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Pone ONU a IFAI como modelo para el mundo

Tras reunirse con los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Frank La Rue, manifestó que espera que continúe el espíritu de la reforma constitucional y fortalezca sus planteamientos.

Distrito Federal ? El relator especial de las Naciones Unidas para la promoción y protección del derecho a la libertad de expresión, Frank La Rue destacó que con la reforma en materia de transparencia se colocó al IFAI como un modelo para el mundo y afirmó que ahora el desafío es trabajar en la elaboración de la legislación secundaria.

Tras reunirse con los comisionados del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), Frank La Rue, manifestó que espera que continúe el espíritu de la reforma constitucional y fortalezca sus planteamientos.

La idea de tener un Instituto autónomo es para garantizar un órgano independiente; deseamos que la reforma fortalezca esa independencia y que se respete la determinación de sus decisiones, informó el IFAI en un comunicado.

El relator de la ONU explicó que las leyes secundarias deben reproducir no sólo la letra sino el espíritu de la norma constitucional, que es la plena información de la población, limitando sólo aquello que pueda afectar un bien superior.

La información es propiedad pública, especialmente la relacionada con derechos humanos, por lo que no debe tener ninguna secrecía, ni ninguna confidencialidad, como lo establece la Ley en México, dijo.

La comisionada presidenta del IFAI, Ximena Puente, reconoció el trabajo y el seguimiento que ha hecho Frank La Rue a los avances en materia de transparencia.

“Estamos muy conscientes de la importancia que tendrá la cristalización de esta reforma constitucional en las leyes secundarias”, dijo.

En la reunión participaron las comisionadas Areli Cano Guadiana, María Patricia Kurczyn Villalobos y los comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Oscar Guerra Ford y Joel Salas Suárez.

La Rue estuvo acompañado por Alan García, coordinador legal de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para derechos humanos y Anabella Rivera, directora ejecutiva del Instituto Demos.

 

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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