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Pluris Indeseables por Gerardo Cortinas

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La sorpresiva declaración del dirigente estatal priista, Leonel de la Rosa, en el sentido de que las candidatas a diputadas perdedoras de las coaliciones parciales “Unidos por más Progreso” y “Unidos por más Seguridad”, Daniela Garza y Mónica Morales, podrían participar, en la segunda ronda del reparto de las diputaciones plurinominales como candidatas perdedoras del Panal y del PT, generó una cascada de críticas tanto por parte del PAN, como por otros actores políticos, que bien merecen un análisis serio y objetivo.

Para tal efecto, debemos tener presente el mandato constitucional que establece que: “Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido político se asignarán alternada y sucesivamente: en primer lugar, utilizando el sistema de listas previamente registradas por los partidos políticos para tal efecto y, en segundo lugar, atendiendo a los más altos porcentajes de votación válida obtenida en su distrito por cada uno de los candidatos del mismo partido”.

Como se puede apreciar, a simple vista, el reparto de ‘pluris’ en el estado de Chihuahua, mezcla -de manera alternativa y sucesiva- dos principios de representación política: el de mayoría relativa (MR) y el de representación proporcional (RP). De esta manera, en la primera ronda de asignación, tienen derecho a participar aquellos candidatos que ocupan el primer lugar de la lista de diputados ‘pluris’.

En el reparto de diputaciones plurinominales en esta ronda inicial, tienen derecho a participar todos los partidos políticos que obtuvieron el mísero 2% de la votación del total de las 22 elecciones de diputados de MR. La justificación teórica de este reparto es la de garantizar la “pluralidad política” en el seno de la Asamblea Legislativa.

En la segunda ronda, el parámetro de votación (2% al 10%) tiene una variante por demás subjetiva e incierta: el porcentaje de votación más alto obtenido por uno de los candidatos a diputados perdedores; es decir, hasta en tanto el IEE no publique los resultados definitivos de las 22 elecciones de diputados de MR, no es posible determinar quiénes serán los candidatos perdedores con derecho al reparto. Obviamente, dicha asignación violenta los principios rectores electorales de certeza, objetividad e imparcialidad.

En efecto, no es posible que con base a los resultados del PREP, ni los partidos políticos contendientes puedan saber cuales candidatos integrarán la próxima legislatura del Congreso del Estado; a pesar de que el propio texto constitucional prevé la exigencia de que cada partido político registre una lista de candidatos de RP.

A mi parecer, el sistema mixto de asignación de diputaciones de RP es notoriamente inconstitucional, toda vez que la mezcla de los dos principios (MR y RP) constituye un absurdo electoral, ya que no es aceptable, ética y políticamente, asignar un curul a un candidato que participó en la contienda electoral y que el voto popular no le favoreció.

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio del TEPJF en el sentido de que un candidato de una coalición parcial electoral “puede ser tomado en consideración como registrado por el partido político que los postula” siempre y cuando la ley electoral local establezca la obligación legal de que los partidos coaligados señalen, de manera precisa, “a qué grupo parlamentario pertenecerán los candidatos que resulten electos”. Ya que de no ser así, como acontece en la legislación electoral de Chihuahua, no es posible determinar, de manera cierta y precisa, a que grupo parlamentario pertenecerían las dos candidatas perdedoras de las dos coaliciones parciales en los distritos electorales 17 y 19.

Por ello, resulta ridículo y risible que el PAN alegue que la aplicación de la ley electoral vigente le cause agravio, cuando ha sido el propio César Jáuregui quien ha negociado, subrepticiamente, las últimas reformas electorales. Por ello, será interesante indagar si en la impugnación anunciada, el PAN solicitará la no aplicación de la asignación alternada de candidatos de RP; o bien, se conformará con hacer valer el alegato del fraude a la ley y la ilícita transferencia de votos.

Y pensar que este vergonzoso asunto, podría ser erradicado para siempre, con tan sólo plasmar la exigencia constitucional de que para tener derecho a “pluris” y financiamiento público, los partidos políticos obtengan, cuando menos, el 5% de la votación. Porque eso de la “pluralidad política” es puro rollo; ya que más bien, estamos en presencia de un cínico y descarado servilismo político por parte de los minipartidos.

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Inzunza: la decadencia del favorito. Por Caleb Ordóñez T.

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Hay políticos que caen peleando. Hay políticos que caen defendiendo una causa. Y hay políticos cuya caída comienza mucho antes de que ellos mismos se den cuenta; cuando todavía sonríen en las fotografías oficiales y firman acuerdos con la soltura de quien cree que el futuro le pertenece.

La historia reciente de Enrique Inzunza Cázares parece pertenecer a esta última categoría.

Porque más allá de las acusaciones que enfrenta, más allá de los expedientes estadounidenses y más allá del ruido mediático que rodea a Sinaloa, hay algo que llama poderosamente la atención: Inzunza no se comporta como alguien que busca convencer al país de su inocencia. Se comporta como alguien atrapado en una partida de ajedrez donde cada movimiento tiene un único objetivo: sobrevivir un turno más. Viviendo en un eterno jaque.

