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Chihuahua

Niegan a periodistas en Juárez seguros de vida

Las empresas aseguradoras y bancos se niegan a contratar un seguro de vida para los comunicadores afiliados a la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, organismo  registrado como una asociación civil, dijo el presidente de la misma.

Dio a conocer que sostuvo una reunión con Javier Corral Jurado, candidato a Senador del PAN, para que en caso de ganar la candidatura, incluya en su agenda legislativa las figuras de protección para los periodistas de los que muchos no cuentan con seguridad social por parte de las empresas en las que trabajan.

Informó que desde el año pasado el anterior presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez, Jesús Meza Vega, denunció que compañías de seguros rechazaron firmar contratos con los periodistas locales y otras exigieron cuotas extras por otorgar la cobertura.

Durante el 2011 fue la empresa Inbursa la que se negó a renovar el contrato “por disposición corporativa” e informó que ya no se abrían o renovaban pólizas grupales en Ciudad Juárez ante la violencia imperante.

De manera extraoficial agentes locales de seguros comentaron que hace tiempo sus compañías decidieron excluir algunas profesiones que se volvieron riesgosas en las llamadas “zonas de guerra” que existen en zonas fronterizas como Ciudad Juárez, Chihuahua, además de Reynosa, Tamaulipas, y en el interior la ciudad de Torreón, Coahuila

En esta ocasión Roberto Delgado Escalante y Enrique Torres Valadez, presidente e integrante de la Asociación de Periodistas en Ciudad Juárez, respectivamente, denunciaron prácticas de discriminación que sufren en esta ciudad los profesionales de la comunicación por parte de las empresas aseguradoras y crediticias.

En el encuentro que sostuvieron este día con Javier Corral, candidato por el Partido Acción Nacional al Senado de la República, los periodistas juarenses señalaron se les está negando la otorgación de seguros de vida y créditos por parte de las empresas financieras, argumentando el alto riesgo en el que esta actividad se ejerce.

Delgado pidió a Javier Corral que incluya dentro de las reformas  de cambio estructural que ha planteado en el país, una legislación que otorgue un estatus de protección al periodista y se garanticen sus derechos, tanto laborales como de asistencia social y crediticia, prohibiendo estas prácticas de discriminación.

Corral Jurado se comprometió a luchar para que se incorpore a la legislación cinco figuras que garanticen plenamente los derechos de los trabajadores de los medios de comunicación: a) el derecho al salario profesional y la seguridad social; b) la cláusula de conciencia como un derecho de estatuto laboral; c) el respeto a la integridad del trabajo profesional; d) el respeto a la secrecía de las fuentes de información; y e) la colegiación profesional del gremio periodístico.

Indicó que en una ley especializada o en la Ley Federal de Trabajo debe contemplar esas cinco figuras que se han conquistado en el mundo democrático y que urge que en México se integren.

 

Señaló que con ello no sólo se protege el trabajo de los periodistas, «sino se hace florecer la libertad de expresión cuando este ejercicio se realiza protegido.»

 

El político juarense dijo además que se abocará a los casos de discriminación en materia de créditos y de seguros de vida que denunciaron los periodistas.

 

Mencionó que este hecho es altamente preocupante para el ejercicio del periodismo en este lugar fronterizo, toda vez que ha sido Ciudad Juárez, la ciudad en donde más periodistas han caído en el ejercicio de su profesión.

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Chihuahua

Empresarios advierten retroceso institucional por reformas que eliminan el Coneval y restringen retiros de Afores

Chihuahua, Chih.— La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Chihuahua manifestó su profunda preocupación ante la aprobación, por parte del Congreso de la Unión, de dos reformas que —a juicio del sector empresarial— representan un retroceso en la gobernanza pública y una afectación directa a millones de ciudadanos.

Jorge Treviño, presidente del organismo empresarial en el estado, cuestionó que dichas reformas —la desaparición del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y la modificación al artículo 191 que impone nuevos candados al retiro por desempleo en las Afores— fueron aprobadas de forma acelerada, sin el debate suficiente y en medio de un contexto nacional e internacional de distracción política.

“La desaparición del Coneval implica un retroceso alarmante en la evaluación técnica y objetiva de las políticas sociales. Se elimina una de las pocas instituciones autónomas con prestigio internacional, sin ofrecer una alternativa con igual independencia ni claridad legal sobre la transición”, señala el comunicado difundido por Coparmex.

El Coneval, añade el documento, era una herramienta indispensable para medir la pobreza con criterios técnicos verificables. Su eliminación, sin preservar su estructura ni su autonomía, desmantela la capacidad del Estado mexicano para tomar decisiones con base en evidencia y no en discursos.

Respecto a la reforma al sistema de pensiones, Coparmex advierte que las nuevas restricciones al retiro por desempleo en las Afores —aunque pretenden frenar abusos— terminarán castigando a quienes más necesitan el recurso: trabajadores jóvenes, informales o con trayectorias laborales intermitentes.

“México carece de un seguro de desempleo formal. Para millones de trabajadores, el ahorro pensionario es el único respaldo ante la pérdida de ingresos. Restringirlo sin construir alternativas agrava la vulnerabilidad de los sectores más frágiles”, advirtió la organización.

Ante este escenario, Coparmex Chihuahua exigió tres medidas urgentes:

Que se garantice la autonomía técnica y operativa del organismo que asuma las funciones del Coneval, con presupuesto suficiente y un marco legal robusto.

Que se diseñe e implemente un seguro de desempleo sólido, sin seguir debilitando el fondo de retiro de los trabajadores.

Que el Congreso legisle con transparencia, evidencia y participación, evitando periodos legislativos extraordinarios que faciliten reformas sin diálogo.

“México no puede permitirse reformas improvisadas que responden más a intereses políticos que a soluciones estructurales. Sin evidencia, sin transparencia y sin instituciones sólidas, no hay desarrollo sostenible ni certidumbre para la ciudadanía”, concluye el posicionamiento empresarial.

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