Opinión
MÉXICO: DEL ANTIGUO RÉGIMEN A LA MODERNIDAD por VICTOR OROZCO
VÍCTOR OROZCO
Hace unas semanas apareció el libro del historiador Enrique Semo bajo este título y con el sello editorial de la Universidad Nacional Autónoma de México y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, instituciones ambas en las que el autor es profesor emérito. El volumen de casi setecientas páginas, hace honor a la prolongada trayectoria intelectual de este mexicano cosmopolita y también a la tradición reflexiva que ha distinguido a connotados representantes de la izquierda latinoamericana. Semo persiste en una línea de trabajo que puedo llamar historia social, por cuanto pone el acento en los procesos históricos, buscando mostrar y explicar la multiplicidad de sus componentes y fuerzas motrices. Esta perspectiva lo lleva a desviar la lámpara de las grandes figuras y alumbrar zonas que generalmente se encuentran en la penumbra o en la franca oscuridad. Por eso, advierte al lector en la densa y aleccionadora introducción, que “Hablamos poco de los líderes y sus hechos , lo que especialmente nos interesa son las fuerzas que actúan debajo y alrededor de ellos”.
Adentrarse en estas aguas exige una embarcación de gran calado y un experimentado piloto. La primera se edifica reuniendo aquí y allá, durante largo tiempo un gigantesco conjunto de piezas de información que versan sobre ideas generadas y acontecimientos ocurridos en diversas regiones del mundo. Luego, arribar a una fase del pensamiento en donde es posible abstraer las características comunes a todos estos hechos, para estar en condiciones de construir u operar categorías de análisis pertinentes. Semo, poseedor de esta nave, es afanoso en utilizar un método científico para la comprensión de las etapas de la historia mexicana objeto de su estudio. Sin los engorrosos y las más de las veces inútiles “marcos teóricos” propios de un cierto academicismo pedante, el texto de Semo se vale de conceptos como modos de producción, Latinoamérica, modernidad, capitalismo, sistema económico mundial, dependencia y subdesarrollo; Estado moderno, lucha de clases y agrarismo, caudillo, relación racial y revolución, que usa a lo largo del estudio. Este andamiaje teórico le aporta a la investigación una sólida consistencia y la aleja de una pura exposición en la cual la narrativa se sobrepone al razonamiento sistemático. No en balde anuncia “Lo que el lector no encontrará es confluencia entre Literatura e Historia, género muy válido y muy popular en estos días, pero ajeno a los modos de conocer científicos”.
En una de las interrogantes iniciales, que de cierta manera constituyen una especie de guía conductora a lo largo del volumen, Semo se pregunta por que entre todas las formas posibles de cambio que han experimentado las sociedades, en México ha predominado la revolución. Dejemos la respuesta posible para renglones abajo y consideremos que este es un hecho constatable apenas se asoma uno al pasado de este país. La ruptura con el viejo orden colonial, (ese que condensa tan bien Guillermo Prieto, citado por el autor, en unas cuantas palabras: “Esos esclavos que no tenían más expectativa de bien que la salvación eterna; esos tiranos que hacían de la teología y la escolástica instrumentos de mando; esa aristocracia del dinero, ignorante y viciosa”), no podía alcanzarse sino al través de la revolución violenta, si se tiene en cuenta la caparazón impenetrable aún a los pequeños cambios con que se había cubierto la clase dominante, compuesta por grandes propietarios, altos mandos del ejército y del clero.
La siguiente fase, comprende a la que es quizá la mutación de mayor profundidad experimentada por la sociedad de este país. Semo titula al capítulo respectivo “Una revolución llamada Reforma” términos formalmente diferentes y aún contrapuestos, pues el primero implica una alteración radical del orden existente, mientras que el segundo alude a modificaciones graduales. En la realidad, sin embargo, a veces las tenidos por variaciones leves, acaban por revolucionar el entorno social. Ocurrió esto con la reforma protestante, que en el siglo XVI abrió paso a ulteriores modificaciones de una significación tal que el mundo no volvió a ser jamás como el anterior. Y en efecto, la generación de mexicanos que protagonizaron el ciclo abierto en 1855 y cerrado en 1867, la llamada “década nacional”, vivieron una genuina revolución. Si atendemos al programa, propuestas y argumentos de los contendientes, representativos del complejo de intereses en pugna, podemos imaginar la razón por la cual el conflicto hubo de resolverse mediante las armas.
