Opinión

No me leas sin cambiar. Por Itali Heide

<A mí me pasó>, dijo una voz. <A mi también>, contestó otra. <Me sucedió algo similar>, ella confesó. Las voces fueron creciendo en magnitud y fuerza, hasta que se convirtió en un arma poderosa: la empatía. Sí, a todas nos ha pasado. En el espectro de violencia y discriminación de género, absolutamente todas las mujeres hemos ocupado un lugar.

Las <afortunadas> (léase con sarcasmo) estarán sometidas al menor de los males: piropos en la calle, atención no solicitada, brechas salariales, chismes, comentarios inapropiados en el trabajo, miradas con morbo, comentarios vulgares. Sin embargo, la gran mayoría de las mujeres no experimentan solamente el hostigamiento superficial. Sistemáticamente, las mujeres, especialmente las que se encuentran en situaciones vulnerables de pobreza y violencia, tienen problemas de acceso a la educación, falta de autonomía corporal, falta de representación política y falta de protección legal. Más allá del sistema, vivimos en un país donde el machismo está presente en nuestro día a día. Un país donde los feminicidios son cosa de cada día, donde las niñas y los niños son violados, donde el abuso físico, mental y sexual es una condición inevitable por el simple hecho de nacer mujer.

¿Lo anterior? No me lo saqué del aire, no son suposiciones, ni siquiera hemos entrado a los datos duros. El INEGI encontró en 2020 que el 9% de los hogares en México se vieron afectados por la violencia familiar. Redondeando, casi uno de cada diez. UNO de cada DIEZ. ¿A cuántas familias conoces? Cuéntalas, y luego con mirada retrospectiva pregúntate: ¿qué señales ignoré? Lo más difícil es aceptar la realidad de la violencia hacia las mujeres y los niños en la vida cotidiana. Nuestra banalidad ideológica nos ruega cambiar de percepción, incluso cuando alguien que nunca pensaste que fuera capaz de ejercer violencia, ya sea emocional, física o sexual, es denunciado por estos mismos actos.

Es ahora cuando la culpa colectiva se vuelve individual: <¿por qué nunca dije nada?>, <¿por qué no lo vi venir?>, <¿por qué ignoré los memes machistas, las bromas pesadas, los comentarios vulgares?>. Porque así nos han criado, simple y sencillamente. Los niños de los noventa y la generación Z somos los primeros en desafiar colectivamente el <así siempre se ha hecho y así lo seguiremos haciendo> con educación basada en la inclusión y la igualdad. No fuimos los primeros, ya que recordamos a todos aquellos que lucharon por los derechos que hoy tenemos garantizados, pero definitivamente no seremos los últimos. Todavía no estamos donde necesitamos estar, y no llegaremos en bastante tiempo (ojalá aún estemos con vida para presenciarlo), pero lo mejor es que podemos cambiarlo. Lo repetiré para que quede claro: podemos cambiar el mundo.

No podemos obligarlos a que dejen la ignorancia y encuentren la fuerza y la empatía a través de la introspección. No podemos hacer que acepten, se preocupen o hagan algo por los problemas a los que se enfrentan millones de personas cada día. Mucho menos podemos cambiarlos, al menos que ellos realmente quieran cambiar (una hazaña casi imposible para los que le temen a la alteración). Un efecto secundario común del privilegiado es la ceguera ante la realidad y, por desgracia, demasiadas personas encuentran la paz negándose a reconocer la necesidad de cambio radical.

De veritas, no es tan difícil de hacer. Es tan fácil como reconocer el problema y responsabilizarse (individualmente y colectivamente). Las personas con integridad harán que sus amigos se responsabilicen de sus acciones. Reclamarán cuando se hagan comentarios indignos, dejarán de encubrir a abusadores, incluso se enfrentarán a su propia misoginia interiorizada.

Cuando la gente cambia, también debe hacerlo el sistema que nos gobierna. No podemos proporcionar seguridad a los vulnerables a menos que nos impliquemos todos, exigiendo un cambio en el enfoque cultural que encasilla a hombres y mujeres, el cual los ha considerado por siglos alfa y beta, amo y sumiso, proveedor y cuidador. Somos diferentes, sí. Pero no porque tú seas hombre y yo sea mujer. Somos diferentes porque tu eres un ser humano, y yo soy otro.

Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.