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Ordenan liberar número de afectados por derrames de Grupo México

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El INAI ordenó a la Secretaría de Salud hacer público el número de personas afectadas en su estado físico y las repercusiones en su estado actual de salud por el derrame de más de 40,000 metros cúbicos de lixiviados de cobre en el Río Sonora ocurrido en agosto de 2014.

Con esta orden, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) pretende responder a un particular que solicitó a la dependencia se conociera sobre las repercusiones de aquel derrame del que una de las empresas mineras del Grupo México fue señalada como responsable.

“El pleno del INAI resolvió un recurso de revisión presentado por un particular inconforme con la respuesta del sujeto obligado (la Secretaría de Salud), quien en un primer momento se declaró incompetente para atender la solicitud y recomendó dirigirla a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios y a la Secretaría de Salud del estado de Sonora”, dijo el INAI en un comunicado.

En la etapa de alegatos, la Secretaría de Salud turnó la solicitud a diversas unidades administrativas; sin embargo, hasta la resolución del recurso no demostró haber encontrado y entregado la información reclamada por el particular.

Pero el INAI determinó que la Secretaría de Salud sí es competente para atender la solicitud, ya que cuenta con atribuciones legales para actuar en casos de deterioro súbito en el ambiente que pongan en un peligro inminente a la población.

“Se tiene información pública de que el sujeto obligado (la Secretaría de Salud) ha realizado diversas acciones de monitoreo y atención médica especializada en dermatología, psicología, epidemiología y combate de vectores a la población afectada por el derrame de lixiviados al Río Sonora”, añadió el INAI.

Por lo anterior, el INAI revocó la respuesta de la Secretaría de Salud y le ordenó realizar una búsqueda exhaustiva del número de afectados en su salud, así como su estado actual a causa del derrame de lixiviados de cobre en el río Sonora.

La orden del INAI alcanza a todas las unidades administrativas que pudieran contar con los datos; sin omitir a la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, la Dirección General de Epidemiología, la Dirección General de Promoción de la Salud, la Dirección General de Información en Salud y al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades.

Ácido sulfúrico en ríos de Sonora

En agosto de 2014, la empresa Buenavista del Cobre fue señalada como la causante de una catástrofe medioambiental en los ríos Sonora y Bacanuchi de Sonora, que en la primera de sus repercusiones afectó el suministro de agua potable de 21,000 familias de las localidades vecinas.

En esas fechas, las autoridades federales responsabilizaron a Buenavista del Cobre, propiedad de Grupo México, de haber derramado accidentalmente más de 40,000 metros cúbicos de ácido sulfúrico en aquellos ríos, con lo que además de las familias, también la flora y fauna locales se verían afectadas.

La Procuraduría General de la República (PGR) cateó entonces las instalaciones de Grupo México en Cananea, Sonora, para conocer de los responsables e información sobre el derrame.

El cateo de las instalaciones de Buena Vista del Cobre derivó de una acción legal presentada por la Profepa contra Grupo México el 18 de agosto de ese año, ante el derrame de sustancias tóxicas en los ríos Sonora y Bacanuchi.

La legislación penal mexicana en materia de delitos ambientales establece sanciones económicas por hasta 20 millones 187,000 pesos y penas de presión de hasta nueve años.

Buena Vista del Cobre es una minera que aporta el 18.8% del cobre que Grupo México produce a través de todas sus filiales.

Chihuahua

Maru Campos encabeza reunión semanal de la Mesa de Seguridad

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La gobernadora Maru Campos encabezó la reunión de la Mesa Estatal de Construcción de Paz en Palacio de Gobierno, en la que autoridades revisaron los avances en materia de atención integral a víctimas, protección a mujeres y estrategias de prevención del delito.

Durante la sesión, la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia presentó un reporte sobre la incidencia de delitos, y los avances que tiene en las acciones de prevención e investigación.

Informó que al momento hay 250 generadores de violencia que cumplen con una condena, se ha atendido a 3 mil 679 mujeres con 30 mil servicios en materia psicológica y jurídica. Por su parte, el Instituto Chihuahuense de las Mujeres brindó 8 mil 630 servicios.

Por otra parte, la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer resultados de las intervenciones realizadas en la comunidad de Yoquivo, municipio de Ocampo, donde diversas dependencias estatales llevaron a cabo acciones de atención comunitaria, prevención del delito y búsqueda de personas.

También se brindaron servicios médicos, orientación jurídica, atención a víctimas, entrega de apoyos y actividades de sensibilización para promover la denuncia y el ejercicio de los derechos de la población.

Se efectuaron recorridos preventivos en caminos y comunidades de la región, para fortalecer la presencia institucional y mantener el monitoreo en zonas que registraron hechos relacionados con el delito de trata de personas.

La intervención fue realizada por la Agencia Estatal de Investigación, Fiscalía Especializada en Violación a Derechos Humanos, Comisión de Búsqueda y Desaparición Forzada, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado y Secretaría de Salud.

De acuerdo con el informe, la comunidad expresó estabilidad en el tema de seguridad y manifestó su deseo de que haya más intervenciones conjuntas.

En la asamblea estuvieron presentes el secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña; el secretario de Seguridad Pública del Estado, Gilberto Loya; el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz y en representación de la Fiscalía General de la Republica, Andrea Guzmán.

También asistió el comandante de la 5/a Zona Militar, Felipe González; el coordinador estatal de la Guardia Nacional, Israel Caro; el representante de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fernando Ávila y la delegada de Programas para el Bienestar, Mayra Chávez.

Participó además, Ana Murga, encargada de despacho de la FEM; Raquel Bravo, directora del Instituto Chihuahuense de las Mujeres y Norma Ledezma, comisionada ejecutiva de atención a víctimas.

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