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México

Octavio Ocaña “Benito” se disparó accidentalmente e iba alcoholizado, concluye Fiscalía

Octavio Ocaña, actor conocido por su papel de ‘Benito’ en el programa ‘Vecinos’, disparó accidentalmente el arma que lo privó de la vida el pasado viernes, señalan dictámenes periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México  (FGJEM).

El dictamen de mecánica de hechos refiere que durante su huida el conductor perdió el control, salió de la cinta asfáltica y se impactó sobre su parte delantera derecha; en este momento y a consecuencia de la dinámica de este percance el conductor presumiblemente accionó el arma de fuego que portaba en su mano derecha”

La dependencia dio a conocer los resultados de las pruebas practicadas a Octavio Ocaña tras darse a conocer su muerte por impacto de arma de fuego en la cabeza mientras conducía una camioneta gris en la autopista Chamapa-Lechería.

La prueba pericial de balística practicada al arma de fuego que portaba Octavio Ocaña arrojó que ésta corresponde a un calibre .380, y tenía dos cartuchos útiles. En la inspección a la camioneta fue localizado un casquillo percutido, mismo que de igual manera fue sometido a la prueba de balística antes referida y ésta determinó que fue disparado por el arma de fuego calibre .380 ya mencionada”, se informó.

El actor de 22 años huía de una persecución cuando se impactó contra un muro en la autopista Chamapa-Lechería, a la altura de la colonia Prados Iztacala, en Atizapán de Zaragoza. Dos personas que viajaban con él quedaron detenidas.

La FGJEM indicó que el Ministerio Público entrevistó a los dos sujetos que viajaban con Octavio, quienes señalaron que habían estado consumiendo bebidas alcohólicas, cuando circulaban por calles de Cuautitlán Izcalli policías les marcaron el alto, pero hicieron caso omiso y comenzó la persecución.

Este sujeto declaró que en un momento de esta persecución el conductor sacó de la guantera de la camioneta un arma de fuego, la cual empuñó en la mano derecha, mientras conducía con la izquierda y mantenía su huida”, reportó la Fiscalía mexiquense.

La FGJEM indicó que el dictamen de toxicología realizado al actor de 22 años determinó positivo a alcohol, con presencia de etanol por arriba del punto de corte (80mg/ml), con una concentración de 143/mg/dl; de igual manera, resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte (50ng/ml), la cual fue mayor a 100ng/ml.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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