Conecta con nosotros

México

Pactan Gobierno, empresas y sindicatos poner límites al outsourcing

Luego de tres meses de negociaciones, el gobierno federal selló un acuerdo con la iniciativa privada y sindicatos para destrabar su iniciativa de reforma a la subcontratación laboral, la cual contempla que esta solo podrá usarse en labores especializadas –no propias del objeto social de las empresas–; al tiempo que prevé limitar el pago de utilidades a los trabajadores a un máximo de 90 días de salario. La reforma legal contempla otorgar un plazo de tres meses para su implementación, y un mes para implementar el nuevo Registro Nacional de Empresas de Subcontratación.

Se trata de un modelo integral que contempla cambios laborales, fiscales y de seguridad social, mismos que serán enviados de manera inmediata a la Cámara de Diputados para que sean considerados en la discusión que deberán llevar a cabo en los próximos días los legisladores para una eventual aprobación.

“Hoy se logró un importante acuerdo entre dirigentes sindicales, empresariales y gobierno en materia de subcontratación y reparto de utilidades en beneficio de todos”, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras el encuentro en su cuenta de Twitter.

Al respecto, la secretaria de Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde expuso que “los acuerdos alcanzados comprenden cinco aspectos: la prohibición de la subcontratación de personal; la regulación de la subcontratación de servicios especializados distintos del objeto social y de la actividad económica preponderante de la empresa contratante; el registro ante la STPS y la inscripción al padrón público de las empresas de subcontratación de servicios y obras especializados; la responsabilidad solidaria en caso de incumplimiento, y el otorgamiento de un plazo de tres meses para que los trabajadores subcontratados pasen a formar parte de la nómina del patrón real.

Adicionalmente, se llegó a un acuerdo sobre el tema de reparto de utilidades para evitar posibles distorsiones en empresas de uso intensivo de capital, creando dos modalidades para el cálculo del reparto, la primera es establecer un tope de tres meses y/o en su caso tomar el promedio de los últimos tres años. “Con esta fórmula se elimina la discrecionalidad y se lograría un incremento del 156% en el monto del reparto de utilidades a los trabajadores”.

De tal manera que se propone una modificación a la Ley Federal del Trabajo en el artículo 127 Fracción VIII establece que “el monto de la participación de utilidades tendrá como límite máximo tres meses del salario del trabajador o el promedio de la participación recibida en los últimos tres años; se aplicará el monto que resulte más favorable al trabajador”.

La titular del Trabajo expuso que “los acuerdos contribuyen a saldar una deuda histórica en favor de las mujeres y hombres que por años han trabajado bajo la figura de la subcontratación y han visto vulnerado sus derechos”.

Al respecto, el director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, comentó que la reforma y el acuerdo están encaminados a “eliminar la subcontratación, la subcontratación abusiva, la subcontratación de la nómina completa de una empresa, como ocurría en muchos casos. Que se prohíba de tajo y que exista la subcontratación de obras y servicios especializados, como debió haber sido siempre”.

Añadió que los cambios facilitarán al IMSS realizar la recaudación como debe de ser, “se calcula que hasta un 14% de la población registrada podía haber estado registrada en algún momento por una de estas empresas, que muchas veces no registran la totalidad del salario, lo cual afecta a los trabajadores, afecta a las empresas, la competitividad, porque a quien está en regla la pone en una desventaja frente a quienes hacen trampa. Entonces, creemos que es un muy buen acuerdo”.

Fuente: El Economista

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

Continuar Leyendo
Publicidad
Publicidad
Publicidad

Más visto