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México

Narcos buscan renovar pactos con gobiernos a través de elecciones 2021

Un informe de la organización International Crisis Group (ICG) da cuenta sobre operaciones de la narcopolítica en México, donde grupos criminales pueden apostar por candidaturas para verse beneficiados.

Los comicios del próximo 6 de junio pueden ser vistos como una “gran fiesta democrática” por las autoridades electorales, pero también significan puerta de acceso al poder para cárteles que invirtieron en una alcaldía, el eslabón más débil de los órdenes de gobierno y de fácil captura.

“Las elecciones mexicanas son más que una competencia entre candidatos por el respaldo popular. También son un foro para que los grupos criminales obtengan, prolonguen y consoliden su acceso al poder estatal”, señala el ICG en su informe sobre América Latina No. 89, publicado este 2 de junio.

A través del análisis sobre la región de Tierra Caliente en Michoacán, este reporte describe cómo operan criminales, políticos y fuerzas de seguridad durante el proceso electoral.

Si bien, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha reiterado que ya no hay pactos en su administración, el reporte consigna que esos acuerdos continúan, pero conllevan grados de complejidad en zonas como Michoacán, donde no se actualizan dominios extendidos de una asociación hegemónica.

En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)En un comunicado de semanas pasadas el CJNG aseguró no intervenir en elecciones en la costa de Michoacán (Foto: Captura de Twitter / @CjngCosta)

“Las facciones criminales se disputan fragmentos del Estado mexicano, por lo que los involucrados se han visto envueltos en una red de relaciones en la que las rupturas violentas son frecuentes”, advierte el informe.

Y es que en la entidad michoacana hay conflictos permanentes, porque células locales resisten a perder su poderío, el cual se ha arraigado con el paso de los años por las mismas complicidades que forjaron.

Por otra parte, en esa búsqueda de llevar la delantera a rivales, atacan a fuerzas de seguridad que identifican con sus enemigos, pues consideran que sus rivales y la fracción de autoridad tienen acuerdos para afectarles.

“Es la misma mamada que antes, pero más pendeja, más desorganizada”, señaló al ICG un intermediario que logró acuerdos con la Guardia Nacional a favor del Cártel Jalisco Nueva Generación.

Supuestamente, el robo de hidrocarburos negociado en el centro y norte de México, está protegido por esos convenios a nivel federal. Además, jefes militares regionales siguen operando con altos niveles de autonomía, de ahí su margen para establecer conexiones con criminales.

Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)Las del próximo 6 de junio serán las elecciones más grandes en la historia de México (EFE/Miguel Sierra)

La organización critica que las políticas de seguridad del gobierno de López Obrador son de apariencia pasiva, en tanto que existe falta de interés para por cortar vínculos entre crimen y funcionarios.

Al respecto del entendimiento en Tierra Caliente, otro operador de grupos que disputan el territorio indicó que lleva buena relación con el comandante local de la Guardia Nacional, y pese a recibir apoyo, agregó que sus rivales habían llegado al mismo pacto con agentes de jerarquía y funcionarios de alto nivel en otras regiones.

Contar con respaldo del gobierno, indica el ICG, da pauta para “crecer”, sabotear los convenios de sus enemigos y garantías de impunidad. Así como tener de servicio a la policía, acceder a información de inteligencia, u obtener parte del presupuesto a forma de salarios, pero sin trabajar. Esto es lo que puede negociarse en cada etapa de elecciones.

“Los grupos criminales en Tierra Caliente tienen tanta influencia que los candidatos con frecuencia se acercan a ellos en busca de apoyo”, reporta el ICG.

De acuerdo con datos citados por la organización, el tope de gastos de campaña autorizado ronda los 333 mil pesos para contender por una alcaldía de Michoacán. Pero aquellos que desean comprar votos o regalar despensas invierten entre 10, 15 y hasta 20 millones de pesos.

Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)Jefes militares en cada región tienen margen de autonomía para negociar pactos (Foto: Twitter/GHOSTDEVIIL)

De ahí que el financiamiento ilícito sea una ventana de oportunidad. Además, los grupos criminales pueden recurrir a sus operadores para canalizar cierta cantidad de electores, a veces a costa de amenazas.

Aunado a esto, los aspirantes pueden tener nexos previos con facciones delictivas, lo cual facilita operaciones para seguir con el dominio en una región. Ya sea por lazos directos o indirectos, mediante quienes conforman su equipo.

Sin embargo, los convenios con aspirantes no siempre son respetados. Una fuente militar aseguró a Crisis Group que puede haber “municipios paraíso” donde no hay nada de violencia porque eso se ha convenido.

Pero a nivel de gubernaturas, pueden vender el territorio a facciones que están en competencia. Aunque en ocasiones solo se obtiene la mitad de lo prometido, apuntó un operador criminal, es mejor que hacerse de enemigos a los funcionarios. Pero otros pueden desencadenar olas de violencia ante el enojo de no ver recuperadas sus inversiones, por ejemplo, con asesinatos de policías.

El domingo próximo se llevarán a cabo los comicios más grandes en la historia del país en más de 162 mil casillas electorales a las que podrán acudir más de 90 millones de ciudadanos. Se elegirán 20 mil 417 cargos a lo largo y ancho de México, incluyendo 15 gubernaturas.

Por parte del gobierno federal se asegura que hay condiciones para votaciones en orden y tranquilidad. Aunque existen focos rojos, se descarta inestabilidad generalizada. La Guardia Nacional vigilará el desarrollo de las elecciones.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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