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Militares y Policías, agresores de mujeres

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Ciudad de México.— Los principales agresores de las mujeres y de sus hijos son sus parejas o ex parejas. En la mayoría de los casos son o tienen vínculos militares o políticos, y un punto porcentual abajo, le siguen los narcotraficantes, según datos de la Red Nacional de Refugios (RNR).

La organización reportó que en total, de enero a agosto de este año, se ha brindado atención y acompañamiento integral a través de sus líneas de atención, redes sociales y espacios de protección a 25 mil 594 personas, de las que el 85 por ciento son mujeres.

La red documentó que los principales agresores de las mujeres y niños son sus cercanos.

De los atacantes, 4 de cada 10 eran pareja de la mujer víctima de violencias, 2 de cada 10 eran sus esposos y 2 de cada 100 su ex pareja, mismos que son los agresores de sus hijas e hijos.

Sobre el perfil de los agresores, la RNR señaló que del total de casos registrados, la mayoría (13 por ciento) tienen vínculos con militares o políticos, seguido por un 12 por ciento que tiene vínculos relacionados con el narcotráfico.

«Lo cual exacerba el nivel de riesgo e impunidad al que se enfrentan las mujeres al intentar acceder a la justicia integral», subrayó la red.

Asimismo, 21 por ciento usan armas; y 29 por ciento tienen antecedentes penales.

Los tipos de agresiones que se reportan por la RNR son violaciones sexuales, ataques con ácido y/o sustancias corrosivas, acoso sexual, desapariciones forzadas, y asesinatos diarios de mujeres y niñas en el país.

Además de que 134 mujeres han sido atendidas a través de la red y reportaron intentos de feminicidio, los cuales, acusaron, fueron minimizados y clasificados como violencia familiar por las autoridades.

Se especificó que de las mujeres atendidas a través de línea telefónica y redes sociales, el 25 por ciento refirió haber sido víctima de violencia física, el 40 por ciento de violencia psicológica; el 10 por ciento, dijo vivir violencia económica; 9 por ciento, violencia patrimonial.

En tanto que 7 de cada 100 mujeres reportaron estar pasando por todas las violencias mencionadas; seis de cada 10 mujeres que tienen hijas e hijos refieren que sus niñas y niños también viven algún tipo de violencia. Asimismo, 429 mujeres atendidas reportaron haber sido víctimas de violencia sexual.

Denostaron que de camino a la justicia, un obstáculo que se añade es la falta de aplicación de protocolos con perspectiva de género, la poca o nula preparación de las autoridades que no solo impiden que los asesinatos de mujeres sean investigados como feminicidios, sino que no les informan a las mujeres que logran acudir buscando auxilio que tienen derecho a un refugio o bien, desestiman las declaraciones de las mujeres.

«A las cuales no les hicieron caso y ahora ya no están con vida o están tratándose las secuelas físicas, emocionales e integrales tras un intento de feminicidio, como lo es un ataque con ácido; un hecho en el que el sistema patriarcal es cómplice y da paso libre a la impunidad», se refirió.

«O como el caso recién de la jueza de Yucatán que rechazó vincular a proceso por intento de feminicidio a un hombre que ahorcó dos veces a su ex pareja, al considerar que la víctima ‘malentendió las intenciones del agresor’, inadmisible y desolador, pero una realidad que atraviesa a nuestro México», se añadió.

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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