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«no se olvide» de los «presos políticos» de Bolivia

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«Llamo su atención y, a través suyo, a los gobiernos y las instituciones democráticas del continente, señor Almagro, para que los presos políticos de Bolivia y del continente no sean olvidados», ha expresado Áñez en una carta dirigida al OEA y publicada en su cuenta de Twitter.

En la misiva, escrita el pasado 13 de septiembre y posteriormente remitida a la delegación de la Red de Unión de Partidos Latinoamericanos (UPLA), la exmandataria boliviana ha recordado que permanece en prisión desde el 13 de marzo de 2021.

«La prisión política que sufro desde el 13 de marzo de 2021, debería llamar la atención y la preocupación de la OEA, sus organizaciones políticas, sus instituciones democráticas y de defensa de los derechos humanos», ha demandado la expresidenta de Bolivia.

Con todo, ha asegurado que su país ha sido el «primer país de América en privar de libertad a un expresidente acusada por terrorismo», argumentando que sus actos y «la esencia de su mandato» surgieron de la «sucesión constitucional de 2019 por la renuncia, el abandono del país y de sus funciones de las autoridades de gobierno, en ese entonces Evo Morales y Álvaro García Linera».

En este sentido, ha remachado que el Gobierno de Luis Arce «no difiere en sus conductas autocráticas» de las «tiranías que se implementan en Cuba, Nicaragua o Venezuela».

«La justicia para ellos, es la aprehensión y el encarcelamiento de quien no responda a sus doctrinas, su ideología y sus intereses políticos», ha sostenido Áñez en la misiva.

La expresidenta, –en prisión preventiva desde marzo de 2021– está acusada en el marco de lo acontecido en noviembre de 2019, cuando el entonces presidente, Evo Morales, abandonó el cargo. Dos días después, la propia Áñez, entonces senadora, asumió la Presidencia de Bolivia.

Ya a mediados del pasado junio, la exmandataria fue sentenciada a diez años de prisión por el ‘Golpe de Estado II’, uno de los casos que tiene abiertos en su contra por lo ocurrido en 2019, y en el que se le acusaba de actuar contra la Constitución boliviana al autoproclamarse presidenta.

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Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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