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¿Militarización?: claves de la iniciativa para mover Guardia Nacional a Sedena

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A través de cambios a leyes secundarias, el presidente Andrés Manuel López Obrador propone dar el control operativo, financiero y administrativo de la Guardia Nacional a la Defensa Nacional.

Requisitos de ingreso
Se propone modificar los requisitos para ingresar a la Guardia Nacional, particularmente se plantea sustituir que para formar parte de esa institución no será necesaria la separación de una institución armada, sino bastará con no desempeñar cargo o comisión dentro de las instituciones de la Fuerza Armada permanente, ni de las policiales.

Igualdad de jerarquías
Se buscará adicionar el artículo 32 Bis a la Ley de la Guardia Nacional para establecer la equivalencia jerárquica entre el personal de la Guardia Nacional con el de la Fuerza Armada permanente para que en colaboración en materia de seguridad pública, se facilite un adecuado entendimiento y la toma de decisiones.

Personal militar
Se propone reconocer como personal en activo del Ejército y Fuerza Aérea a quienes fueron asignados a la Guardia Nacional, a fin de que se mantenga sujeto al fuero militar para efectos disciplinarios y de que conserve su antigüedad y prestaciones sociales.
De los 113,833 elementos de la Guardia Nacional desplegados en el país, 73,805 (65%) provienen de la Sedena, 16,792 (15%) y 23,236 (20%) de la extinta Policía Federal.

Cientos de militares arriban a Tijuana para reforzar las tareas de seguridad.
El 65% de los integrantes de la Guardia Nacional provienen de la Secretaría de la Defensa Nacional.(Foto: Omar Martínez/Cuartoscuro.)

Transferencia de recursos
La Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina transferirán parte de su presupuesto a la Guardia Nacional, indica no de los transitorios de la iniciativa.

“La Secretaría de Marina transferirá a la Secretaria de la Defensa Nacional los recursos financieros y presupuestarios que correspondan en el presente ejercicio fiscal para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales respecto del personal naval que se transfiera a la Guardia Nacional”, se lee.

En cuanto a la SSP establece que “transferirá a la Secretaría de la Defensa Nacional, dentro de un plazo de sesenta días naturales, los recursos presupuestarlos y financieros que correspondan para cubrir las erogaciones por concepto de servicios personales y gastos de operación de la Guardia Nacional, así como los recursos materiales destinados a su operación, con excepción de aquéllos requeridos para el personal que seguirá bajo la adscripción de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Asimismo, destinará dichos recursos a la Secretaría de la Defensa Nacional conforme vayan quedando vacantes las plazas”.

Modificaciones a la SSP

La iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador también propone cambios a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana que hoy está a cargo de Rosa Icela Rodríguez, como darle la facultad de otorgar indultos.

“Reciba las solicitudes de indulto y amnistía formuladas en el ámbito de competencia del Ejecutivo Federal, así como para promover el recurso de reconocimiento de inocencia o anulación de sentencia, en los casos en que resulte procedente”, establece la iniciativa.

Se propone modificar el artículo 30 Bis, fracción II, de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para facultar a la SSPC como instancia coordinadora del gabinete de seguridad del Gobierno Federal.

También se busca fortalecer la facultad de la Secretaría para brindar servicios de protección, custodia, vigilancia y seguridad de personas, bienes e instalaciones públicas.

Fuente Expansión 

México

Polémica nacional: vocera de Morena afirma que el narco “es uno de los mayores empleadores de México” y el partido se deslinda

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Una fuerte controversia se desató a nivel nacional luego de que Adriana Marín, titular del área de Comunicación del Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, afirmara que el narcotráfico es uno de los principales generadores de empleo en el país, declaración que provocó una oleada de críticas en redes sociales.

Las palabras de Marín fueron emitidas durante una mesa de debate juvenil realizada en noviembre de 2025, pero retomaron relevancia en días recientes tras viralizarse fragmentos del encuentro. En dicho espacio, la funcionaria abordó la complejidad de combatir al crimen organizado y sostuvo que en diversas regiones del país el narco representa la única alternativa laboral para miles de personas.

Durante el debate, en el que participó Edson Andrade, convocante de la marcha de la Generación Z contra la violencia del crimen organizado, Marín cuestionó la legitimidad de dicha movilización y criticó la narrativa de la oposición. Al ser interrogada sobre los resultados de la estrategia de seguridad federal, argumentó que la erradicación del narcotráfico enfrenta obstáculos estructurales.

“El narcotráfico es uno de los mayores empleadores a nivel nacional. Recluta alrededor de 160 mil a 185 mil personas y cada semana se requieren cerca de 350 más para sustituir a quienes son detenidos o asesinados”, afirmó. Añadió que la problemática se agrava porque el Estado y la iniciativa privada no han generado suficientes oportunidades laborales en ciertas zonas del país.

Las declaraciones generaron una inmediata reacción negativa, al ser interpretadas como una justificación del crimen organizado y una minimización del daño social provocado por la violencia. Ante el escándalo, el Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso capitalino emitió un comunicado para deslindarse de los dichos de su colaboradora.

En el pronunciamiento, Morena aclaró que las expresiones fueron realizadas a título personal durante el programa de debate juvenil Razonados, organizado por La Razón de México, y que no representan la postura oficial del grupo parlamentario ni de sus integrantes.

Al mismo tiempo, el partido denunció que Adriana Marín ha sido víctima de acoso digital tras la difusión de sus comentarios, por lo que llamó a frenar los ataques en su contra. Morena calificó dichas agresiones como inaceptables y aseguró que buscan intimidar a quienes participan en espacios de discusión pública.

El episodio reavivó el debate sobre la estrategia de seguridad, la falta de oportunidades económicas en diversas regiones del país y el papel del discurso político frente a la violencia del narcotráfico, en un contexto marcado por una alta sensibilidad social ante este fenómeno.

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