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NADIE FUIMOS CREEL Por Víctor Quintana

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Hay de masacres a masacres. Todas dolorosas y execrables, todas vividas como tragedia desde los deudos de las y los asesinados, pero muy desiguales en la forma como se procesan desde el poder. En eso contrastan dos abominables matanzas de jóvenes: la de Creel, Chihuahua, el 16 de agosto de 2008 y la de Villas de Salvárcar, en Ciudad Juárez, el 31 de enero de 2010.

Ante esta segunda fue tal la presión de la sociedad civil organizada en Juárez y de la opinión pública nacional, que Calderón y Fernando Gómez Mont, su entonces secretario de gobernación, lanzaron el programa «Todos Somos Juárez», de inversiones en infraestructura social, de programas de seguridad pública, muy cuestionables, por cierto y con pocos resultados, como bien lo atestiguan quien ven y trabajan a Juárez desde abajo. Sin embargo, Calderón se hizo presente varias veces en la vulnerada urbe fronteriza para dar arranque y evaluar la marcha de su tan insuflado programa.

La masacre de Creel es la otra cara de la medalla. A pesar de ser la primera que se dio en el estado de Chihuahua en el marco del calderoniano-baeciano «Operativo Conjunto Chihuahua», su visibilidad, la atención que mereció por parte de los tres órdenes de gobierno es mucho menor a la de Salvárcar. A este poblado enclavado en el corazón de la Sierra Tarahumanara no acudió Calderón a recibir las denuncias y las quejas de las familias afectadas a pesar de que se le invitó especialmente. Ni siquiera el secretario de gobernación o alguien de segundo nivel del gobierno federal. No hubo ni hay ningún programa especial para garantizar la seguridad ciudadana en Creel y en sus alrededores, a pesar de que en marzo de 2010 la población fue tomada durante varias horas por uno de los cárteles, toma incluso filmada por las cámaras de la policía.
Peor todavía a la desatención oficial, hay que sumar  ahora la impunidad de los cómplices de la masacre. Hasta ahora ninguno de los diez supuestos autores materiales han sido detenidos, sólo tres individuos, confesos todos, que les facilitaron los vehículos para escapar conforme lo habían planeado antes de la matanza. Ellos son: Luis Raúl Pérez Alvarado, Sandro Romero Romero y Salvador Villa Cruz. El primero purga ya una condena de 82 años;  el proceso del segundo se ha alargado mucho porque su defensa ha interpuesto amparo tras amparo. Y Salvador Villa Cruz, alias el Villa acaba de ser puesto en libertad a principios de marzo.

La Fiscalía General del Estado acordó, desde el sexenio anterior, como Procuraduría General de Justicia, aplicarle al Villa el «criterio de oportunidad».  Por este recurso, el Ministerio Público llega a un acuerdo con el imputado para prescindir total o parcialmente de la persecución penal en razón de que el imputado proporcionó información útil sobre la participación en el delito de otros imputados. Utilidad que habrá que cuestionar pues de todas maneras los autores materiales de la masacre huyeron. No sólo eso, se libera al Villa de la obligación de reparar el daño a los deudos de las víctimas de la matanza, pues los cerca de 460 mil pesos que se pagaron por el funeral de las 13 personas y las consultas psicológicas para proporcionar terapia a sus familiares, que pagó en su  momento la procuraduría, se «abonan» a favor del Villa. Con esto, la garantía de reparación del daño a las víctimas prácticamente no se cumple o se cumple una mínima parte. Imagine usted: el daño de asesinar a 12 jóvenes y adultos y un bebé se repara con tan sólo 460 mil pesos: poco más de 15 mil pesos por persona ultimada. Hay que aclarar que, tanto los gastos funerarios como las terapias, no sólo constituyen el mínimo de reparación del daño a que tienen derecho las víctimas, también fueron una expresa y formal del gobierno del estado en su tiempo.

En eso está desembocando el caso de la masacre de Creel. En la invisibilización del horrible y doloroso hecho; en el menosprecio a las víctimas; en el apoyo del Estado a los cómplices; en la impunidad total a los autores del homicidio múltiple. Ninguna acción para reparar el daño a la comunidad; ningún programa especial para recomponer el tejido social de Creel. Nada. Nadie fuimos Creel.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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