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Piden indulto para Fujimori

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Los hijos del expresidente peruano Alberto Fujimori, que purga 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad, presentaron hoy una solicitud de indulto humanitario para su padre, que ha polarizado la opinión pública y política del país.

Keiko, Sachi, Kenji y Hiro se dirigieron primero al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos para entregar un amplio expediente sustentado «en informes médicos» sobre el estado de salud de Fujimori, quien según ellos es un «paciente de cáncer de alto riesgo».

Keiko, quien perdió las elecciones presidenciales del año pasado ante el actual presidente, Ollanta Humala, afirmó que esperaba que esta solicitud se resuelva «con un criterio humano».

Los hermanos Fujimori fueron después a Palacio de Gobierno para entregar una carta personal a Humala, en la que le indican que ya presentaron el pedido de la gracia presidencial junto a una copia de la solicitud. «Esperamos que el presidente Humala analice el caso de nuestro padre de manera objetiva, sin apasionamiento político y analizando el caso médico», aseveró la hija del expresidente.

En los exteriores de Palacio de Gobierno, un pequeño grupo de simpatizantes acompañó a los hijos de Fujimori y solicitó la libertad de su líder lanzando arengas y con mensajes alusivos en pancartas.

La excandidata presidencial y además excongresista pidió «celeridad» en la respuesta al indulto, dijo que esperaba que el proceso dure entre uno y dos meses y que aguardarán «con mucha fe y esperanza» el resultado de su solicitud.

Momentos antes, durante una conferencia de prensa en Palacio de Gobierno, el presidente del Consejo de Ministros, Juan Jiménez, señaló que no existe un plazo fijo para resolver la solicitud de Fujimori. «Los plazos pueden ser largos o cortos, depende de la complejidad de cada caso. No hay un plazo establecido», afirmó Jiménez.

Según el jefe del Gabinete, la Comisión de Gracias Presidenciales del Ministerio será la encargada de evaluar la solicitud y de emitir un dictamen para que sea elevado al Presidente. Keiko expresó que espera «buena voluntad y magnanimidad» tras la solicitud del indulto.

«Es un pedido netamente humanitario. Seguramente tendrá otro tipo de connotaciones, esperamos que se vea como lo que es, un indulto bajo criterios médicos», resaltó. La hija de Fujimori dijo que si procede el indulto el Gobierno «tendrá la gratitud» de la familia, pero que ella y su hermano Kenji, quien es congresista, mantendrán su línea política de oposición.

Los sectores que se oponen al indulto de Alberto Fujimori aducen que su estado de salud es mejor que el de muchos reos en las cárceles peruanas y que su puesta en libertad supondrá un respaldo a la impunidad de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante su gobierno.

El 23 de agosto pasado, Fujimori, de 74 años, fue operado por quinta vez por una lesión recurrente en la lengua, y tras sufrir complicaciones de cicatrización tuvo que ser hospitalizado.

«La salud de mi padre en los últimos años se ha venido deteriorando como es de público conocimiento. Se han adjuntado certificados de las patologías. Se le detectó un carcinoma in situ, luego infiltrante y después displasias, que son lesiones precancerígenas», dijo hoy Keiko Fujimori.

Los médicos que tratan a Fujimori en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas indicaron que es un paciente que tuvo un cáncer en la lengua que se encuentra controlado.

En el 2000, Fujimori renunció vía fax a la presidencia peruana desde Japón al descubrirse la telaraña de corrupción que existía en su Gobierno (1990-2000), a partir de la difusión de un vídeo donde se muestra a su entonces asesor presidencial Vladimiro Montesinos comprando a un congresista de la oposición.

Durante su estadía en Japón, Fujimori postuló al Senado de ese país en su calidad de ciudadano japonés, pero no ganó las elecciones, y en 2005 se trasladó a Chile donde fue detenido.

En 2007 Chile extraditó a Fujimori a Perú por dos delitos de lesa humanidad y cinco de corrupción, y en 2009 fue sentenciado a 25 años de prisión por el asesinato de 25 personas y dos secuestros durante su Gobierno.

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Nota Principal

Ordenan indemnización millonaria por accidente aéreo en Cuba que dejó 112 muertos

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Un juez mexicano ordenó el pago de indemnizaciones tras el accidente aéreo ocurrido en 2018 en Cuba, donde murieron 112 personas, al determinar que el siniestro estuvo relacionado con fallas en el mantenimiento de la aeronave.

De acuerdo con documentos judiciales fechados el 31 de marzo y consultados por The Washington Post a través de la Agencia AP, un peritaje independiente concluyó que el hecho fue un “accidente institucional” derivado de negligencia sistemática en los trabajos de mantenimiento, señalando que el avión no debió despegar.

Con base en estos hallazgos, el juez resolvió que la empresa Aerolíneas Damojh, que operaba bajo el nombre comercial Global Air, deberá pagar 1.5 millones de dólares a cada una de las familias de los cuatro tripulantes mexicanos que promovieron la demanda inicial. La aerolínea no se presentó al juicio, por lo que fue sentenciada en ausencia.

El accidente involucró un Boeing 737 que se desplomó en un campo agrícola poco después de despegar del Aeropuerto Internacional José Martí. De las 113 personas a bordo, solo una mujer sobrevivió, mientras que la mayoría de las víctimas eran de nacionalidad cubana.

El informe pericial citado establece que los pilotos fueron la última línea de defensa, sin lograr evitar el impacto. Asimismo, señala que la causa principal fue la falta de mantenimiento adecuado por parte de la empresa propietaria.

El abogado de los demandantes, Samuel González, afirmó que desde el primer día en La Habana, el jefe de mantenimiento de la compañía reconoció ante los familiares que la aeronave no debía estar en operación.

La sentencia también identificó omisiones en los protocolos y deficiencias en la supervisión, factores que derivaron en el accidente y en la apertura de procesos legales por homicidio y demandas colectivas.

Mientras en Cuba las autoridades atribuyeron el hecho a error humano, en México se suspendió temporalmente a la empresa y se inició una investigación, sin que hasta el momento se haya informado su avance.

El litigio continúa, ya que se mantiene una demanda civil colectiva en representación de las víctimas, además de una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República. Según la defensa, la investigación enfrenta obstáculos debido a la falta de información por parte de autoridades cubanas.

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