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México

México no será más justo sin comicios: INE a padres de los 43

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que «nada sería más grave» que impedir la elección en Guerrero

El Instituto Nacional Electoral (INE) respondió a los padres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa que «nada sería más grave» que impedir la elección en Guerrero por «las vías violentas y contra el sentir de millones de mexicanos».

En una carta de cuatro cuartillas, firmada por los 11 consejeros, se asienta que «las amenazas de impedir las elecciones suscitan preocupación, porque pueden generar focos de conflicto que afectarán a la población. Nuestro país no será más justo sin elecciones, si le quitamos a la gente su derecho al voto».

A 12 días de que se reunieron los consejeros y los familiares de los jóvenes, al conmemorarse seis meses de la desaparición de los estudiantes, el órgano electoral advirtió que «sin elecciones estaríamos sujetos a la arbitrariedad del más fuerte y a los riesgos de que el acceso a los cargos de gobierno se resolvieran recurriendo a la violencia política».

Advirtieron que no se puede desconocer que la Constitución es la que marca la obligatoriedad de las elecciones y «no concibe un solo resquicio para que no haya».

«El INE, por ningún motivo, puede ignorar la Constitución, pues nos encontraríamos al margen de la ley. Justamente cuando pasa esto empieza la arbitrariedad y se abre la puerta a la violación de los derechos humanos», precisó al insistir en que no se puede desconocer que votar es un derecho de la ciudadanía y «no una obligación impuesta por el Estado».

Sin embargo, los consejeros admitieron que no desconocen que las elecciones por sí mismas no acaban con los problemas del país como la pobreza, la exclusión social, la desigualdad y la falta de oportunidades, entre otros aspectos.

Así como el hecho de que «han resultado electas personas corruptas que deshonraron la función pública e incumplieron su compromiso de velar por el bienestar social».

En el documento llama a los familiares de los jóvenes a unirse a la organización de la elección, porque «su valiosa voz ayuda a tener unas elecciones más vigiladas, más exigentes a los candidatos, más severas contra la simulación, es decir, genuinas y al servicio del pueblo».

Sobre la petición de los familiares para realizar las elecciones por el sistema de usos y costumbres en los municipios de Guerrero, el INE respondió que carece de atribuciones para decidir sobre el caso en el estado o de alguna otra entidad federativa.

El INE precisó que «no puede asumir una representación popular con la que no cuenta ni vulnerar la soberanía de las entidades para decidir asuntos de tal relevancia».

No obstante, consideró que la propuesta debe ser conocida y examinada a conciencia por las autoridades de Guerrero, por todos los partidos y los candidatos que se postulan en la entidad.

En el documento, que también está dirigido a los integrantes de la Asamblea Nacional Popular y que cuenta con el acuse de recibo del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, expuso: «Consideramos que su reclamo como padres y madres de los 43 desaparecidos y el trabajo de miles de ciudadanos que se realiza en el INE no deben rivalizar ni contraponerse; las elecciones son una oportunidad para identificar los pendientes en materia política, y a partir de un debate abierto e incluyente, construir alternativas para su solución».

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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