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¿Por qué es importante el Día de Muertos para los mexicanos?

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El Día de Muertos, que se festeja el 1 y 2 de noviembre, es una celebración para honrar a los “que ya se fueron», y tiene su origen en la era prehispánica, pero tras la conquista y la colonia española, se mezcló con la fiestas católicas de los fieles difuntos. Con el paso de los siglos, esta festividad ha salido de México al Mundo.

Como el mestizaje mismo, el Día de Muertos es la amalgama de olores, colores, sabores y música que armonizan de manera perfecta para recibir a los que ya no están, para que sepan que los extrañamos, los queremos y que sabemos que en algún momento nos volveremos a encontrar.

La celebración fue reconocida por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, por tratarse de “una festividad sincrética entre la cultura prehispánica y la religión católica”.

Aunque en cada región, lugar o incluso en cada casa se puede conmemorar de manera distinta, representa una expresión tradicional, integradora, representativa y comunitaria que tiene el objetivo de acercar a las personas con sus seres queridos que ya se han ido.

Se trata de una tradición de México que nos reúne con los difuntos: las personas, en estos días, están a la espera de la vista de las ánimas en sus altares, ofrendas o cementerios para dar la bienvenida a los visitantes del más allá y sentarse a la mesa para compartir los alimentos y convivir todos juntos, vivos y muertos.
Así es como el Día de Muertos ha sido una tradición fastuosa que ha generado admiración internacional y ahora forma parte de la cultura popular no sólo de México sino de todo el mundo.

Fuente: UnoTV

México

Senado aprueba Ley General de Aguas en medio de acalorado debate y críticas de oposición

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El Senado mexicano aprobó este jueves, con 85 votos a favor y 36 en contra, el proyecto de decreto que expide la Ley General de Aguas y reforma diversas disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales, en un contexto de creciente presión sobre los recursos hídricos del país por sequías, conflictos por concesiones, crecimiento urbano y alta demanda del sector agrícola.
La minuta fue remitida al Senado por la Cámara de Diputados, que la aprobó tras 24 horas de acaloradas discusiones. La iniciativa deriva de una propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para regular el derecho humano al acceso, disposición y saneamiento del agua, así como priorizar su consumo humano y doméstico ante autorizaciones, permisos, concesiones y asignaciones del recurso.
El senador Óscar Cantón Zetina, de Morena, aseguró que el centro de este proyecto es la persona y no los grandes acaparadores de agua, pues se crea un trinomio virtuoso entre tierra, agua y gente. Afirmó que la legislación es la mayor aliada de los productores y campesinos de México, ya que elimina la visión mercantilista del agua y la regresa a su dueño legítimo, que es el pueblo de México.
La senadora del PAN, Verónica Rodríguez, señaló que esta reforma convierte el agua en un instrumento de manipulación política y electoral. Apuntó que le da al gobierno federal la posibilidad de decidir de manera discrecional quién mantiene su concesión, quién la pierde, a quién le reducen volúmenes de agua y a quién sí le permiten operar, lo que demuestra que es peligroso para la democracia, el campo, la seguridad alimentaria y las familias.
Carolina Viggiano, del PRI, advirtió que el proyecto no contó con estudios económicos ni presupuestales, no cuenta con análisis de impacto financiero y tampoco se asegura inversión para la infraestructura, operación ni vigilancia de los sistemas de agua. Además, señaló que no se consultó a los pueblos originarios.
Luis Donaldo Colosio, de Movimiento Ciudadano, indicó que los cambios abren la puerta a más control gubernamental sin contrapesos reales, a más trámites y a más incertidumbres para el campo mexicano. Afirmó que se concentran atribuciones en la Comisión Nacional del Agua sin reglas claras, crece el riesgo de arbitrariedad, corrupción, favoritismos y castigo político, además de que se crea incertidumbre en la asignación de derechos y volúmenes, lo que desincentiva la inversión, la tecnificación y frena proyectos.
La nueva Ley General de Aguas establece que las concesiones para el uso del vital líquido no podrán ser intercambiadas entre particulares, con la obligatoriedad de que sea la Conagua la que las distribuya de nuevo.
La discusión y aprobación en las Cámaras de Diputados y Senadores ocurre en un contexto donde el sector agrícola consume cerca del 75 por ciento del agua disponible para consumo en el país.

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