La tendencia dominante en el partido conservador, buscaba no únicamente mantener el statu quo, sino regresar francamente al viejo orden colonial. Consta en diversos documentos esta propuesta, entre otros en el proyecto de concordato elaborado por la Santa Sede. Como bien dice Semo, los conservadores proponían restaurar el orden hispánico y católico nacional para construir la nueva nación. Para esto, querían mantener intocados los bienes estancados de la iglesia, la religión única, el restablecimiento de los fueros y del diezmo, la liquidación del federalismo y la instalación de una dictadura supervisada por el clero, la censura de libros y toda clase de publicaciones. La posición en estos puntos fue inflexible. ¿Era posible un retorno de estas dimensiones, sin provocar una revolución?
En el otro extremo, el programa del partido liberal se fue radicalizando y al parejo de las reivindicaciones como la instalación de un régimen de libertades, entre otras la de cultos y la de prensa, demandaba una verdadera transformación al sistema de propiedad, que comprendía, según Semo, el fraccionamiento de áreas no cultivadas, mejora en las condiciones de vida de los peones, desamortización de bienes del clero, reducción y supresión de cargas fiscales, entre otras del diezmo. El propósito último era la creación de una clase de pequeños propietarios que fuera el sustento del nuevo sistema económico y político. Hubo posiciones como la de Ponciano Arriaga, -por cierto uno de los tenidos por demonios en el Vaticano- que demandaba el reparto de las grandes haciendas cuando hubiere necesidad de tierras para los pueblos y comunidades cercanas. Representaban estos hombres según Semo, a la segunda generación de liberales radicales, cuyas ideas se hicieron más profundas y precisas. Ante estas visiones, la conciliación, tal vez viable sin la intervención de agentes exteriores, sobre todo de la corte de Roma, se tornó imposible.
La reforma liberal, con todo y su radicalismo, dejó en pié a la vieja hacienda, forma que asumió el latifundismo desde la época colonial. La explicación general de la contradicción, es que los revolucionarios no tenían la fuerza suficiente para abatir a la vez a tres poderes: el de la iglesia, del ejército y de los grandes terratenientes. Semo proporciona otro elemento. Explica cómo aquellos poseedores de haciendas eran a la vez empresarios cuyas inversiones abarcaban la minería, el comercio, la industria, transportes e incluso despachos profesionales. Sintetiza con una idea meridianamente clara: “La doble personalidad del empresario mexicano, capitalista comercial o industrial en la ciudad y latifundista señorial en el campo, salvó la vida a la hacienda”.
Carezco de espacio para examinar algún otro tema de esta magna obra. En particular el de la revolución mexicana de 1910. Diré que mal podría recoger en estas líneas las múltiples aportaciones y perspectivas que ofrece el texto, así que haciéndole poca justicia, me limito a unas cuantas de las que en una primera e insuficiente lectura me parecieron de mayor relevancia. Ya el lector mejor avisado encontrará los muchos provechos que obtendrá sumergiéndose en esta portentosa obra.
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VÍCTOR OROZCO
Opinión
La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.
En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.
La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.
Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.
Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.
El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.
Y los decretos tampoco.
Las buenas intenciones también tienen consecuencias
La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.
Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.
Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.
Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.
¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?
Habrá una vivienda menos.
Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.
No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.
Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.
El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.
¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?
Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.
Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.
Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.
El gobierno también debe rendir cuentas
Hay otra contradicción.
Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.
¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?
El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.
Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.
Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.
La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.
La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.
Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.
Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.
Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.
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