México
PEN México condena amenazas a periodistas de Sonora
PEN México exige protección inmediata a los cinco reporteros, «cuya identidad no revelamos por obvias razones», aclara PEN Mexico, que destaca que en febrero pasado se registraron 23 agresiones contra la prensa en la entidad.
Los reporteros independientes realizaban una investigación in situ sobre la industria minera, en especial, sobre tres ejidatarios desaparecidos tras ganar una disputa legal contra Minera Penmont S. de RL., una minera estadounidense asociada con la minera La Herradura.
De acuerdo con los testimonios de las víctimas, la tarde de ese lunes entrevistaban a ejidatarios de la zona que fueron amenazados tras ganarle un pleito legal a la minera estadunidense Penmont S de RL de CV, socia de la minera La Herradura, propiedad de Alberto Bailléres, cuando un grupo de encapuchados llegó a bordo de una camioneta Suburban negra y les apuntó con armas largas.
Según el PEN México, los reporteros señalaron que el comando armado supuestamente estaba al servicio de Rafael Pavlovich Durazo, tío de la actual gobernadora Claudia Pavlovich; días después, el señor Rafael se deslindó de los hechos y negó «protección a favor de mi persona» por el gobierno sonorense.
Los periodistas pudieron abandonar ilesos la zona de peligro. La denuncia correspondiente ante el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se hizo el mismo lunes 12. Sin embargo, se emitió declaración sobre los hechos hasta este viernes 16 de marzo, critica PEN México.
México
Gobierno de México reporta avance del 67% en Plan Michoacán
El Gobierno de México ha informado que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia ha alcanzado un avance del 67 por ciento a un año de su implementación. Este programa, que incluye más de 2 mil 500 obras y acciones programadas, ha visto la conclusión de mil 680 de estas iniciativas, además de un ejercicio presupuestal que equivale al 61 por ciento de los recursos destinados para el periodo 2025-2030.
Durante la conferencia matutina del 4 de noviembre, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un balance de los 12 ejes que componen esta estrategia federal, la cual busca atender diversas necesidades en Michoacán a través de intervenciones en seguridad, educación y desarrollo social.
La inversión total proyectada para el programa es de 118 mil millones de pesos, de los cuales se han ejercido aproximadamente 72 mil millones. Sheinbaum destacó que los resultados obtenidos son parte de un esfuerzo continuo que requiere la coordinación entre las instituciones gubernamentales y los diferentes sectores de la sociedad michoacana. “Hemos avanzado, por supuesto que tenemos que seguir trabajando”, afirmó.
En el ámbito de la seguridad, la mandataria aseguró que se han registrado disminuciones en delitos de alto impacto y que se mantienen mecanismos de comunicación y colaboración con representantes de diversos sectores sociales en el estado.
Asimismo, la evaluación del programa incluye indicadores relacionados con la educación, como el número de estudiantes inscritos en las escuelas y la continuidad de los jóvenes en los distintos niveles educativos. Se ha puesto especial énfasis en el seguimiento de los jóvenes que transitan de secundaria a preparatoria y de educación media superior a universidad, apoyados por programas de becas del Gobierno federal.
Sheinbaum enfatizó la importancia de mantener la presencia institucional en Michoacán a través de acciones cotidianas y una comunicación constante con la población, para conocer los resultados de las intervenciones y detectar necesidades pendientes. “Lo importante es que las y los michoacanos sepan que el Gobierno de México está presente en todos los municipios de Michoacán”, concluyó.
El balance presentado corresponde al primer año de ejecución del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, que se extenderá hasta 2030, y contempla la continuidad de las obras y acciones correspondientes a sus 12 ejes de intervención. Aunque se dieron a conocer los porcentajes generales de avance físico y financiero, no se especificaron cifras concretas sobre la reducción de delitos ni los resultados desagregados de los indicadores educativos mencionados.
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