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Ordenó «El Lazca» muerte de Eduardo Moreira

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El hijo mayor del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, fue encontrado muerto el pasado 3 de octubre en Ciudad Acuña, Coahuila. La muerte de José Eduardo Moreira Rodríguez fue ligada a una posible venganza por el asesinato Alejandro Treviño Chávez, sobrino de Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40, uno de los líderes del cártel de Los Zetas.

Vía celular, fue Heriberto Lazcano Lazcano «El Lazca» quien ordenó a sus hombres que asesinaran al hijo del exgobernador y los policías municipales de Ciudad Acuña lo entregaron, revelaron autoridades que participan en la investigación del caso Moreira.

Un periódico de circulación nacional afirma que el gobierno federal cuenta con las llamadas y mensajes que realizó Heriberto Lazcano el 3 de octubre a Miguel Ángel Rodríguez Díaz, “El Alfa-Metro” para que se hiciera cargo del asesinato de un familiar del mandatario coahuilense.

Para lograr el asesinato del hijo de Humberto Moreira se requirió el apoyo de Rodolfo Castillo Montes, subdirector de la corporación policial y quien era amigo de José Eduardo Moreira.

Castillo Montes se reunió con José Eduardo Moreira “después de las seis de la tarde y fue sometido por el supervisor de la policía de Ciudad Acuña, Víctor Landeros Cifuentes, La Iguana, y los oficiales Jorge Tenorio Takajasi, El Taka, y Víctor Carrizales, quienes entregaron a la víctima a Rubén Cifuentes Cadena, El Shaggy, y Carlos Arnulfo Flores Flores para que lo asesinaran”, indica La Jornada.

Las investigaciones de la policía han determiando que el autor de los disparos que causaron la muerte a José Eduardo Moreira fue El Shaggy.

El jueves, personal de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) logró la captura de Carlos Arnulfo Flores Flores El Flaco y/o El Fantasma, presunto autor material de la ejecución de José Eduardo Moreira Rodríguez.

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México

México reporta más de 145 mil repatriaciones de connacionales desde enero

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El Gobierno de México informó que, del 20 de enero al 17 de diciembre, se registraron 145 mil 537 repatriaciones de ciudadanos mexicanos desde Estados Unidos, tras el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca y el endurecimiento de la política antimigratoria en ese país.

La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, dio a conocer las cifras durante una conferencia de prensa, en la que precisó que 116 mil 156 personas fueron repatriadas por vía terrestre y 29 mil 381 por vía aérea. Estas acciones se realizaron en el marco de la Estrategia Nacional de Repatriación México te abraza.

De acuerdo con la funcionaria, 99 mil 924 personas aceptaron ingresar a alguno de los centros de atención habilitados por el gobierno federal. En el caso de las 45 mil 613 que optaron por no hacerlo, señaló que también se les brindó apoyo consistente en alimentación, acceso a llamadas telefónicas, orientación jurídica y ayuda para su traslado a su lugar de origen.

La red de atención opera a través de nueve centros distribuidos en siete entidades del país. Los retornos terrestres se concentran en los estados fronterizos de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas, mientras que la atención aérea se ofrece en Chiapas y Tabasco.

En este contexto, el 18 de diciembre, durante la conmemoración del Día Internacional del Migrante, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió a la situación de las comunidades migrantes y lamentó lo que calificó como una creciente criminalización de este sector. Durante su conferencia matutina, respondió a mensajes recientes de Donald Trump y del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, quienes han promovido deportaciones masivas y la construcción de barreras fronterizas.

La mandataria sostuvo que la migración es un fenómeno motivado por la necesidad y no por una decisión voluntaria, y afirmó que las políticas de persecución carecen de humanidad. Señaló que, desde su perspectiva, las soluciones de fondo deben basarse en la cooperación internacional, el desarrollo económico, la inversión en los países de origen y la reducción de la desigualdad.

Sheinbaum reiteró que la postura del Estado mexicano será la protección de los derechos humanos y la oferta de alternativas consideradas dignas, como el acceso al empleo o la repatriación voluntaria. Estas declaraciones se dan en un escenario marcado por el incremento en las repatriaciones de connacionales durante 2025.

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