A través de cambios a leyes secundarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone dar el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.
Requisitos de ingreso Se propone modificar los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, particularmente se plantea sustituir que para formar parte de esa institución no será necesaria la separación de una institución armada, sino bastará con no desempeñar cargo o comisión dentro de las instituciones de la Fuerza Armada permanente, ni de las policiales.
Igualdad de jerarquías Se buscará adicionar el artículo 32 Bis a la Ley de la Guardia Nacional para establecer la equivalencia jerárquica entre el personal de la Guardia Nacional con el de la Fuerza Armada permanente para que en colaboración en materia de seguridad pública, se facilite un adecuado entendimiento y la toma de decisiones.
Personal militar Se propone reconocer como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea a quienes fueron asignados a la Guardia Nacional, a fin de que se mantenga sujeto al fuero militar para efectos disciplinarios y de que conserve su antigüedad y prestaciones sociales. De los 113,833 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país, 73,805 (65%) provienen de la Sedena, 16,792 (15%) y 23,236 (20%) de la extinta Policía Federal.
El 65% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional.(Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.)
Transferencia de recursos La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina transferirán parte de su presupuesto a la Guardia Nacional, indica no de los transitorios de la iniciativa.
“La Secretaría de Marina transferirá a la Secretaria de la Defensa Nacional los recursos financieros y presupuestarios que correspondan en el presente ejercicio fiscal para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales respecto del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional”, se lee.
En cuanto a la SSP establece que “transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarlos y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, destinará dichos recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas”.
Modificaciones a la SSP
La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador también propone cambios a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que hoy está a cargo de Rosa Icela Rodríguez, como darle la facultad de otorgar indultos.
“Reciba las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, así como para promover el recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, en los casos en que resulte procedente”, establece la iniciativa.
Se propone modificar el artículo 30 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar a la SSPC como instancia coordinadora del gabinete de seguridad del Gobierno Federal.
También se busca fortalecer la facultad de la Secretaría para brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas.
El Gobierno de México y Estados Unidos fortalecieron su cooperación para la gestión del agua en la cuenca del Río Bravo, tras varias semanas de negociaciones, y acordaron iniciar entregas de agua a partir del 15 de diciembre, informó la Secretaría de Relaciones Exteriores mediante un comunicado.
Ambos países coincidieron en la importancia de cumplir con las obligaciones establecidas en el Tratado de Aguas de 1944, instrumento que regula la distribución del recurso hídrico y la administración de aguas compartidas entre las dos naciones. Como parte del acuerdo, México liberará un volumen de 249 mil 163 millones de metros cúbicos de agua para Estados Unidos, conforme a los términos del tratado.
La Secretaría de Relaciones Exteriores precisó que las entregas se realizarán dentro del marco legal vigente, respetando la disponibilidad hidrológica y los límites operativos establecidos, sin afectar el suministro de agua para consumo humano ni la producción agrícola en la región fronteriza.
El entendimiento se consolidó después de que el 8 de diciembre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reclamara a México el adeudo de agua correspondiente y advirtiera sobre la imposición de aranceles de 5 por ciento en caso de incumplimiento. Un día después, el 9 de diciembre, se llevó a cabo de manera virtual la quinta reunión binacional del año para dar seguimiento a las entregas y evaluar la situación técnica.
En dicho encuentro participaron funcionarios de alto nivel de ambos gobiernos. Por parte de México asistieron el secretario de Agricultura y Desarrollo Rural, Julio Berdegué; el subsecretario para América del Norte y encargado del despacho de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco; y el titular de la Comisión Nacional del Agua, Efraín Morales. Por Estados Unidos participaron la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el subsecretario de Estado, Christopher Landau.
El Tratado de Aguas de 1944 no solo contempla la entrega de agua, sino también la generación de energía eléctrica, el control de avenidas, obras de saneamiento del río Tijuana y la operación de las presas internacionales Falcón y La Amistad. Ambos gobiernos señalaron que han trabajado de manera coordinada para atender el ciclo actual y cubrir el déficit del ciclo anterior, conforme a lo establecido en el Artículo 4 del acuerdo.
Las autoridades destacaron la necesidad de mantener el diálogo técnico a través de la Comisión Internacional de Límites y Aguas y la International Boundary and Water Commission, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso hídrico y la protección de la población y la agricultura frente a la sequía histórica. Con este acuerdo, México reiteró su compromiso con los tratados internacionales y la cooperación bilateral en materia de agua.