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Opinión

Práxedis Guerrero: letras de oro. Por Francisco Rodríguez Pérez

Quienes seguimos con atención la trayectoria de Práxedis G. Guerrero, la semana pasada recibimos una excelente noticia: la Comisión Especial para los Festejos del Centenario de la Revolución aprobó la iniciativa para inscribir con Letras de Oro el nombre de este Héroe Mexicano y Universal, en los Muros de Honor del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado.

La iniciativa presentada por el diputado Francisco González Carrasco, presidente de la Comisión, también incluye solicitar el traslado de los restos del Benemérito del Estado de Chihuahua, a la Rotonda de los Chihuahuenses Ilustres.

La Comisión está integrada por el diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, quien funge como secretario, así como el diputado José Alfredo Ramírez Rentería, la diputada Inés Aurora Martínez Bernal, la diputada María de los Ángeles Bailón Peinado, y el diputado Rubén Aguilar Jiménez.

El Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, estará completando así los procedimientos para reconocer a Práxedis Guerrero como señala la Ley para Declarar y Honrar la Memoria de los Beneméritos del Estado de Chihuahua.

La noticia generada la semana pasada, con la aprobación de la iniciativa en la Comisión, así como la próxima presentación al pleno, programada para la próxima semana, es histórica y se une a las iniciativas que se tomaron en los años treinta del siglo XX.

El general Rodrigo M. Quevedo, gobernador del Estado de Chihuahua (1932-1936) honró y reconoció a Práxedis G. Guerrero, con quien iniciara su exitosa carrera militar y política, en plena adolescencia.

En diciembre de 1933, por decreto de la XXXV Legislatura del H. Congreso del Estado de Chihuahua, fue puesto su nombre a uno de los municipios del Valle de Juárez: Práxedis G. Guerrero. También se nombraron en su honor varias escuelas de la entidad, así como la calle 27 en la capital del estado. En 1934, la imprenta del Gobierno del Estado editó el libro “Práxedis Guerrero: un fragmento de la revolución”, de Enrique Barreiro Tablada.

En noviembre de 1935, el general Quevedo ordenó la búsqueda y traslado de los restos del héroe, para declararlo “General Revolucionario” y “Benemérito del Estado de Chihuahua”, de acuerdo con el Decreto No. 132, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Chihuahua No. 45, del 9 de noviembre de 1935.

La trascendencia histórica del personaje, fue retomada a finales del 2010, en ocasión del Centenario Luctuoso de Práxedis G. Guerrero.

La LXIII Legislatura, por medio del diputado Gerardo Hernández Ibarra, hizo la mención en los “asuntos generales” de la sesión de la Diputación Permanente del lunes 27 de diciembre de 2010, como quedó asentado en el Diario de los Debates.

El 30 de diciembre de 2010, el Gobierno del Estado, al través del Instituto Chihuahuense de la Cultura, publicó una “esquela”, envió un boletín de prensa, señalando la importancia de la fecha y anunció la edición de un libro.

Luego de tratar el asunto del traslado de los restos del Benemérito a la Rotonda de los Chihuahuenses Ilustres, la colocación de las letras de oro en el recinto del Congreso, así como las fechas y formas de los honores, la propuesta asumida por el diputado Hernández fue canalizada a la Comisión Especial para los festejos del Centenario de la Revolución Mexicana.

Entonces, el diputado Francisco González Carrasco presentó, el 8 de febrero del 2011 su “Iniciativa con Carácter de Acuerdo, a efecto de exhortar de manera respetuosa al Titular del Ejecutivo del Estado, con el fin de solicitar el traslado de los restos del Benemérito del Estado de Chihuahua José Práxedis Gilberto Guerrero Hurtado a la Rotonda de los Chihuahuenses Ilustres erigida en la Plaza Mayor del Estado; así como a la Junta de Coordinación Parlamentaria de Este Honorable Cuerpo Colegiado, para que destine los recursos necesarios con el fin de inscribir su nombre con Letras de Oro en los Muros de Honor del Salón de Sesiones del Honorable Congreso del Estado”.

Este año es importante para el reconocimiento a Práxedis Guerrero: el 130 aniversario de su natalicio, el 77 aniversario de su declaración como Benemérito del Estado, y el 102 aniversario luctuoso. Estos honores debieran promoverse también en Guanajuato, en Coahuila, en el sur de los Estados Unidos y en el mundo, pues se trata de un emancipador universal.

La ideología, la organización y los combates, no impidieron, sino impulsaron e inspiraron, la excelsa literatura revolucionaria y los artículos periodísticos de Práxedis Guerrero, que son aliento de la Revolución Social, en México y el mundo… son letras de oro. ¡Hasta siempre!

