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POLITICA (JUSTICIA) SOCIAL por FRANCISCO RODRIGUEZ PEREZ

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Si bien los Indicadores de Pobreza del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, presentados y analizados durante la semana, arrojan algunos avances, resultados y hasta sugieren que se transita por buen camino, aún falta mucho para lograr las metas y superar los desafíos que implica esa injusticia social que significan la pobreza y la miseria.

Los datos son todavía inquietantes: en el país siguen en pobreza más de 53 millones de personas, de los cuales más de 11 y medio millones, casi el 10 por ciento de la población, sobrevive en condiciones de pobreza extrema.

El Gobierno de Enrique Peña Nieto plantea, sin embargo, algunos cambios esperanzadores. En el contexto de la presentación de los datos del Coneval, los secretarios de Hacienda, Luis Videgaray, y de Desarrollo Social, Rosario Robles, señalaron que programas como Progresa, del sexenio de Ernesto Zedillo, y Oportunidades, de la docena panista, sólo han sido “paliativos”.

En el caso específico de Chihuahua se han destacado, nacional y localmente, las cifras de la disminución de la pobreza, con una importante reducción de la pobreza extrema, aunque con la carencia alimentaria a la alza.

No es despreciable el avance, no son menores los resultados. Como lo dijo el Gobernador, César Duarte, en el evento oficial de presentación de los Indicadores de Pobreza, se marca un referente que motiva y se da un acicate para redoblar esfuerzos.

Ciertamente el pesimismo no es ni la solución, ni el camino o la vía para salir del atolladero, pero tampoco se trata de optimismos infundados o simulaciones basadas solamente en la estadística.

La pobreza sigue aquí, se enseñorea por todos lados. La miseria sigue dando cachetadas a los juarenses, a los chihuahuenses y a los mexicanos, no sólo a los pobres, sus víctimas, sino a todos.

Junto con las cifras y los indicadores técnicos debemos asumir los criterios humanos que exigen JUSTICIA SOCIAL, aún más que POLÍTICA SOCIAL sobre todo cuando se trata de la miseria entre nosotros, una miseria que tenemos que rechazar y abatir entre todos, como una labor permanente, diaria, constante y comprometida.

La pobreza extrema constituye una situación intolerable, que priva de las condiciones para una vida en dignidad y seguridad a cientos de miles de chihuahuenses, a millones de mexicanos y a más de mil millones de seres humanos en el mundo.

La pobreza es un problema fundamental, complejo y muchas veces mal comprendido, sobre todo cuando se lo reduce a una cuestión de ingresos o carencias materiales. Esta concepción generalizada respecto a la pobreza, determina que algunas de las acciones para combatirla tengan un sesgo sólo conduce a la reducción del problema, cuya supuesta solución se ubicaría únicamente en el crecimiento económico o en una mejor distribución de la riqueza.

Si bien las carencias materiales pueden ser el aspecto más expresivo de la pobreza extrema, la discriminación y la exclusión, es un error pensar que los pobres son sólo personas con carencias. El asunto tiene mucho más fondo: la pobreza, sobre todo la pobreza extrema, constituyen una situación que destruye al ser humano, que mina sus capacidades para desarrollarse plenamente y en dignidad.

Así lo plantea el padre Joseph Wresinski: “Los más pobres nos la han señalado miles de veces: lo peor para el ser humano no es tener hambre o no saber leer, ni tampoco la falta de trabajo. La peor de las desgracias es tener conciencia de que no son tenidos en cuenta hasta tal punto que sus sufrimientos son ignorados. Lo peor es el desprecio de sus conciudadanos. Porque es el desprecio que los aparta de todo derecho, haciendo que el mundo abomine de su modo de vida y les impida ser reconocidos como seres dignos y capaces de tener responsabilidades. La mayor desgracia de la peor de las pobrezas, es ser un muerto en vida a lo largo de toda su existencia”.

El problema de la pobreza, visto como una cuestión de carencias, hace que los ciudadanos lo sintamos y lo veamos ajeno a nuestra responsabilidad. Peor aún, este esquema de pensamiento, lleva a culpabilizar a los pobres por su situación, a verlos como personas que no realizan los esfuerzos suficientes para salir de la pobreza. Y más grave, todavía, es criminalizar la pobreza y la miseria.