Durante años fue presentado como uno de los hombres más inteligentes del círculo cercano de Rubén Rocha Moya. Jurista, magistrado, presidente del Supremo Tribunal de Justicia, secretario general de Gobierno y después senador de la República. Su ascenso fue tan rápido que muchos (casi todos) dentro de Morena en Sinaloa, lo veían como una especie de gobernador en espera.

No era un político de masas. No era un gran orador. No era un líder carismático.

Su poder provenía de otra parte: de la operación silenciosa, del control institucional, de la cercanía con el grupo gobernante y de una influencia que crecía discretamente, lejos de los reflectores, precisamente donde ese tipo de poder se cultiva mejor.

Por eso resulta tan revelador observar lo que ocurre hoy.Cuando un político es acusado injustamente, normalmente intenta salir a dar la cara. Busca entrevistas. Explica. Debate. Confronta. Construye una narrativa que lo sostenga mientras el temporal amaina.

Inzunza ha hecho exactamente lo contrario.

Los números lo dicen con una frialdad que ningún argumento político puede disfrazar.

Desde el 29 de abril de 2026, cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos hizo pública la acusación formal en su contra, Inzunza acumuló 21 días de ausencia en sesiones del Congreso. No pidió licencia. No renunció. Simplemente dejó de aparecer. Su única reaparición fue una fotografía en redes sociales junto a su madre, con ubicación en Batequitas, Badiraguato. Un político que dice no tener nada que esconder, escondido. Y cuando finalmente habló, lo hizo desde X, con una frase que revela más de lo que oculta:

«Soy abogado de mí mismo y me basta mi probidad.» Es la declaración de alguien que no quiere testigos en su defensa.

Y en política las formas importan tanto como los hechos, porque la percepción pública rara vez se construye únicamente con documentos judiciales. También se construye observando cómo reaccionan los protagonistas cuando el suelo comienza a moverse bajo sus pies.

Lo que proyecta Inzunza no es fortaleza. No transmite confianza. No parece un político concentrado en demostrar que las acusaciones son falsas.

Parece un político concentrado en administrar daños.

Esa imagen explica en buena medida por qué hoy se encuentra tan aislado. No porque Morena haya decidido abandonarlo de la noche a la mañana. No porque el Senado haya ejecutado una conspiración interna. Sino porque el propio Inzunza dejó de ser una apuesta rentable.

La política es brutalmente pragmática. Los partidos respaldan a quienes generan votos, estabilidad o futuro. Cuando un liderazgo comienza a representar riesgo, incertidumbre o desgaste, las distancias aparecen solas, sin reuniones, sin comunicados, sin rupturas formales. Simplemente aparecen.

Hace apenas unos meses su nombre figuraba entre los aspirantes más serios para suceder a Rocha en la gubernatura de Sinaloa. Hoy prácticamente nadie dentro del oficialismo habla de esa posibilidad. No porque exista una sentencia. No porque haya sido declarado culpable. Sino porque la candidatura dejó de ser viable.

Y en política la inviabilidad suele ser una condena mucho más rápida que cualquier resolución judicial.

Lo verdaderamente inquietante es que el caso de Inzunza trasciende a una sola persona.

Se convierte en un espejo incómodo para todo el sistema político mexicano.

Lo que hace singular el caso de Inzunza no es la acusación en sí. Es la arquitectura que describe. Según el expediente estadounidense, Inzunza habría acompañado al gobernador

Rocha Moya a una reunión con Los Chapitos tras las elecciones de junio de 2021, cuando todavía era secretario general del gobierno estatal y en ese encuentro habrían acordado que el cártel tendría control sobre la Policía Estatal de Sinaloa. Si eso es cierto, no estamos hablando de un funcionario que recibió un sobre. Estamos hablando de una negociación institucional: el Estado cediendo su monopolio de la fuerza a cambio de estabilidad política.

Eso es algo cualitativamente distinto, y más perturbador, que la corrupción individual de siempre. No es un hombre que se corrompió. Es una institución que se ofreció.

Por eso el caso Inzunza genera tanta atención. No solo por sus detalles particulares, sino porque representa el choque entre dos narrativas que México lleva años intentando reconciliar sin éxito: la del político exitoso que parecía destinado a gobernar uno de los

estados más importantes del país, y la del funcionario que termina convertido en símbolo de una crisis de confianza cada vez más profunda.

Su tragedia política no consiste únicamente en las acusaciones.

Consiste en haber perdido aquello que realmente construye el poder: la credibilidad.

Cuando la gente deja de creer en tu futuro, el poder comienza a evaporarse. Cuando tus aliados dejan de apostar por ti, el aislamiento se vuelve inevitable. Cuando tu nombre genera más preguntas que certezas, las puertas empiezan a cerrarse, no con portazos, sino con la silenciosa delicadeza con que se cierra una puerta frente a alguien a quien ya no se espera.

Por eso Enrique Inzunza muy probablemente ya no será gobernador de Sinaloa. No porque un

juez lo haya decretado. No porque un partido lo haya expulsado. Sino porque la política mexicana ya comenzó a actuar como si ese futuro hubiera desaparecido.

Y pocas cosas son más devastadoras para un político que seguir ocupando un cargo mientras todos a su alrededor se comportan como si su historia ya hubiera terminado.

Esa es la verdadera decadencia.

No perder el poder. Sino ver cómo el poder te abandona: despacio, en silencio, sin siquiera molestarse en despedirse.

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