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NADIE FUIMOS CREEL Por Víctor Quintana

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Hay de masacres a masacres. Todas dolorosas y execrables, todas vividas como tragedia desde los deudos de las y los asesinados, pero muy desiguales en la forma como se procesan desde el poder. En eso contrastan dos abominables matanzas de jóvenes: la de Creel, Chihuahua, el 16 de agosto de 2008 y la de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010.

Ante esta segunda fue tal la presión de la sociedad civil organizada en Juárez y de la opinión pública nacional, que Calderón y Fernando Gómez Mont, su entonces secretario de gobernación, lanzaron el programa «Todos Somos Juárez», de inversiones en infraestructura social, de programas de seguridad pública, muy cuestionables, por cierto y con pocos resultados, como bien lo atestiguan quien ven y trabajan a Juárez desde abajo. Sin embargo, Calderón se hizo presente varias veces en la vulnerada urbe fronteriza para dar arranque y evaluar la marcha de su tan insuflado programa.

La masacre de Creel es la otra cara de la medalla. A pesar de ser la primera que se dio en el estado de Chihuahua en el marco del calderoniano-baeciano «Operativo Conjunto Chihuahua», su visibilidad, la atención que mereció por parte de los tres órdenes de gobierno es mucho menor a la de Salvárcar. A este poblado enclavado en el corazón de la Sierra Tarahumanara no acudió Calderón a recibir las denuncias y las quejas de las familias afectadas a pesar de que se le invitó especialmente. Ni siquiera el secretario de gobernación o alguien de segundo nivel del gobierno federal. No hubo ni hay ningún programa especial para garantizar la seguridad ciudadana en Creel y en sus alrededores, a pesar de que en marzo de 2010 la población fue tomada durante varias horas por uno de los cárteles, toma incluso filmada por las cámaras de la policía.
Peor todavía a la desatención oficial, hay que sumar  ahora la impunidad de los cómplices de la masacre. Hasta ahora ninguno de los diez supuestos autores materiales han sido detenidos, sólo tres individuos, confesos todos, que les facilitaron los vehículos para escapar conforme lo habían planeado antes de la matanza. Ellos son: Luis Raúl Pérez Alvarado, Sandro Romero Romero y Salvador Villa Cruz. El primero purga ya una condena de 82 años;  el proceso del segundo se ha alargado mucho porque su defensa ha interpuesto amparo tras amparo. Y Salvador Villa Cruz, alias el Villa acaba de ser puesto en libertad a principios de marzo.

La Fiscalía General del Estado acordó, desde el sexenio anterior, como Procuraduría General de Justicia, aplicarle al Villa el «criterio de oportunidad».  Por este recurso, el Ministerio Público llega a un acuerdo con el imputado para prescindir total o parcialmente de la persecución penal en razón de que el imputado proporcionó información útil sobre la participación en el delito de otros imputados. Utilidad que habrá que cuestionar pues de todas maneras los autores materiales de la masacre huyeron. No sólo eso, se libera al Villa de la obligación de reparar el daño a los deudos de las víctimas de la matanza, pues los cerca de 460 mil pesos que se pagaron por el funeral de las 13 personas y las consultas psicológicas para proporcionar terapia a sus familiares, que pagó en su  momento la procuraduría, se «abonan» a favor del Villa. Con esto, la garantía de reparación del daño a las víctimas prácticamente no se cumple o se cumple una mínima parte. Imagine usted: el daño de asesinar a 12 jóvenes y adultos y un bebé se repara con tan sólo 460 mil pesos: poco más de 15 mil pesos por persona ultimada. Hay que aclarar que, tanto los gastos funerarios como las terapias, no sólo constituyen el mínimo de reparación del daño a que tienen derecho las víctimas, también fueron una expresa y formal del gobierno del estado en su tiempo.

En eso está desembocando el caso de la masacre de Creel. En la invisibilización del horrible y doloroso hecho; en el menosprecio a las víctimas; en el apoyo del Estado a los cómplices; en la impunidad total a los autores del homicidio múltiple. Ninguna acción para reparar el daño a la comunidad; ningún programa especial para recomponer el tejido social de Creel. Nada. Nadie fuimos Creel.

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Petróleo, poder y una vecindad incómoda. Por Caleb Ordóñez T.

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Durante años, Nicolás Maduro fue para México (y para buena parte del continente) un problema ajeno, distante, encapsulado en el discurso ideológico y en la tragedia humanitaria. Venezuela era “el otro”, el ejemplo extremo. Hoy ya no. Hoy Venezuela volvió al centro del tablero regional y, querámoslo o no, sus movimientos impactan directamente a México, a nuestra economía energética y a nuestra relación con Estados Unidos.

