A Jennifer Boatright y Ron Henderson, el agente de policía que los paró un día de 2007 en una autopista de Texas (Estados Unidos) no les puso ni una multa. Pero se quedó con los US$6.000 que llevaban en el vehículo.

Porque, en EE.UU., además de pedir la documentación, el policía que les da el alto también puede hacerles a los conductores una pregunta tal vez algo extraña: «¿Cuánto dinero en efectivo lleva en el vehículo?».

Y si la hace, es posible que se lo quede haciendo uso de la figura de «confiscación civil» y para eso no hace falta que se haya cometido delito alguno.

Se trata de una acción legal, amparada por una polémica interpretación de una normativa federal nacida en 1984 con el fin original de combatir el narcotráfico y otros bienes productos de fraude.

Dinero en efectivo, teléfonos, computadoras y hasta bienes raíces pueden quedar en manos de la policía, en algunos casos sin siquiera una orden de respaldo por parte de un tribunal.

Por la manera como ha sido usada en algunas agencias locales, ha sido calificada por sus críticos como una sensacional fuente de ingresos para algunos cuerpos policiales.

Porque sucede que si el ciudadano carece de recursos para contratar un abogado y litigar, sus bienes acabarán engrosando las arcas del departamento al que pertenece el agente, y con él podrán comprar armas, autos o uniformes, como indica la ley.

«Demasiado poder»

Desde septiembre de 2001, cuerpos de policía en EE.UU. han incautado US$2.500 millones en 62.000 actuaciones sin acusar a nadie de ningún crimen, según una investigación del diario The Washington Post.

De eso, las autoridades locales y estatales se quedaron con US$1.700 millones, mientras a agencias federales pasaron US$800 millones.

Los estados y hasta los condados pueden tener leyes específicas para la confiscación civil, pero también pueden usar la normativa federal para justificar un decomiso.

Bajo el Programa Federal de Reparto Equitativo, que regula esas operaciones, las policías locales se quedan con hasta el 80% de lo que se incauta con el fin, en principio, de financiar el combate contra el crimen.

Aunque ha sido útil en el manejo de bienes productos del narcotráfico o en delitos de «cuello blanco» como del fraude orquestado por Bernie Maddoff, los activistas que se oponen a la «confiscación civil» creen que se convirtió en un «incentivo perverso».

Y, como señala la abogada Brenda Grantland, de FEAR, una organización dedicada a combatir la práctica, eventualmente también «resultó un aliciente para hacer trampa y conseguir ingresos».

«Da al gobierno y a la policía demasiado poder porque permite que se queden con el resultado de las confiscaciones», le dijo Grantland a BBC Mundo.

Según una investigación hecha por el grupo de defensa de las libertades civiles Instituto de Justicia en 52 departamentos de policía estatales, cerca del 14% del presupuesto de esas agencias proviene de este tipo de confiscaciones.

La operación Tenaha

Para justificar la confiscación, los agentes tan solo deben demostrar que existe una «duda razonable» sobre la legalidad de las actividades de los dueños de esos bienes o sobre su procedencia.

Pero el caso de Boatright y Henderson en Texas es paradigmático en lo que denuncian los activistas contra la confiscación civil.

El agente que los paró les hizo varias preguntas rutinarias hasta que la cuestión pasó a ser si llevaban efectivo. Como respondieron que sí, los arrestaron y amenazaron con acusarlos de lavado de capitales.

Incluso les dijeron que podrían poner a sus hijos en un orfelinato si no firmaban su renuncia a los derechos sobre el dinero.

No importó que pudieran demostrar que lo llevaban para comprarse un automóvil.

Su caso formó parte de una demanda colectiva impulsada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU, en inglés) contra policías del pueblo tejano de Tenaha, en el condado de Shelby, en agosto de 2012.

Allí, en lo que incluso llegó a ser conocido como «la operación Tenaha» (entre 2006 y 2008), ACLU estima que los policías confiscaron unos US$3 millones a conductores que no habían cometido ningún crimen.

Juicio a las cosas

Un problema adicional es que en los casos de confiscación civil, lo enjuiciado son los objetos.

Así que, si el dueño de los bienes confiscados quiere ir a juicio, se enfrenta a que los objetos no tienen derecho a un abogado y tampoco son inocentes hasta que se demuestre lo contrario.

