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México

México, uno de los peores países para ser mujer

La aprobación de leyes y firma de tratados internacionales a favor de las mujeres no evita que México sea una de las peores naciones industrializadas para ser de este género, de acuerdo con un estudio realizado por la Fundación Thomson Reuters.

México se ubicó en el lugar 15 de 19 naciones analizadas, debido a que las mujeres padecen violencia física y sexual, hay una cultura del machismo, y escaso acceso a servicios de salud en zonas rurales, detalló la fundación a través de su sitio en internet.

“Algunas comunidades están peor que las sociedades más marginadas de África y Asia en salud pública, desigualdad y tasas de violencia contra la mujer extremadamente altas -como la doméstica, la sexual y la relacionada con las drogas-”, dijo a la fundación Blanca Rico, directora ejecutiva de Semillas, Sociedad Mexicano Pro Derechos de la Mujer, un grupo que defiende los derechos de las mujeres.

Los crímenes no resueltos de mujeres en Ciudad Juárez, así como los ataques sexuales a migrantes, también contribuyeron a que México se ubicara en los últimos lugares de la lista, que coloca a India como el peor país industrializado para ser mujer y a Canadá como el mejor.

La cultura de la violencia se ha exacerbado en México debido a la Estrategia Nacional de Seguridad implementada por el gobierno federal desde diciembre de 2006 para combatir al crimen organizado, según el estudio.

“Si bien la violencia se da en todos los ámbitos, las mujeres están particularmente en riesgo”, detalla.

México tiene 112 millones de habitantes, de los cuales 57 millones son mujeres, de acuerdo con el Censo de Población y Vivienda realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía en 2010.

El estudio de la Fundación Thomas Reuters es el resultado de las percepciones  de 370 especialistas en calidad de la salud, participación política, oportunidades de trabajo, acceso a recursos de educación y a sus derechos, tráfico de personas, esclavitud, y violencia.

La naciones estudiadas forman parte del G20, cuya próxima cumbre se celebrará este mes en México.

India fue ubicada como el peor país de la lista debido a que se practica el infanticidio, el matrimonio forzado y la esclavitud de mujeres.

Canadá fue el país mejor calificado por sus políticas que promueven la igualdad de género, la protección contra la violencia y la explotación, así como el acceso a atención médica.

La lista completa de los países y su lugar en el ranking, a continuación:

1. Canadá

2. Alemania

3. Gran Bretaña

4. Australia

5. Francia

6. Estados Unidos

7. Japón

8. Italia

9. Argentina

10. Corea del Sur

11. Brasil

12. Turquía

13. Rusia

14. China

15. México

16. Sudáfrica

17. Indonesia

18. Arabia Saudita

19. India

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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