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México frena extradiciones porque no confía en EU

De acuerdo con bitácoras de encuentros entre los procuradores de ambos países, el Gobierno mexicano expresó su inconformidad por el trato que dispensaban en EU a algunos extraditados.

México.- México no se fía de Estados Unidos en materia de extradiciones, pues le amarga saber que agencias estadounidenses negocian, a espaldas de la Procuraduría General de la República (PGR), beneficios a los detenidos a cambio de información.

Reforma da a conocer bitácoras oficiales de encuentros de alto nivel entre los procuradores de ambos países, en las que se señala que el Gobierno mexicano expresó su inconformidad por el trato que dispensaban en EU a algunos extraditados.

Los encuentros se han realizado del 2013 a junio del 2015, entre Eric Holder, ex jefe del Departamento de Justicia, y el exprocurador, Jesús Murillo Karam, así como sus sucesoras Loretta Lynch y Arely Gómez, según los reportes.

En ellos se revelan cómo ambos países se acusan de frenar o entorpecer las extradiciones.

«El procurador (Murillo) explicó que en algunos casos la entrega ha sido suspendida, ya que los (criminales) reclamados fueron entrevistados sin conocimiento de las autoridades mexicanas, por agentes estadounidenses, quienes les ofrecieron, de consentir su extradición, otorgarles beneficios en la sentencia.

“(Y) de forma categórica, no se permitirá que estos casos se sujeten a un juego de quién ofrece más. En todos los casos, los interrogatorios y entrevistas deberán acordarse con anticipación», indica la bitácora del encuentro entre Murillo Karam y Holder, que se llevó a cabo el 9 y 10 de septiembre de 2013.

En tanto, Holder también lamentó la liberación de Rafael Caro Quintero, aunque su contraparte mexicano responsabilizó al Poder Judicial de la Federación por este fallo que, dijo, «causó gran sorpresa».

En su nota, Abel Barajas da cuenta de otro encuentro, según el documento, este realizado el 30 de junio de 2014, en el que Murillo pidió revisar la lista de criminales que EU no devolvió y «resultó imposible que regresaran a México a enfrentar los cargos en su contra».

Además, el 15 y 17 de junio pasado, se reunieron las procuradoras Gómez y Lynch sostuvieron su primer encuentro bilateral.

Antes de dicho encuentro, la PGR preparó un documento en el que, previendo reclamos, planteaba revirar y exponer que Washington tiene un déficit de extradiciones y que en México el amparo alarga los procesos de extradición.

SDP Noticias

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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