Opinión

Pluris Indeseables por Gerardo Cortinas

La sorpresiva declaración del dirigente estatal priista, Leonel de la Rosa, en el sentido de que las candidatas a diputadas perdedoras de las coaliciones parciales “Unidos por más Progreso” y “Unidos por más Seguridad”, Daniela Garza y Mónica Morales, podrían participar, en la segunda ronda del reparto de las diputaciones plurinominales como candidatas perdedoras del Panal y del PT, generó una cascada de críticas tanto por parte del PAN, como por otros actores políticos, que bien merecen un análisis serio y objetivo.

Para tal efecto, debemos tener presente el mandato constitucional que establece que: “Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada partido político se asignarán alternada y sucesivamente: en primer lugar, utilizando el sistema de listas previamente registradas por los partidos políticos para tal efecto y, en segundo lugar, atendiendo a los más altos porcentajes de votación válida obtenida en su distrito por cada uno de los candidatos del mismo partido”.

Como se puede apreciar, a simple vista, el reparto de ‘pluris’ en el estado de Chihuahua, mezcla -de manera alternativa y sucesiva- dos principios de representación política: el de mayoría relativa (MR) y el de representación proporcional (RP). De esta manera, en la primera ronda de asignación, tienen derecho a participar aquellos candidatos que ocupan el primer lugar de la lista de diputados ‘pluris’.

En el reparto de diputaciones plurinominales en esta ronda inicial, tienen derecho a participar todos los partidos políticos que obtuvieron el mísero 2% de la votación del total de las 22 elecciones de diputados de MR. La justificación teórica de este reparto es la de garantizar la “pluralidad política” en el seno de la Asamblea Legislativa.

En la segunda ronda, el parámetro de votación (2% al 10%) tiene una variante por demás subjetiva e incierta: el porcentaje de votación más alto obtenido por uno de los candidatos a diputados perdedores; es decir, hasta en tanto el IEE no publique los resultados definitivos de las 22 elecciones de diputados de MR, no es posible determinar quiénes serán los candidatos perdedores con derecho al reparto. Obviamente, dicha asignación violenta los principios rectores electorales de certeza, objetividad e imparcialidad.

En efecto, no es posible que con base a los resultados del PREP, ni los partidos políticos contendientes puedan saber cuales candidatos integrarán la próxima legislatura del Congreso del Estado; a pesar de que el propio texto constitucional prevé la exigencia de que cada partido político registre una lista de candidatos de RP.

A mi parecer, el sistema mixto de asignación de diputaciones de RP es notoriamente inconstitucional, toda vez que la mezcla de los dos principios (MR y RP) constituye un absurdo electoral, ya que no es aceptable, ética y políticamente, asignar un curul a un candidato que participó en la contienda electoral y que el voto popular no le favoreció.

Al respecto, resulta ilustrativo el criterio del TEPJF en el sentido de que un candidato de una coalición parcial electoral “puede ser tomado en consideración como registrado por el partido político que los postula” siempre y cuando la ley electoral local establezca la obligación legal de que los partidos coaligados señalen, de manera precisa, “a qué grupo parlamentario pertenecerán los candidatos que resulten electos”. Ya que de no ser así, como acontece en la legislación electoral de Chihuahua, no es posible determinar, de manera cierta y precisa, a que grupo parlamentario pertenecerían las dos candidatas perdedoras de las dos coaliciones parciales en los distritos electorales 17 y 19.

Por ello, resulta ridículo y risible que el PAN alegue que la aplicación de la ley electoral vigente le cause agravio, cuando ha sido el propio César Jáuregui quien ha negociado, subrepticiamente, las últimas reformas electorales. Por ello, será interesante indagar si en la impugnación anunciada, el PAN solicitará la no aplicación de la asignación alternada de candidatos de RP; o bien, se conformará con hacer valer el alegato del fraude a la ley y la ilícita transferencia de votos.

Y pensar que este vergonzoso asunto, podría ser erradicado para siempre, con tan sólo plasmar la exigencia constitucional de que para tener derecho a “pluris” y financiamiento público, los partidos políticos obtengan, cuando menos, el 5% de la votación. Porque eso de la “pluralidad política” es puro rollo; ya que más bien, estamos en presencia de un cínico y descarado servilismo político por parte de los minipartidos.

Opinión

Andy: un apellido no basta. Por Caleb Ordóñez T.

Andrés Manuel López Beltrán heredó uno de los apellidos más poderosos de México. También heredó algo mucho más difícil de cargar: la costumbre nacional de nunca verlo a él, sino siempre a través de su padre.

