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Política

Ordena IFAI a la SEP informar salario de Elba Esther

Ciudad de México  • El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) instruyó a la Secretaría de Educación Pública (SEP) a informar sobre historia laboral, último puesto al momento de su comisión sindical, cargo que ostentaba al 3 de febrero de 2012 y salario diario y mensual de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo Morales.

«La SEP manifestó que en la base de datos del Sistema Integral de Administración de Personal del Sector Central, no se contaba con el porcentaje del sueldo del presidente vitalicio y secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, toda vez que esa información obra en dicha organización gremial».

En cuanto al sueldo, la dependencia señaló que en 1979, por disposición del Ejecutivo Federal, se desconcentraron a las diversas entidades federativas los expedientes del personal que se encontraba adscrito en la SEP a nivel nacional.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública localizó la hoja número 335, en la cual figura el nombre de Elba Esther Gordillo Morales, con número de expediente 217639, y lugar de municipio 13, mismo que fue enviado al Estado de México el primero de agosto de 1979, y que los datos los tenía la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social del Estado de México, a través de los mecanismos locales de transparencia.

En un recurso de revisión turnado a la Comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño, estableció que si bien la SEP transmitió a los gobiernos estatales la dirección de los establecimientos educativos de los servicios de educación preescolar, primaria y secundaria, ese traspaso no implicó que el Ejecutivo Federal se desprendiera de sus atribuciones directivas y de planeación.

«Que en el convenio de descentralización suscrito con el Estado de México, se estableció un mecanismo de rendición de cuentas para que el Ejecutivo Federal verificara del Gobierno Estatal la correcta aplicación de los recursos federales y estatales, que se destinaran a la educación básica en la entidad».

Asimismo el IFAI consideró que la SEP es la responsable de administrar el Registro Nacional de Alumnos, Maestros y Escuelas (RENAME), al que se puede tener acceso, toda vez que es público y se localiza en la página de internet oficial del sujeto obligado.

Durante la revisión del RENAME, la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño encontró que, durante el primer trimestre del año 2011, Elba Esther Gordillo Morales obtuvo ingresos brutos por mil quinientos pesos, por nómina extraordinaria, y setenta y un mil ochocientos ocho pesos, por nómina ordinaria. Además, en ese registro se advierte la comisión que tuvo ante el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el mismo periodo.

Por lo que hace al segundo trimestre del mismo año, la maestra Gordillo Morales obtuvo ingresos brutos, por concepto de nómina extraordinaria, de once mil ciento sesenta y cinco pesos, en tanto que por lo que hace al registro de la nómina ordinaria, obtuvo setenta y nueve mil noventa y un mil pesos.

La última información registrada en el RENAME es la correspondiente al tercer trimestre de 2011, que indica que Gordillo obtuvo durante ese periodo, por nómina extraordinaria, diecisiete mil cuarenta y cuatro pesos y, por nómina ordinaria, sesenta y nueve mil sesenta pesos.

De la misma manera, de la búsqueda de información realizada, se advirtió que en el sitio electrónio de Servicios Educativos Integrados del Estado de México obra información adicional, que arroja discrepancias al ser contrastada con aquella proprocionada por la SEP a través del RENAME.

Por lo anterior, la comisionada María Elena Pérez-Jaén Zermeño propuso revocar la incompetencia invocada originalmente por la dependencia, e instruir a la SEP a hacer una nueva búsqueda de la información en todas sus unidades administrativas, sin omitir su Dirección General de Personal, quien administra las relaciones laborales de los servidores públicos y del sindicato.

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México

Senado abre periodo extraordinario con reformas que permitirían recopilar datos biométricos de ciudadanos

CIUDAD DE MÉXICO.– El Senado de la República inició este lunes un periodo extraordinario de sesiones con una agenda de 16 reformas de alto impacto, entre las que destacan propuestas polémicas por incluir la creación de bases de datos biométricos para diversas finalidades, desde el combate al lavado de dinero hasta la búsqueda de personas desaparecidas y el control de la telefonía móvil.

Tres de las iniciativas más controvertidas son la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, la nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, y la Ley General en materia de Desaparición Forzada. Todas ellas comparten un eje común: la recolección, gestión o utilización de datos biométricos de ciudadanos.

En el caso de la reforma antilavado, se plantea otorgar a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda la facultad de solicitar datos e imágenes a cualquier dependencia del gobierno federal, con el fin de identificar operaciones sospechosas. La propuesta ha sido cuestionada por su ambigüedad en torno a los límites y mecanismos de protección de datos personales.

Respecto a la nueva ley de telecomunicaciones, se busca establecer un registro nacional de usuarios de telefonía móvil con información biométrica, una medida que ya fue declarada inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. A pesar de ello, la iniciativa reaparece en la agenda legislativa, generando preocupaciones sobre una eventual reinstauración de mecanismos de vigilancia masiva.

Por su parte, las modificaciones a la legislación sobre desapariciones prevén incluir datos biométricos de familiares de personas no localizadas, como parte de los protocolos de búsqueda e identificación. Aunque se argumenta que esta medida puede agilizar los procesos, organizaciones de derechos humanos han advertido sobre el riesgo de mal uso de esta información.

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, informó que durante el periodo extraordinario —que se extenderá del 23 de junio al 2 de julio— podrían abordarse hasta 22 reformas, con sesiones incluso programadas para sábado y domingo. Agregó que existe la posibilidad de que la presidenta Claudia Sheinbaum envíe nuevas iniciativas, las cuales se incorporarían a la agenda.

La jornada de este lunes inició con la discusión de la reforma al artículo 60 Bis de la Ley General de Vida Silvestre, que busca prohibir el uso de ejemplares de mamíferos marinos en espectáculos. Sin embargo, el debate de mayor tensión se anticipa conforme avancen los días y se aborden las reformas que tocan temas sensibles como seguridad nacional, telecomunicaciones, fiscalización y derechos fundamentales.

Entre las reformas enlistadas también figura la expedición de una nueva Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, el rediseño normativo de la Guardia Nacional, una nueva Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, y la transferencia de funciones del Coneval al INEGI.

La discusión de estas reformas ocurre en un contexto en el que organismos civiles, expertos y sectores de la oposición advierten sobre una creciente tendencia hacia la centralización del poder y la expansión de facultades de vigilancia del Estado, sin mecanismos de control institucional suficientes.

Los próximos días serán clave para definir el rumbo de estas propuestas y su impacto en los derechos de millones de mexicanos. El debate está abierto, pero la preocupación por el posible uso indiscriminado de datos personales —en nombre de la seguridad— ya es evidente dentro y fuera del Senado.

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