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Opinión

NADIE FUIMOS CREEL Por Víctor Quintana

Hay de masacres a masacres. Todas dolorosas y execrables, todas vividas como tragedia desde los deudos de las y los asesinados, pero muy desiguales en la forma como se procesan desde el poder. En eso contrastan dos abominables matanzas de jóvenes: la de Creel, Chihuahua, el 16 de agosto de 2008 y la de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010.

Ante esta segunda fue tal la presión de la sociedad civil organizada en Juárez y de la opinión pública nacional, que Calderón y Fernando Gómez Mont, su entonces secretario de gobernación, lanzaron el programa «Todos Somos Juárez», de inversiones en infraestructura social, de programas de seguridad pública, muy cuestionables, por cierto y con pocos resultados, como bien lo atestiguan quien ven y trabajan a Juárez desde abajo. Sin embargo, Calderón se hizo presente varias veces en la vulnerada urbe fronteriza para dar arranque y evaluar la marcha de su tan insuflado programa.

La masacre de Creel es la otra cara de la medalla. A pesar de ser la primera que se dio en el estado de Chihuahua en el marco del calderoniano-baeciano «Operativo Conjunto Chihuahua», su visibilidad, la atención que mereció por parte de los tres órdenes de gobierno es mucho menor a la de Salvárcar. A este poblado enclavado en el corazón de la Sierra Tarahumanara no acudió Calderón a recibir las denuncias y las quejas de las familias afectadas a pesar de que se le invitó especialmente. Ni siquiera el secretario de gobernación o alguien de segundo nivel del gobierno federal. No hubo ni hay ningún programa especial para garantizar la seguridad ciudadana en Creel y en sus alrededores, a pesar de que en marzo de 2010 la población fue tomada durante varias horas por uno de los cárteles, toma incluso filmada por las cámaras de la policía.
Peor todavía a la desatención oficial, hay que sumar  ahora la impunidad de los cómplices de la masacre. Hasta ahora ninguno de los diez supuestos autores materiales han sido detenidos, sólo tres individuos, confesos todos, que les facilitaron los vehículos para escapar conforme lo habían planeado antes de la matanza. Ellos son: Luis Raúl Pérez Alvarado, Sandro Romero Romero y Salvador Villa Cruz. El primero purga ya una condena de 82 años;  el proceso del segundo se ha alargado mucho porque su defensa ha interpuesto amparo tras amparo. Y Salvador Villa Cruz, alias el Villa acaba de ser puesto en libertad a principios de marzo.

La Fiscalía General del Estado acordó, desde el sexenio anterior, como Procuraduría General de Justicia, aplicarle al Villa el «criterio de oportunidad».  Por este recurso, el Ministerio Público llega a un acuerdo con el imputado para prescindir total o parcialmente de la persecución penal en razón de que el imputado proporcionó información útil sobre la participación en el delito de otros imputados. Utilidad que habrá que cuestionar pues de todas maneras los autores materiales de la masacre huyeron. No sólo eso, se libera al Villa de la obligación de reparar el daño a los deudos de las víctimas de la matanza, pues los cerca de 460 mil pesos que se pagaron por el funeral de las 13 personas y las consultas psicológicas para proporcionar terapia a sus familiares, que pagó en su  momento la procuraduría, se «abonan» a favor del Villa. Con esto, la garantía de reparación del daño a las víctimas prácticamente no se cumple o se cumple una mínima parte. Imagine usted: el daño de asesinar a 12 jóvenes y adultos y un bebé se repara con tan sólo 460 mil pesos: poco más de 15 mil pesos por persona ultimada. Hay que aclarar que, tanto los gastos funerarios como las terapias, no sólo constituyen el mínimo de reparación del daño a que tienen derecho las víctimas, también fueron una expresa y formal del gobierno del estado en su tiempo.

En eso está desembocando el caso de la masacre de Creel. En la invisibilización del horrible y doloroso hecho; en el menosprecio a las víctimas; en el apoyo del Estado a los cómplices; en la impunidad total a los autores del homicidio múltiple. Ninguna acción para reparar el daño a la comunidad; ningún programa especial para recomponer el tejido social de Creel. Nada. Nadie fuimos Creel.

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Opinión

No se trata de ellos. Por Caleb Ordóñez T.

“Había más recato”, lo dice sonriendo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador se confiesa ante el país, nos delata que solía hablar con el exministro presidente de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar, para que interviniera en ciertos procesos judiciales.

Caleb Ordóñez T.

Pareciera que López Obrador habla en un mundo al revés. Para el ejecutivo, las órdenes disfrazadas de acuerdos hacia el presidente del tribunal no solo deben de ser toleradas, sino ejecutadas con elegancia. Como si estuviéramos en los años 60’s.

Confiesa sin recato: “(Ahora) Los jueces ordenan que se libere a un delincuente en horas, no 72 horas, en 24 horas, y un sábado y tenemos que andar pendientes para ver si no tiene otras órdenes de aprehensión, en algunos casos sí y ya no salen, pero cuando se daban estos hechos y estaba Zaldívar, se hablaba con él y él podía, respetuoso de las autonomías de los jueces, pero pensando en el interés general, pensando en la justicia, en proteger a los ciudadanos ante el crimen, hablaba con el juez y le decía ‘cuidado con esto’”. Refiriéndose a la prisión domiciliaria del empresario Emilio Lozoya.

El presidente no solo muestra su resentimiento a la ministra Norma Piña por las puertas cerradas la corte que ostenta. También envía un mensaje que retrata su confianza de culminar el sexenio con un profundo poder ejercido, lo cual, a su parecer, debe de ser aplaudido por sus múltiples seguidores. Pretende que lo recuerden como un gobernante “todopoderoso”.

Sus números de aprobación quizá lo hacen sentir tan cómodo que convierte de un pésame por la muerte de un excolaborador, en un reclamo airado contra su oposición, que ya da algunas señales de vida.

El síndrome del administrador

Todos tenemos un pequeño dictador por dentro. Si no, pregúntele a su administrador de algún grupo de WhatsApp al que pertenezca.

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