Tras la caída política y operativa de Maduro, emerge una figura que muchos subestimaron durante años: Delcy Rodríguez. Inteligente, dura, formada y con un instinto de supervivencia política notable, Delcy no gobierna desde la épica revolucionaria sino desde la urgencia. Su presidencia no es el resultado de una transición democrática ejemplar, sino de una implosión del poder chavista y de una presión internacional inédita.

Y aquí aparece el actor que realmente ordena la escena: Donald Trump.

Trump, Delcy y una relación que nadie imaginó; pero todos entienden.

La relación entre Trump y Delcy Rodríguez es, por decirlo suavemente, antinatural. Durante años ella fue sancionada, vetada y exhibida como parte del núcleo duro del chavismo. Hoy, sin embargo, se ha convertido en la interlocutora necesaria. No porque haya afinidad ideológica, sino porque el petróleo manda.

Trump no está interesado en “democratizar” Venezuela por convicción moral. Está interesado en controlar flujos energéticos, estabilizar precios, reducir dependencias incómodas y, de paso, enviar un mensaje interno de fuerza. Delcy lo sabe. Y no puede jugar con eso.

Venezuela necesita oxígeno económico; Estados Unidos necesita petróleo confiable y bajo control. El resultado es una relación áspera, vigilada, pero funcional. Nadie se abraza. Nadie confía. Pero todos negocian.

Aquí es donde México entra de lleno en la historia sufriendo un golpe silencio.

Cuando Estados Unidos decide colocar millones de barriles de petróleo venezolano en el mercado —bajo esquemas controlados y políticamente diseñados— no solo mueve a Caracas y Washington. Mueve al Golfo de México, mueve refinerías, contratos, márgenes y estrategias.

Para Pemex, esto no es una nota internacional: es una variable directa de negocio.

Más petróleo pesado en el mercado significa:

• Mayor presión sobre precios.

• Competencia directa en ciertos nichos de refinación.

• Ajustes en los márgenes de ganancia.

• Reconfiguración de flujos en la región.

Pemex ya opera con una carga financiera enorme, con refinerías que aún buscan estabilidad y con un modelo que depende mucho más de la política que del mercado. Si Estados Unidos refina petróleo venezolano y luego lo redistribuye, México puede terminar comprando derivados a precios más competitivos, pero también perdiendo mucho espacio estratégico.

Es una paradoja peligrosa: gasolina más barata a corto plazo, pero menor autonomía energética a mediano plazo.

Claudia Sheinbaum: la intermediaria.

En este escenario aparece una figura clave para México: la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sheinbaum no heredó una relación fácil -para nada- con Trump. Nadie lo hubiera podido lograr. Pero tampoco llegó con el discurso de confrontación que muchos temían. Su papel ha sido —hasta ahora— el de intermediaria racional, no ideológica, entre Washington y América Latina.

México no puede darse el lujo de romper con Estados Unidos por este tema, pero tampoco puede asumir un rol sumiso frente a decisiones que impactan su economía. Sheinbaum lo sabe y por eso ha optado por una diplomacia silenciosa, técnica, enfocada en estabilidad.

Su interlocución con Trump no busca protagonismo mediático; busca evitar sobresaltos. Que el petróleo venezolano no se convierta en un factor de desestabilización regional. Que Pemex no quede atrapado entre decisiones ajenas. Que México siga siendo un actor confiable y no un espectador pasivo.

Nada de esto ocurre en el vacío. Trump no actúa solo como presidente; actúa como candidato permanente. En noviembre se juegan las elecciones del Congreso estadounidense y su margen de maniobra depende de llegar fortalecido.

Para Trump, Venezuela cumple varias funciones:

1. Demuestra control internacional.

2. Refuerza su narrativa de “orden” y “liderazgo”.

3. Le permite hablar de energía, precios y seguridad.

4. Le da resultados tangibles para vender al electorado.

Pero el margen es estrecho. Si la estrategia se percibe como desordenada, intervencionista o caótica, puede volverse en su contra. Un Congreso hostil limitaría su política exterior, abriría investigaciones y desdibujaría acuerdos frágiles como el venezolano.

Por eso Trump necesita “planchar” la situación: petróleo fluyendo, Delcy controlada, región estable. Sin sobresaltos. Sin imágenes incómodas.

El petróleo vuelve a recordarnos una vieja lección: en América Latina, la ideología pasa, pero la geopolítica se queda. Y entenderla —con datos, sin consignas ideológicas— es más urgente que nunca.

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