El decir “los pobres son pobres porque quieren”, una expresión más común de lo que se cree o espera, ha sido una de las más grandes injusticias que los más pobres han sufrido, porque con eso se niega la injusticia misma de la pobreza. Nadie es pobre porque quiere, sino porque se le han negado las condiciones básicas para desarrollar sus capacidades y para construir su propia existencia.

Continuamente la pobreza no se trata de una situación coyuntural, sino de personas y familias atadas a una situación de pobreza, miseria, explotación, discriminación y exclusión que trasciende su vida misma y se remonta incluso a generaciones anteriores. Este círculo vicioso de la miseria es sumamente difícil de romper.

La miseria, antes que las propias carencias materiales, es una VIOLACIÓN INTEGRAL A LOS DERECHOS HUMANOS Y SOCIALES, una injusticia que como sociedad sustentada sobre el respeto a la persona humana no se puede tolerar, y si acaso trata de justificarse, entonces la miseria y la pobreza cuestionan los fundamentos mismos de la vida en sociedad.

Los datos técnicos, como los “indicadores de pobreza” del Coneval, y las investigaciones recientes en la materia han puesto en claro la necesidad de conceptuar adecuadamente el tema de la pobreza, desde la falta misma de posibilidades y de oportunidades que permitan a las personas tener una vida digna. Así, la pobreza se sitúa en el plano de la JUSTICIA SOCIAL.

Medir la pobreza, como lo hace el Coneval, resulta un ejercicio difícil. Sin embargo, calcularla desde un punto de vista cuantitativo, con indicadores definidos y criterios internacionalmente validados, es importante porque permite establecer un criterio de referencia lo que, a su vez, hace posible comparar las condiciones de diferentes grupos sociales y áreas, incluso en periodos diferentes.

Pero más allá de la posibilidad o imposibilidad de comparaciones, con cualquier indicador, el problema es que la pobreza tiene una multiplicidad de aspectos.

Eso implica que se pueden encontrar distintas definiciones de pobreza y, sobre todo, que tiene que ser definida basándose en la percepción de los pobres.

Se necesita, entonces, un cambio de perspectiva, para basar el diseño de políticas y programas en las prioridades identificadas por los «beneficiarios» mismos, con el «apoyo de», pero no «por» los profesionales y técnicos. Solamente de este modo es realmente posible reconocer las múltiples caras de la pobreza sin caer en el inevitable reductivismo, la estandarización y la consecuente simplificación que normalmente caracterizan los enfoques técnicos.

Desde ese punto de vista se debe fortalecer la capacidad de identificar las necesidades de los pobres, lo que significa darles espacios e instrumentos de expresión, apoyar mecanismos de autodeterminación, favorecer procesos orientados a reafirmar su autoestima y a convencerlos de su capacidad para guiar las intervenciones que los afectan.

Esto implica que las instituciones a las cuales corresponde el diseño y la realización de los programas para la superación de la pobreza, tienen que contar con profesionales con capacidad de involucrar directamente a los pobres en la producción de la información necesaria y en la búsqueda de las soluciones.

Así, la Declaración los Objetivos del Milenio de la ONU insiste: “No escatimaremos esfuerzos para liberar a nuestros semejantes, hombres, mujeres y niños, de las condiciones abyectas y deshumanizadoras de la pobreza extrema, a la que en la actualidad están sometidos más de 1,000 millones de seres humanos”.

Los derechos humanos y la justicia social pueden parecer ideales remotos cuando individuos y familias están, en este momento, pasando hambre, o sin poder protegerse o proteger a sus familiares contra enfermedades evitables o asegurar a sus hijos una enseñanza básica.

Pero es necesario pensar la pobreza desde el enfoque de los derechos humanos y la justicia social, para actuar en consecuencia y resolver ese flagelo. Datos, cifras, avances, resultados, como los del Coneval, son sólo fases en la solución de un problema que si lo justificamos, toleramos o esquivamos, terminará por negarnos como seres humanos y como sociedad. ¡Hasta siem

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Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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