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México

Ofrece La Barbie entregar a El Chapo

En la presunta sociedad entre mandos militares hoy acusados de colaborar con el cártel de los Beltrán Leyva, supuestamente estaba pactado entregar información al Ejército para facilitar la caída del líder del cártel de Sinaloa, Joaquín ´El Chapo´ Guzmán y sus operadores, según declaraciones del testigo protegido ´Jennifer´, que obran en el expediente, en el que se refiere la existencia de llamadas telefónicas y encuentros privados entre narcotraficantes y algunos de los generales inculpados.

Según la averiguación previa PGR/SIEDO/UEIDCS/112/ 2010, el general de División retirado Tomás Ángeles Dauahare, presuntamente recibía pagos mensuales de 500 mil dólares para brindar protección a los Beltrán Leyva y por darles información de inteligencia militar.

Estas acusaciones, son las que buscan revertir los defensores del ex subsecretario de la Defensa Nacional, Ángeles Dauahare, del general en retiro Roberto Dawe; el general Ricardo Escorcia Vargas y el teniente coronel retirado Silvio Isidro de Jesús Hernández Soto, a quienes el lunes se les definirá su situación jurídica, en un caso en el que también están inculpados el general de Brigada, Rubén Pérez Ramírez y el mayor Iván Reyna Muñoz.

Los abogados han entregado pruebas de descargo para desvirtuar estas declaraciones de ´Jennifer´ (Roberto López Nájera, ex operador de los Beltrán Leyva), que aseguran ´son de oídas´, no se sustentan con pruebas, no le constan los hechos, y en las tres declaraciones que emitió fue variando y añadiendo información, por lo que consideran que son inducidas.

En el expediente, ´Jennifer´ aseguró que el narcotraficante Édgar Valdez Villarreal, ´La Barbie´, para quien trabajaba directamente, entregaba 500 mil dólares mensuales al mayor Reyna a quien el capo ´le indicó que era la persona encargada de la relación que sostenía con el general Dauahare, quien en ese momento era subsecretario de la Defensa Nacional y uno de los generales que cooperaba con el cártel de los Beltrán Leyva´.

Afirmó que a finales de enero de 2008, en una reunión con líderes del cártel de ´Los Zetas´ y los Beltrán Leyva, en la ciudad de Taxco, Guerrero, cuando caminaban él y ´La Barbie´ por el campo de golf enfrente del Hotel Monte Taxco, el capo pidió llamar al mayor Reyna para que ´lo comunicara con el general Dauahare´.

´Jennifer´ aseguró que Valdez Villarreal «le dijo vía radio al general Dauahare que ya tenía información de la ubicación de Joaquín ´El Chapo´ Guzmán, y que se la haría llegar por medio del mayor Reyna».

El testimonio obra en el pliego de consignación que la PGR turnó al juez junto con los detenidos.

´Jennifer´ también afirmó que en noviembre de 2007 en una casa de seguridad ubicada en Bosques de Cacao, en Bosques de las Lomas, Distrito Federal, el mayor Reyna le entregó a ´La Barbie´ un sobre que le envió Dauahare, y «cuando sacó los documentos se encontraba un mapa de la República Mexicana en donde se encontraban marcados varios puntos y una lista de diversos números telefónicos y por voz de Iván Reyna escuché que le dijo a ´La Barbie´ que era los números que utilizaba ´El Chapo´ Guzmán».

Detalló: «Recuerdo que los puntos marcados en el mapa era la localización de las antenas donde se ubicaban los teléfonos cada vez que se realizaba una llamada de los números entregados; había fotografías de algunos colaboradores de ´El Chapo´, así como algunos domicilios que la Sedena tenía identificados de miembros de la organización de los Beltrán Leyva».

A principios de febrero, Valdez Villarreal le dijo a ´Jennifer´ que Dauahare había pedido su retiro del Ejército «porque posiblemente descubrieron que había tenido con él una plática días antes y por ello le pidieron la renuncia».

Pero en un interrogatorio del 21 de mayo de 2012 el testigo protegido dijo que nunca conoció personalmente a Dauahare, y tampoco sabía si se reunió con ´La Barbie´.

El mismo testigo aseguró que le consta que el general Escorcia Vargas, entonces encargado de la zona militar en Cuernavaca, Morelos, se reunió a mediados de 2007 en más de dos ocasiones personalmente con el líder del cártel, Arturo Beltrán Leyva, en una casa de seguridad en el fraccionamiento Zumiya.

Sostuvo que el teniente coronel Silvio Hernández, desde septiembre de 2006, colaboraba para la organización y recibía 20 mil dólares mensuales, pues según el testigo, el militar le presentó a otros elementos del Ejército; mientras que al general Dawe le pagó 30 mil dólares por contactarlo con el general Rubén Pérez Ramírez, asignado a la guarnición de Cancún, para facilitar el arribo de aeronaves con droga.

El juez de la causa en contra de los mandos militares acusados por sus presuntos nexos con el narcotráfico, rechazó la solicitud de los defensores de hacer comparecer a los narcotraficantes Édgar Valdez Villarreal, ´La Barbie´, y José Gerardo Álvarez Vázquez, ´El Indio´, por lo que su declaración no formará parte de las pruebas que valore el juzgador.

Autoridades del Poder Judicial indicaron que el titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Procesos Penales federales, Raúl Valerio Ramírez, emitió este viernes diversos acuerdos para desahogar diligencias antes de que defina la situación jurídica de los acusados, en un plazo que se vence la noche del próximo lunes.

Se indicó que tampoco se ampliará la declaración de los ex operadores del cártel de los Beltrán Leyva, Sergio Villarreal con clave de testigo protegido ´Mateo´, y Roberto López Nájera identificado como ´Jennifer´, ante la imposibilidad técnica de que en el plazo que existe puedan comparecer a través de videoconferencia.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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