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México

Militares y Policías, agresores de mujeres

Ciudad de México.— Los principales agresores de las mujeres y de sus hijos son sus parejas o ex parejas. En la mayoría de los casos son o tienen vínculos militares o políticos, y un punto porcentual abajo, le siguen los narcotraficantes, según datos de la Red Nacional de Refugios (RNR).

La organización reportó que en total, de enero a agosto de este año, se ha brindado atención y acompañamiento integral a través de sus líneas de atención, redes sociales y espacios de protección a 25 mil 594 personas, de las que el 85 por ciento son mujeres.

La red documentó que los principales agresores de las mujeres y niños son sus cercanos.

De los atacantes, 4 de cada 10 eran pareja de la mujer víctima de violencias, 2 de cada 10 eran sus esposos y 2 de cada 100 su ex pareja, mismos que son los agresores de sus hijas e hijos.

Sobre el perfil de los agresores, la RNR señaló que del total de casos registrados, la mayoría (13 por ciento) tienen vínculos con militares o políticos, seguido por un 12 por ciento que tiene vínculos relacionados con el narcotráfico.

«Lo cual exacerba el nivel de riesgo e impunidad al que se enfrentan las mujeres al intentar acceder a la justicia integral», subrayó la red.

Asimismo, 21 por ciento usan armas; y 29 por ciento tienen antecedentes penales.

Los tipos de agresiones que se reportan por la RNR son violaciones sexuales, ataques con ácido y/o sustancias corrosivas, acoso sexual, desapariciones forzadas, y asesinatos diarios de mujeres y niñas en el país.

Además de que 134 mujeres han sido atendidas a través de la red y reportaron intentos de feminicidio, los cuales, acusaron, fueron minimizados y clasificados como violencia familiar por las autoridades.

Se especificó que de las mujeres atendidas a través de línea telefónica y redes sociales, el 25 por ciento refirió haber sido víctima de violencia física, el 40 por ciento de violencia psicológica; el 10 por ciento, dijo vivir violencia económica; 9 por ciento, violencia patrimonial.

En tanto que 7 de cada 100 mujeres reportaron estar pasando por todas las violencias mencionadas; seis de cada 10 mujeres que tienen hijas e hijos refieren que sus niñas y niños también viven algún tipo de violencia. Asimismo, 429 mujeres atendidas reportaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Denostaron que de camino a la justicia, un obstáculo que se añade es la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género, la poca o nula preparación de las autoridades que no solo impiden que los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios, sino que no les informan a las mujeres que logran acudir buscando auxilio que tienen derecho a un refugio o bien, desestiman las declaraciones de las mujeres.

«A las cuales no les hicieron caso y ahora ya no están con vida o están tratándose las secuelas físicas, emocionales e integrales tras un intento de feminicidio, como lo es un ataque con ácido; un hecho en el que el sistema patriarcal es cómplice y da paso libre a la impunidad», se refirió.

«O como el caso recién de la jueza de Yucatán que rechazó vincular a proceso por intento de feminicidio a un hombre que ahorcó dos veces a su ex pareja, al considerar que la víctima ‘malentendió las intenciones del agresor’, inadmisible y desolador, pero una realidad que atraviesa a nuestro México», se añadió.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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