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México

Mujer detenida por caso Fátima, víctima de su marido, afirma su madre

“Estoy sufriendo y seguiré sufriendo”, dijo Marcelina, madre de Gladis Giovana, quien fue detenida por la muerte de Fátima.

Consideró que su hija es víctima de Mario Alberto, quien la violentó en reiteradas ocasiones.

La mujer dijo que por cinco meses no supo de su hija hasta que vio en las noticias que eran buscados por las autoridades.

De acuerdo con lo que narró afuera del penal de Santa Martha Acatitla a donde acudió para ver a Giovana, Mario la amenazó varias veces con atentar contra sus hijos si no regresaba con él.

Volvió con él, hasta el desenlace de las agresiones con el secuestro y feminicidio de la niña Fátima Cecilia, de siete años.

“Mario Alberto venía a buscar a Giovana para que le prestara a uno de los niños para llevarlo a pasear y a fin de cuentas se lo llevaba y ya no se lo regresaba; así es como él se aprovechaba para volver con ella”.

“Le decía que si no regresaba ya no iba a ver a sus hijos o ya no iba a ver al niño al que se llevaba, (que) lo iba a encontrar de una manera muy triste”, contó.

Explicó que, por más de tres años, la relación de Mario y Gladis Giovana fue de manipulación y agresiones contra la mujer.

Con mirada triste y sin permitir que su rostro fuera grabado por las cámaras de televisión, Marcelina recordó afuera del penal que un juez había decretado una orden de restricción para que Mario Alberto no tuviera contacto con su hija, pero no lo cumplió.

“No hubo respeto para mi hija, las autoridades no la ayudaron”, aseguró.

Dijo que no solo fueron golpes, sino que también intentó quemarla, pues le arrojó gasolina, alcohol y hasta perfumes para después intentar prenderle fuego.

“Hubo ocasiones en que me llevé a mi hija a mi casa, se la quité. Hubo tres ocasiones, esas tres ocasiones que yo se la quité fueron espantosas para ella porque iba golpeada, maltratada, iba moreteada del cuerpo”, señaló la madre de Gladis.

Marcelina aseguró que la vida de casada de su hija fue muy triste y cruel porque “la verdad fue una víctima más de tantas mujeres que han sufrido y que las han pisoteado”.

En los intentos de Mario para quemar a Gladis Giovana incluso, dijo, estaban presentes sus hijos. Uno de ellos, el más grande, le dijo: “Abuelita mi papá iba a quemar a mi mamá, le echó perfume y le iba a prender con el encendedor y le dije que no, que no la quemara en varias ocasiones”.

Fuente: El Universal

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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