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México lamenta desacuerdo en tratado contra venta de armas

CIUDAD DE MÉXICO, 28 de julio.- El Gobierno de México lamentó a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la Conferencia Diplomática de las Naciones Unidas haya aplazado la adopción del Tratado sobre el Comercio de Armas (ATT).

México llamó a concluir la negociación en el marco de la próxima Asamblea General del organismo para lograr un tratado efectivo, tal y como lo requiere la grave situación que padecen numerosas sociedades en todos los continentes por la venta y transferencia irresponsables de armas y municiones.

Al concluir en la sede de la ONU la Conferencia Diplomática, México destacó la urgencia de prohibir la transferencia de armas convencionales cuando presenten el riesgo de ser utilizadas para cometer violaciones del derecho internacional y se establezcan mecanismos para evitar su desvío al mercado ilícito.

En un comunicado, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) consideró que la imposición de métodos de trabajo que usan el argumento del consenso, haya imposibilitado concretar acuerdos pese a que exista apoyo que se nulifica ante la oposición de una minoría de Estados.

Asimismo, dio a conocer que los 93 miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) avanzaron en un proyecto de texto que deberá ser mejorado y fortalecido, utilizando los métodos de trabajo que los Estados establezcan en el marco de la Asamblea General.

Durante la sesión de conclusión de la Conferencia, la delegación de México leyó una intervención a nombre de 87 delegaciones de todas las regiones, en la que formuló un llamado a no cejar en los esfuerzos encaminados a concluir la negociación del Tratado en el marco de la próxima Asamblea General de la ONU.

Asimismo destacó en el texto propuesto por el presidente de la Conferencia, el cual generó un apoyo mayoritario, que se lograron importantes compromisos tras un mes de intensas negociaciones.

“La delegación mexicana trabajó de manera comprometida en lograr acuerdos en esta Conferencia; fue sensible a las preocupaciones de otros Estados, desarrolló un amplio diálogo con la sociedad civil y fue siempre constructiva en sus propuestas”, precisó la cancillería.

En este sentido, dejó claro que el Gobierno de México “seguirá dando la mayor importancia a este tema y continuará trabajando con los Estados afines, como lo hizo a lo largo de esta Conferencia y de sus reuniones preparatorias”.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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