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México

México es uno de los países con más migrantes en el mundo.

El Congreso de la Unión y las instituciones gubernamentales relacionadas con la protección de los migrantes mexicanos, pondrán mayor atención en la ampliación de los derechos sociales y humanos de más de 5 millones de personas que anualmente cruzan la frontera norte en busca de oportunidades, empleo y un mejor nivel de vida.

En este sentido, la Confederación Nacional Campesina que encabeza el senador Gerardo Sánchez García consideró que uno de los mayores retos para los gobiernos de México y Estados Unidos en 2013 consiste en lograr la Reforma Migratoria en beneficios de los dos países, meta que, aseguró, cobra fuerza con el nombramiento de Eduardo Medina Mora como nuevo embajador mexicano ante la nación estadounidense.

La Confederación Nacional Campesina, a través del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, tiene particular interés de crear las condiciones jurídicas y sociales con objetivos claros de mejorar sustancialmente las políticas migratorias en México, debido a que el país se encuentra en el primer lugar en cuanto a expulsión de población y ocupa la tercera posición en cuanto a la recepción de remesas.

México tiene más de 12 millones de connacionales radicando fuera de sus fronteras, lo cual equivale a un 5.6% del total de migrantes del mundo, mismos que necesitan una restructuración en sus derechos, incluyendo el combate a la corrupción.

Para ello, es indispensable contar con una base de datos de los niños migrantes en particular, ya que se deben salvaguardar y proteger sus derechos sociales en el marco general de respeto a los derechos humanos. Tan sólo en el 2011, fueron devueltos 11 mil 520 niños migrantes mexicanos.

El senador y líder de la CNC, Gerardo Sánchez García, confía plenamente en las declaraciones del Secretario de Gobernación Miguel Osorio Chong, en las cuales explicó que en la actual administración “se incorporará a la sociedad civil en la planeación, atención, evaluación y control de procesos migratorios que afecten a las comunidades en México”, ofreciendo así respeto estricto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes irregulares.

El asunto de la migración en México debe tomarse con seriedad y atenderse de manera urgente, ya que muchos connacionales están trabajando en condiciones desventajosas tanto en su trato con los patrones, como en la falta de respeto a sus derechos humanos. En muchos casos son sujetos de explotación, cuando lo único que buscan es mejorar la calidad de vida de las familias mexicanas, mencionó el senador y líder de la CNC, Gerardo Sánchez.

Asimismo, destacó las recientes palabras del Presidente Enrique Peña Nieto, quien mencionó la urgencia de mejorar la calidad de vida y oportunidades de empleo e ingreso en México, para que migrar sea una decisión personal y no una necesidad.

Por último, el líder cenecista mencionó que los mexicanos son y representan 28.2% de todos los migrantes que radican en el país vecino del norte, mismos que se han sextuplicado en los últimos 30 años.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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