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Opinión

La trampa de “las rentas justas” en la CDMX. Por Caleb Ordóñez T.

En la Ciudad de México hay jóvenes que trabajan para pagar un departamento en el que apenas tienen tiempo de dormir. Familias que destinan buena parte de sus ingresos a cuatro paredes. Personas que viven a dos horas de su empleo porque acercarse al centro se convirtió en un lujo.

La vivienda es uno de los grandes fracasos de la política urbana capitalina.

Y ahora el gobierno pretende resolverlo con otra ley.

Clara Brugada presentó una iniciativa que promete rentas justas, contratos regulados y protección contra abusos. Una propuesta que, vista desde el discurso político, parece irreprochable. ¿Quién podría estar en contra de que las personas paguen menos por vivir dignamente?

Caleb Ordoñez T.

El problema es que las buenas intenciones no construyen departamentos.

Y los decretos tampoco.

Las buenas intenciones también tienen consecuencias

La iniciativa contempla limitar aumentos conforme a la inflación, registrar obligatoriamente los contratos y aplicar multas de hasta 46 mil 924 pesos. También propone asesoría gratuita y mecanismos contra desalojos violentos.

Hay medidas necesarias. Los abusos inmobiliarios existen. Los desalojos arbitrarios también. Ninguna persona debería perder su hogar mediante amenazas o intimidaciones.

Pero legislar para corregir una injusticia no debería producir otra.

Pensemos en una jubilada que dedicó treinta años a pagar un pequeño departamento. Hoy lo renta para complementar una pensión insuficiente. No pertenece a ningún cártel inmobiliario. No especula con edificios enteros. Simplemente administra el patrimonio que consiguió trabajando.

¿Qué sucederá si las nuevas obligaciones, restricciones y sanciones hacen que prefiera retirar su propiedad del mercado?

Habrá una vivienda menos.

Y si otros propietarios toman decisiones semejantes, quienes terminarán compitiendo por los departamentos disponibles serán precisamente aquellos que la ley pretende proteger.

No es una consecuencia demostrada ni inevitable. Es un riesgo que el Congreso tiene la obligación de evaluar.

Porque una cosa es regular los abusos y otra, muy distinta, pretender administrar la escasez.

El problema tiene dimensiones profundas. Según el INEGI, en 2024 el ingreso promedio de los hogares urbanos capitalinos rondaba los 37 mil pesos mensuales. Un promedio que, además, oculta enormes desigualdades.

¿Cuánto debe ganar una familia para vivir cerca de su trabajo? ¿Cuánto tiempo de su vida debe sacrificar transportándose? ¿En qué momento tener una habitación propia dejó de ser una aspiración razonable?

Esas preguntas no se resuelven únicamente vigilando contratos.

Se resuelven construyendo vivienda, mejorando el transporte, acercando servicios y generando condiciones para que la ciudad pueda alojar a quienes la mantienen funcionando.

Brugada también promete ampliar la vivienda asequible. Bien. Pero esa debería ser una prioridad medible, no una promesa subordinada al entusiasmo por imponer nuevas reglas.

El gobierno también debe rendir cuentas

Hay otra contradicción.

Desde 2024 existen disposiciones para limitar incrementos de renta y registrar contratos. Antes de anunciar nuevas sanciones, sería conveniente conocer los resultados de las anteriores.

¿Cuántas familias se beneficiaron? ¿Cuántos abusos fueron sancionados? ¿Qué funcionó y qué fracasó?

El gobierno exige transparencia a los particulares, pero todavía debe ofrecer respuestas convincentes sobre la eficacia de sus propias medidas.

Y mientras tanto, el verdadero debate corre el riesgo de perderse entre consignas: propietarios contra inquilinos, mercado contra Estado, ricos contra pobres.

Una discusión tan cómoda para los políticos como inútil para quienes necesitan vivienda.

La propiedad privada merece certeza jurídica. Los inquilinos merecen protección. Y ambos necesitan un gobierno capaz de entender que sus derechos no son necesariamente enemigos.

La iniciativa todavía puede corregirse. Sería deseable que el Congreso escuchara más evidencia y menos discursos.

Porque el desafío no consiste en decidir quién tiene la culpa de que vivir en la capital resulte tan caro.

Consiste en reconocer quién tiene la responsabilidad de hacerla habitable.

Una ciudad no se vuelve más justa cuando el gobierno decide cuánto debe costar vivir en ella, sino cuando consigue que vivir en ella deje de ser un privilegio.

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