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México

Piden PAN y PRD primero investigar las elecciones antes de validarlas

Los líderes del Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) pidieron a las autoridades electorales que se desahoguen y aclaren las supuestas irregularidades que se han denunciado en torno a la elección antes de que sea validada.

“Que se desahogue y aclaren las irregularidades antes de la calificación de la elección para saber la magnitud, el origen de estos recursos ilegales que han sido denunciados y la presunción de lavado de dinero”, dijo Gustavo Madero del PAN.

“Debe atenderse, clarificarse y resolverse haciendo las diligencias necesarias que correspondan antes de que el tribunal emita la sentencia correspondiente”, agregó Jesús Zambrano del PRD.

El candidato de la izquierda, Andrés Manuel López Obrador, acusó este miércoles al virtual ganador de la elección presidencial, Enrique Peña Nieto, de beneficiarse con dinero de procedencia ilícita, un señalamiento que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) consideró una «abierta difamación».

«Peña Nieto se benefició con dinero de procedencia ilícita, con lo que comúnmente se llama lavado de dinero», dijo el candidato este miércoles en conferencia de prensa.

“Estamos unidos en la exigencia de que se aclaren, se sancionen estas denuncias presentadas antes de la jornada electoral. Queremos solicitarle al IFE que utilice todos los recursos que le hemos dotado en la reforma legal para que utilice la posibilidad de superar el secretario bancario y solicite a la Secretaría de Hacienda la información del manejo de estos recursos pero que también se amplíe a los retiros en efectivo que hayan hecho los gobiernos estatales durante los 90 días que duró el proceso electoral”, explicó Gustavo Madero.

El PRI, en un comunicado emitido este miércoles, respondió a la denuncia y dijo que ésta, además de infundada y de ser una «abierta difamación», representa una estrategia de López Obrador para «mantenerse vigente en la opinión pública e impedir la renovación generacional en el liderazgo de  las izquierdas».

«(…) el señor López Obrador y su equipo van de mentira en mentira. Bajo esta lógica, demandó el conteo voto por voto y cuando éste se verificó y confirmó el resultado, cambió su argumento a la compra masiva de sufragios, que tampoco pudo sostener y ahora lanza otra acusación inverosímil de lavado de dinero», cita el texto del comunicado.

La semana pasada el presidente del PAN, Gustavo Madero, señaló que durante la elección habían existido irregularidades como como el mal uso de las encuestas, la participación de gobernadores, una cobertura en medios de comunicación inequitativa y el manejo de recursos ilícitos con tarjetas de prepago de Banca Monex.

Jaime Cárdenas, encargado del equipo jurídico de la coalición Movimiento Progresista, que respalda a López Obrador, presentó este miércoles lo que consideró pruebas de una serie de empresas que constituyeron una supuesta estructura paralela de financiamiento a la campaña del candidato del PRI a través del Grupo Financiero Monex.

Según la denuncia de la izquierda, las empresas Comercializadora Atama, Grupo Koleos, Grupo Empresarial Tiguan y la persona física Rodrigo Fernández Noriega, depositaron más de 100 millones de pesos para que dos firmas: Grupo Comercial Inizzio e Importadora y Comercializadora Efra, financiaran las tarjetas de prepago Monex Lealtad y Monex Recompensa; con las que se presume, se realizó la compra y coacción del voto.

Madero anunció la semana pasada que su partido no consideraba que hubiera elementos para invalidar la elección pero que el PAN acompañaría al PRD para buscar a los responsables y que hubiera las sanciones correspondientes.

El presidente del PRD, Jesús Zambrano, ha estado acompañando a López Obrador en el proceso para exigir la invalidez de la elección, junto con los otros dos partidos de la Coalición Movimiento Progresista, el Partido del Trabajo (PT) y Movimiento Ciudadano.

El perredista había dicho que buscaría a los panistas para presentar pruebas y argumentos contra la compra y coacción del voto a favor de Peña Nieto.

Madero informó el martes 10 de julio que su partido vigilaría que las autoridades electorales investigaran las posibles irregularidades en la elección, pero que respetaría los resultados del IFE que dan como ganador a Peña Nieto.

“La aceptación de que los votos fueron bien contados no significa que el proceso fue equitativo ni ejemplar. Por el contrario, existe evidencia importante de inequidad severa y de faltas graves”, dijo Madero ese día en conferencia de prensa.

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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