El Gobierno de México y la República Dominicana han decidido enfrentar juntos una crisis ambiental que amenaza sus costas caribeñas: la masiva llegada de sargazo. El canciller dominicano Roberto Álvarez, junto a altos funcionarios mexicanos, propuso la creación de una mesa bilateral interinstitucional que reúna a las cancillerías y a los ministerios de medio ambiente de ambos países para coordinar acciones inmediatas.

El sargazo, un alga marina que en condiciones normales es parte del ecosistema, se ha convertido en una plaga. Las enormes cantidades que llegan a las playas provocan graves daños: generan gases irritantes, sofocan ecosistemas marinos y ahuyentan al turismo, uno de los motores económicos de la región. Hoteleros y trabajadores de playa libran una batalla diaria para retirar las montañas de algas en descomposición.

En la última década, los florecimientos de sargazo en el Atlántico han aumentado de manera alarmante. Expertos señalan que la causa principal es la contaminación por nutrientes derivada de la deforestación, el aumento de la temperatura oceánica y cambios en las corrientes marinas, que empujan estas algas hacia el oeste, hasta las costas caribeñas.

Según el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, el turismo podría aportar en 2025 hasta 281 mil millones de dólares a la economía mexicana y 21 mil millones a la dominicana, representando alrededor del 15% del PIB de cada país. Sin embargo, esta bonanza está en riesgo: la Universidad Nacional Autónoma de México advirtió en junio que los niveles de sargazo podrían duplicar los picos de 2018, con la llegada de hasta 400 mil toneladas a lo largo de este año, de las cuales un cuarto impactaría en México.

Ante la magnitud del problema, algunos países exploran usos productivos para el sargazo, como biocombustibles, fertilizantes o bioplásticos. No obstante, el proceso para eliminar toxinas y metales pesados como el arsénico es costoso y la investigación aún está en etapas iniciales. Además, la imprevisibilidad de los brotes dificulta atraer inversión privada que garantice cosechas constantes.

La propuesta de México y República Dominicana busca no solo enfrentar la emergencia, sino sentar las bases para una cooperación sostenida que permita proteger sus ecosistemas, preservar el atractivo turístico y, eventualmente, convertir esta amenaza en una oportunidad económica.