idea meridianamente clara: “La doble personalidad del empresario mexicano, capitalista comercial o industrial en la ciudad y latifundista señorial en el campo, salvó la vida a la hacienda”.

            Carezco de espacio para examinar algún otro tema de esta magna obra. En particular el de la revolución mexicana de 1910. Diré que mal podría recoger en estas líneas las múltiples aportaciones y perspectivas que ofrece el texto, así que haciéndole poca justicia, me limito a unas cuantas de las que en una primera e  insuficiente lectura me parecieron de mayor relevancia. Ya el lector mejor avisado  encontrará los muchos provechos que obtendrá sumergiéndose en esta portentosa obra.

 


VÍCTOR OROZCO

Click to comment

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Opinión

Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera

El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.

Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.

Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.

Siete.

Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.

Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.

Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.

Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.

Esa no es una democracia sana.

México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.

Pero, ¿Por qué ocurre?

Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.

Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.

¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?

¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?

Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.

Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.

Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.

Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.

También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.

Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.

El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.

Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.

No los olvidamos.

Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.

Siete nombres.

Siete familias.

Siete historias interrumpidas.

Pero también siete razones para no acostumbrarnos.

Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.

Continue Reading
Advertisement
Advertisement

Más visto