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Política

ONG’s advierten que no permitirán otro ‘fraude electoral’ como en 1988

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Luego de reunirse a puerta cerrada con el consejero presidente del IFE, Leonardo Valdés Zurita, a nombre de cerca de 600 organizaciones civiles y personalidades de la sociedad en distintos estados del país, Miguel Concha Malo, advirtió que no permitirán un “fraude electoral” como el acontecido en 1988, incluso se advirtió de acciones de “resistencia civil pacífica”.

“Que consideramos que el proceso electoral ha estado viciado y no se han garantizado del todo esos principios constitucionales y esos ordenamientos legales. Sabemos incluso que consejeras y consejeros electorales del propio IFE en varias localidades han expresado su temor de que se haya configurado de nuevo en esta elección federal un fraude, más que nada mediante la compra y coacción del voto, tipificadas como delitos, la inacción de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General de la República (FEPADE), el rebasamiento de los gastos de campaña de los candidatos a la presidencia de la República, y la ilegalidad de su financiamiento”.

En torno al financiamiento de las campañas y sin mencionar las quejas que han presentado por separado el PAN y el PRD en contra de los monederos electrónicos que ha presuntamente ha repartido el PRI, como parte de la compra y coacción del voto, Miguel Concha Malo, de la “Coordinación del Colectivo de Organizaciones Civiles y Sociales”, criticó la actuación del IFE, ello, luego de que la Comisión de Quejas y Denuncias, determinó no girar medidas cautelares en contra del Revolucionario Institucional.

“Por lo que el IFE está obovado a iniciar inmediatamente el procedimiento sancionatorio correspondiente, en cuanto tenga conocimiento de este tipo de actos. Y por ello nos extraña que no haya surtido las medidas cautelares que algunos partidos les solicitaron en días pasados para prevenir que otro de los partidos este usando tarjetas de débito de una empresa particular, para presuntamente financiar acciones de compra y coacción del voto”.

Advirtió que si las y los consejeros no aplican las normas constitucionales y electorales, harán “uso del derecho a la resistencia civil pacífica”.

“Que dadas las desagradables experiencias que hemos tenido en otros comicios federales desde el año 1988, junto con otras ciudadanas, ciudadanos y organizaciones no estamos dispuestos a aceptar otra imposición de autoridades que violenten la voluntad popular, comprometiendo así su legitimidad y violentando aún más las condiciones de paz en nuestro país. Y que en caso de que lamentablemente esta se diera, además de recurrir junto con muchas mexicanas y mexicanos con todo derecho a todas las instancias legales para exigir el respeto irrestricto al voto libre de la ciudadanía, haríamos uso del derecho a la resistencia civil pacífica que nos otorga la Constitución”.

Cabe señalar que el documento intitulado “Proclama por el Rescate de la Nación”, entregado al consejero presidente y el cual se proporcionó una copia a los medios de comunicación, aparecen los nombres de monseñor Raúl Vera, Pablo González Casanova, Javier Sicilia, Rosario Ibarra de Piedra, Sergio Aguayo Quesada, entre otras personalidades.

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Chihuahua

Militantes del PAN analizan solicitar expulsión de Fernanda Martínez

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En grupos de Facebook y WhatsApp integrados por militantes del Partido Acción Nacional (PAN), especialmente entre miembros del Consejo Estatal, comenzó a circular la posibilidad de presentar una solicitud formal para la expulsión de Fernanda Martínez, directora del Instituto Chihuahuense de la Juventud, tras señalamientos por una presunta conducta considerada irrespetuosa hacia otros integrantes del partido.

De acuerdo con versiones difundidas en esos espacios internos, diversos panistas han planteado que la Comisión de Honor y Justicia del PAN intervenga para revisar el caso y, en su caso, determine las sanciones que correspondan conforme a la normatividad interna.

Entre los argumentos expuestos por los militantes se encuentra que el reglamento del partido contempla medidas disciplinarias para conductas que atenten contra el respeto, la disciplina y la convivencia entre sus integrantes, por lo que algunos consideran que el asunto podría derivar en un procedimiento de expulsión.

Asimismo, abogados con experiencia en materia electoral habrían señalado que la denuncia de un solo militante sería suficiente para activar un procedimiento disciplinario ante la Comisión de Honor y Justicia, siempre que existan elementos para iniciar el análisis del caso.

Además del proceso interno partidista, también se ha mencionado la posibilidad de promover una acción ante la Secretaría de la Función Pública, bajo el argumento de un presunto uso de recursos públicos u oficiales para favorecer políticamente a un aspirante o candidato. De comprobarse esa situación, podría iniciarse una revisión administrativa independiente del procedimiento interno del PAN.

Hasta el momento, la discusión permanece en redes sociales y grupos internos de militantes, sin que se haya confirmado de manera pública la presentación de una denuncia formal ante la Comisión de Honor y Justicia del partido.

Se espera conocer si alguno de los militantes inconformes presenta formalmente la queja o si la dirigencia estatal del PAN emite un posicionamiento sobre el tema.

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