México

Partidos políticos deben contestar preguntas de los ciudadanos: INAI

Los derechos tutelados por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), se encuentran en etapa de consolidación normativa, no está exenta de nuevos desafíos y el número de personas que ejerce el derecho de acceso a la información continúa en ascenso.

El comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, añadió que el interés de la sociedad en saber sobre la cuestión pública, inherente al Estado y sus instituciones sigue en aumento.

En su informe de labores 2017, ante el Senado de la República, destacó que en 2018 será la primera contienda electoral presidencial donde los partidos políticos ante el INAI deben contestar las preguntas de los ciudadanos para que tomen decisiones mejor informadas.

Asimismo, es la primera con la figura de candidatos independientes e implica mayor vigilancia del tratamiento de los datos personales.

Comentó que el INAI forma parte del Sistema Nacional Anticorrupción, por lo que es importante la conclusión de los trabajos parlamentarios para los nombramientos pendientes.

Acuña Llamas añadió que en materia de acceso a la información, el número de personas que ejerce el derecho de acceso a la información continúa creciendo y en el periodo del 1 de octubre de 2016 al 30 septiembre de 2017 se presentaron más de 244 mil solicitudes, lo que representa 20 por ciento de incremento en comparación con el periodo anterior.

Los sujetos obligados con más solicitudes fueron la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, y los institutos Mexicano del Seguro Social y Politécnico Nacional, y se registró incremento de 9.5 por ciento en los medios de impugnación que recibió el INAI.

Señaló que los sujetos obligados han mejorado la forma de responder y en materia de protección de datos personales, la población ha ido tomando mayor conciencia del derecho a la protección de datos personales.

Para el sector público se presentaron más de 43 mil solicitudes de acceso y corrección de datos, el mayor registrado en cuatro trimestres y el INAI resolvió mil 124 impugnaciones, casi 6 por ciento más que el periodo anterior.

En el sector privado, dijo que, en el periodo reportado, se realizaron 85 procedimientos de imposición de sanciones, casi 30 por ciento más que el periodo anterior, lo que se tradujo en multas que ascendieron a 81 millones de pesos.

México

Madres de víctimas exigen justicia en caso de guardería Gussi tras 18 meses

A 18 meses de la denuncia por presuntos casos de violencia sexual en la guardería Gussi, madres de las niñas afectadas se reunieron con la diputada María Antonieta para expresar su preocupación por la falta de avances en las investigaciones de la Fiscalía Especializada de la Mujer (FEM). Las madres relataron que sus hijas, algunas de apenas uno, dos y tres años, estaban bajo el cuidado de la guardería cuando ocurrieron los hechos denunciados.

Las madres manifestaron que, además del dolor por lo sucedido, enfrentan la incertidumbre de un proceso que no les ha brindado la certeza de que las autoridades estén investigando con la seriedad que el caso requiere. La diputada destacó la gravedad de las afirmaciones de las madres, quienes señalaron que desde la FEM se ha sugerido que las agresiones podrían haber ocurrido fuera de la guardería, sin que se les presenten elementos suficientes que respalden dicha hipótesis.

“No se puede investigar para encontrar una explicación que exonere antes de investigar a fondo. Si hay niñas que fueron víctimas de violencia sexual, la obligación de la autoridad es esclarecer qué ocurrió, dónde ocurrió y quiénes son responsables”, afirmó la legisladora.

La diputada informó que su equipo jurídico está revisando el estado de los expedientes y que buscará la colaboración de organizaciones especializadas, como Casa Amiga, para apoyar a las familias y definir una estrategia jurídica que exija resultados a las autoridades.

Este caso pone de manifiesto una falla que trasciende el ámbito de una carpeta de investigación, ya que el Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de las niñas bajo su cuidado. Cuando ocurren incidentes de esta naturaleza, también debe investigar con rigor y proteger a las víctimas.

“No podemos normalizar que unas madres tengan que tocar puertas durante año y medio para conseguir que se investigue lo que ocurrió con sus propias hijas. Las infancias no pueden esperar. Y si alguien, por omisión o negligencia, no está haciendo su trabajo, tendrá que responder por ello”, enfatizó la diputada.

La legisladora reafirmó su compromiso de acompañar a las madres desde su responsabilidad legislativa y utilizará las herramientas a su alcance para exigir que las autoridades competentes actúen con diligencia, perspectiva de infancia y enfoque de derechos humanos, hasta esclarecer los hechos y garantizar justicia para las víctimas.