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México

Piden aplicar «castración química» para violadores en EdoMex

Las diputadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Legislatura del Estado de México propusieron reformar el Código Penal de la entidad para aplicar “castración química” a los violadores.

En conferencia de prensa, aclararon que dicha sanción sería “opcional”, ya que aunque también se propone elevar la pena de 10 a 30 años, que actualmente va de 5 a 15 años.

De acuerdo con el artículo 274 bis, el reo puede solicitar al juez purgar la primera mitad de la pena de prisión y someterse a las penas de castración química y tratamiento por el tiempo restante de la condena.

La “castración química” consiste en inyectar un fármaco elaborado a base de hormonas sintéticas —como la depo provera—, que disminuye la intensidad y frecuencia del deseo sexual, evita la erección y la eyaculación.

Las legisladoras Isabel Julia Victoria Rojas de Icaza, Elena Lino Velázquez y Cristina Ruiz Sandoval coincidieron en que debe haber un castigo ejemplar contra los delincuentes que cometen delitos sexuales.

Las diputadas pidieron considerar que en el país suman 450 mil violaciones anuales, de las cuales 90 por ciento son cometidas por varones.

“Con esta propuesta se pretende hacer una combinación de instrumentos y mecanismos legales para responder con severidad a la exigencia de reducir las violaciones y castigarlas con todo el peso de la ley.”

En otros países en los que se aplica esta sanción, los índices en este delito reportan una disminución de 70 por ciento, tal es el caso de Estados Unidos, Alemania, Canadá, Dinamarca, Australia, España y Polonia.

Para avalar la propuesta, que después fue enviada a comisiones, se proponen reformas al artículo 56, que se refiere a la finalidad de la castración química, además de 273, que hace mención a la penalidad, que será de 10 a 30 años.

El artículo 274 menciona que “el reo puede solicitar purgar la mitad de la pena y someterse a castración química por el tiempo restante de la condena”.

La bancada del PRI mexiquense cuenta con cinco diputadas, y tres presentaron la propuesta, pues Flora Martha Angón Paz y María José Alcalá Izquerra tienen licencia temporal.

Hace un año en el Estado de México se aprobaron reformas al Código Penal donde se contempla imponer prisión vitalicia a quien cometa feminicidio, homicidio calificado y violación.

En el artículo 149 se apunta que si el delito fuera cometido por servidores públicos de las instituciones de seguridad pública o de administración de justicia, la pena aumentará hasta en una mitad más de la que le corresponda y el funcionario será destituido e inhabilitado por un plazo igual a la pena privativa de libertad impuesta.

En el artículo 242, fracción dos, se establece que al responsable de un homicidio calificado se le impondrán de 40 a 70 años de prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días de salario mínimo.

En tanto, el artículo 274, relacionado con la violación, fracción 4, apunta que cuando por razón del delito de violación causare la muerte, se impondrán de 40 a 70 años de prisión o prisión vitalicia y de 700 a cinco mil días de salario mínimo.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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