De ahí que en los tribunales se ventilen casos como «Texas contra un Chevrolet Silverado 2004» o «Estados Unidos contra US$8.850 en moneda estadounidense».

El abogado Scott Bullock, de Instituto para la Justicia (que considera la confiscación civil un «robo avalado por el Estado»), le explicó a BBC Mundo que se trata de una «ficción legal» que hace que se pueda enjuiciar a la propiedad y no al dueño.

«Esa es la principal diferencia con la confiscación penal, que va contra la persona que ha cometido un delito y afecta, por ejemplo, a quien se compró una mansión con dinero del narcotráfico», señala Bullock.

«Y la carga de la prueba recae en la propiedad. Su dueño debe probar su inocencia con una demanda para que le devuelvan lo suyo».

Según Bullock, el proceso es tan oneroso para el ciudadano que la gran mayoría de los casos no terminan con una sentencia sino con el dueño de los bienes confiscados dándose por vencido.

Además, Kaney Bennet, abogada de ACLU, le dijo a BBC Mundo que una de las preocupaciones de su organización está en que la mayoría de las víctimas de la confiscación civil son personas con pocos recursos.

«Suelen ser los menos pudientes o personas de raza negra, individuos que no tienen poder financiero para ir contra el gobierno cuando les han confiscado la propiedad».

Reforma legal

El asunto, relativamente poco conocido por los propios estadounidenses, ha llevado a actuar al fiscal general del Estado, Eric Holder.

En enero Holder emitió una orden para prohibir a las policías locales y estatales valerse de las leyes federales para confiscar dinero, autos y otras propiedades sin que se constate actividad criminal.

«Con esta nueva política, efectiva inmediatamente, el Departamento de Justicia da un importante paso en prohibir a las agencias federales la adopción de confiscaciones estatales o locales», dijo Holder en un comunicado.

Pero Bullock considera que «el problema real es que las leyes son abusivas».

«No estamos hablando de unos policías violando la ley al quedarse con las propiedades de los ciudadanos, es que la ley permite que lo hagan», agrega.

Es por esto que Bullock aboga por la abolición de la figura de la confiscación civil y pide que sea algo estrictamente penal.

«Nadie debería perder una propiedad sin haber sido condenada por un crimen», opina.

En cualquier caso, sin llegar a la abolición, Bullock considera que hay otras cosas que se podrían hacer, como regularlo de forma que no sea tan gravoso para el ciudadano recuperar sus bienes.

«El derecho de propiedad debe ser mejor protegido. El gobierno debería tener que probar la culpa, no las personas probar la inocencia», considera.

«Y la reforma más fundamental es poner fin a este perverso incentivo financiero. Si debe existir la confiscación civil, el dinero debería ir a una cuenta general o fondo neutral, no directamente a quienes están en la calle aplicando la ley».

Lucha contra el crimen

Pero no todo son críticas para una figura que, según sus defensores, ha servido en la lucha contra el crimen.

El expresidente George Bush llegó a decir que la normativa de la confiscación «permite al gobierno tomar los bienes mal habidos de los narcotraficantes y usarlos para poner más agentes de policía en la calle».

El profesor John L. Worrall, del departamento de Criminología de la Universidad de Texas, explica los tres principales beneficios de la confiscación de bienes en la reducción del crimen, el combate al narcotráfico y el aumento del presupuesto de las policías.

Worrall le dijo a BBC Mundo que aunque efectivamente situaciones como la de Tenaha y otros casos de abusos ocurren, tienden a magnificarse cuando en realidad para él son «una excepción».

«Son casos inusuales. La gran mayoría de la actividad confiscatoria no implica tanto dinero, los procedimientos son elaborados y las leyes estatales establecen cómo usar esos bienes».

Worrall también mencionó durante su conversación con BBC Mundo otra arista de la historia que ha acaparado titulares y es en qué se gastan el dinero.

Si bien es difícil contradecir que la mayor parte de lo confiscado se invierte en renovar la flota de autos patrulla, mejorar el equipamiento o hasta reformar oficinas de los departamentos de policía, también se han reportado casos de malgasto.

Como los US$ 318,77 gastados en alcohol y US$ 139,64 en una máquina para preparar margaritas para una fiesta que reconocío haber sacado de fondos incautados la alcaldía de Montgomery, Texas, en 2005.

Extraído de BBC Mundo