Ser hijo de un expresidente ya es complicado. Serlo de Andrés Manuel López Obrador es otra categoría: crecer bajo la sombra de un hombre al que millones consideran el político más transformador de su generación y otros millones culpan de buena parte de los problemas del país. AMLO no admite tibieza. Y ahora Andy descubre que la polarización también se hereda, con intereses acumulados.

Caleb Ordoñez Talavera

Durante años estuvo cerca del poder institucional sin asumir formalmente sus costos. Participó en la construcción del movimiento de su padre, tuvo influencia real dentro del obradorismo, pero respetó, al menos públicamente, el acuerdo familiar de no buscar cargos de elección mientras López Obrador gobernara. El sexenio terminó. El acuerdo, también.

El aparato

En 2024, Andy asumió la Secretaría de Organización de Morena, el puesto que en cualquier partido mexicano equivale a controlar buena parte del músculo: padrón, estructura territorial y movilización. Bajo su gestión, Morena presumió haber superado los 12 millones de militantes, una cifra extraordinaria que también despertó cuestionamientos sobre el proceso de afiliación. El partido la presenta como prueba de que el movimiento puede seguir creciendo aun sin su fundador al frente.

Después, de pronto, prácticamente desde la nada, dejó el cargo para buscar una diputación federal por Tabasco en 2027. Quizá sea un movimiento inteligente (o un salvavidas político) pues cambia el control del aparato por legitimidad de urna, algo que ningún acuerdo familiar ni ninguna cercanía con Palacio Nacional pueden regalarle. Es también, para sus adversarios, la prueba de que el heredero necesita ahora un mandato propio porque el apellido, por sí solo, empieza a no bastarle, sino a molestarle.

El símbolo que no calculó

El viaje a Japón fue el primer costo político serio de esa transición. Las imágenes y los señalamientos sobre hospedajes costosos chocaron frontalmente con la palabra que su padre convirtió en columna vertebral del obradorismo: austeridad. López Beltrán respondió que pagó el viaje con recursos propios y habló de un linchamiento. Puede tener razón en lo legal. El problema nunca fue si tenía derecho a gastar su dinero; fue no anticipar que, siendo quien es, ese gasto se leería como traición simbólica antes que como libertad personal.

Ningún asesor de López Obrador habría permitido esa fotografía. Y esa distancia entre el instinto político del padre y el del hijo dice más sobre Andy que cualquier discurso.

La carta que no le correspondía escribir

La revocación de su visa estadounidense abrió un capítulo distinto y aquí conviene la precisión: una decisión migratoria no es una sentencia. Hasta ahora no existe una acusación penal pública en Estados Unidos contra López Beltrán, y tratarlo como culpable a partir de una visa revocada sería tan irresponsable como el linchamiento que él mismo denuncia.

Lo que sí es criticable es la respuesta. Escribirle directamente a Donald Trump para reclamar una persecución política no es un exceso de carácter: es una confusión de investidura. México tiene Presidenta, canciller y embajada para gestionar la relación bilateral. Andy no conduce esa política exterior ni representa al Estado mexicano. Al actuar como si lo hiciera, no demuestra fuerza: demuestra que todavía no distingue entre tener influencia dentro de un movimiento y tener autoridad de Estado. Es exactamente el tipo de error que un político con oficio, empezando por su padre, difícilmente habría cometido en público.

El heredero imposible

Ahí está la verdadera paradoja de Andy: el apellido le abre prácticamente cualquier puerta política y, al mismo tiempo, le impide construir algo que sea solamente suyo. Quienes aman a López Obrador buscarán al padre dentro del hijo y se decepcionarán cuando no lo encuentren. Quienes lo detestan le cobrarán al hijo cuentas que nunca fueron suyas. Ambas cosas son injustas. Ninguna es evitable.

Andy puede heredar el obradorismo, pero no puede heredar a AMLO.

López Obrador dejó una consigna que sus seguidores repiten como mandamiento: no mentir, no robar, no traicionar al pueblo. Si Andy quiere una herencia real (no una curul, no una secretaría, no una multitud prestada) probablemente esa frase sea lo único que valga la pena reclamar como suyo.

Porque Andrés Manuel López Obrador tardó casi cuatro décadas en convertirse en AMLO. Su hijo nació siendo “Andy”. Si quiere hacer historia propia, tendrá que conseguir algo mucho más difícil que heredar el poder: lograr que México deje de preguntarse de quién es hijo.