Opinión

NADIE FUIMOS CREEL Por Víctor Quintana

Hay de masacres a masacres. Todas dolorosas y execrables, todas vividas como tragedia desde los deudos de las y los asesinados, pero muy desiguales en la forma como se procesan desde el poder. En eso contrastan dos abominables matanzas de jóvenes: la de Creel, Chihuahua, el 16 de agosto de 2008 y la de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010.

Ante esta segunda fue tal la presión de la sociedad civil organizada en Juárez y de la opinión pública nacional, que Calderón y Fernando Gómez Mont, su entonces secretario de gobernación, lanzaron el programa «Todos Somos Juárez», de inversiones en infraestructura social, de programas de seguridad pública, muy cuestionables, por cierto y con pocos resultados, como bien lo atestiguan quien ven y trabajan a Juárez desde abajo. Sin embargo, Calderón se hizo presente varias veces en la vulnerada urbe fronteriza para dar arranque y evaluar la marcha de su tan insuflado programa.

La masacre de Creel es la otra cara de la medalla. A pesar de ser la primera que se dio en el estado de Chihuahua en el marco del calderoniano-baeciano «Operativo Conjunto Chihuahua», su visibilidad, la atención que mereció por parte de los tres órdenes de gobierno es mucho menor a la de Salvárcar. A este poblado enclavado en el corazón de la Sierra Tarahumanara no acudió Calderón a recibir las denuncias y las quejas de las familias afectadas a pesar de que se le invitó especialmente. Ni siquiera el secretario de gobernación o alguien de segundo nivel del gobierno federal. No hubo ni hay ningún programa especial para garantizar la seguridad ciudadana en Creel y en sus alrededores, a pesar de que en marzo de 2010 la población fue tomada durante varias horas por uno de los cárteles, toma incluso filmada por las cámaras de la policía.
Peor todavía a la desatención oficial, hay que sumar ahora la impunidad de los cómplices de la masacre. Hasta ahora ninguno de los diez supuestos autores materiales han sido detenidos, sólo tres individuos, confesos todos, que les facilitaron los vehículos para escapar conforme lo habían planeado antes de la matanza. Ellos son: Luis Raúl Pérez Alvarado, Sandro Romero Romero y Salvador Villa Cruz. El primero purga ya una condena de 82 años; el proceso del segundo se ha alargado mucho porque su defensa ha interpuesto amparo tras amparo. Y Salvador Villa Cruz, alias el Villa acaba de ser puesto en libertad a principios de marzo.

La Fiscalía General del Estado acordó, desde el sexenio anterior, como Procuraduría General de Justicia, aplicarle al Villa el «criterio de oportunidad». Por este recurso, el Ministerio Público llega a un acuerdo con el imputado para prescindir total o parcialmente de la persecución penal en razón de que el imputado proporcionó información útil sobre la participación en el delito de otros imputados. Utilidad que habrá que cuestionar pues de todas maneras los autores materiales de la masacre huyeron. No sólo eso, se libera al Villa de la obligación de reparar el daño a los deudos de las víctimas de la matanza, pues los cerca de 460 mil pesos que se pagaron por el funeral de las 13 personas y las consultas psicológicas para proporcionar terapia a sus familiares, que pagó en su momento la procuraduría, se «abonan» a favor del Villa. Con esto, la garantía de reparación del daño a las víctimas prácticamente no se cumple o se cumple una mínima parte. Imagine usted: el daño de asesinar a 12 jóvenes y adultos y un bebé se repara con tan sólo 460 mil pesos: poco más de 15 mil pesos por persona ultimada. Hay que aclarar que, tanto los gastos funerarios como las terapias, no sólo constituyen el mínimo de reparación del daño a que tienen derecho las víctimas, también fueron una expresa y formal del gobierno del estado en su tiempo.

En eso está desembocando el caso de la masacre de Creel. En la invisibilización del horrible y doloroso hecho; en el menosprecio a las víctimas; en el apoyo del Estado a los cómplices; en la impunidad total a los autores del homicidio múltiple. Ninguna acción para reparar el daño a la comunidad; ningún programa especial para recomponer el tejido social de Creel. Nada. Nadie fuimos Creel.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.