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México

PRD: Defiende derecho a rechazar el pacto

El Pacto no tienen base social y responde a los intereses de un grupo reducido de dirigentes políticos: Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

  • La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, advirtió que basta analizar los resultados emanados del Pacto, para darse cuenta de que no tienen base social y responde a los intereses de un grupo reducido de dirigentes políticos, incluyendo a representantes de su propio partido

La vicepresidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Aleida Alavez, dejó en claro que no todos los legisladores de todos los partidos, en especial de la fracción del Sol Azteca, están a favor del Pacto por México, mecanismo al que calificó como instrumento de imposición de las decisiones tomadas por un grupo de políticos a los que se refirió como “iluminados”.

La legisladora del Partido de la Revolución Democrática (PRD), advirtió que basta analizar los resultados emanados del Pacto, para darse cuenta de que no tienen base social y responde a los intereses de un grupo reducido de dirigentes políticos, incluyendo a representantes de su propio partido

Por tanto, aseguró, los parlamentarios que no estén de acuerdo con ese poder “meta constitucional”, tienen el derecho de combatirlo y a impugnar su viabilidad  jurídica.

“Este grupo de iluminados del Consejo Rector, pretende imponer una agenda legislativa a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, atendiendo agendas individuales y de grupos específicos”, afirmó.

En el marco de las conmemoraciones del Día del Abogado, la diputada Alavez Ruiz lamentó que el Pacto esté conformado por un grupo de poder “enquistado” que no toma en cuenta las necesidades ciudadanas.

Lo grave, alertó la diputada integrante de la corriente perredista Izquierda Democrática Nacional (IDN), es que a través de esa herramienta de consensos políticos, se pretenda imponer la agenda del Congreso y aún más, que las bancadas de izquierda y de oposición lo convaliden, como hace una parte del PRD en la Cámara de Diputados.

Calificó como absurdo y contrario a la ley que líderes y legisladores de distintos partidos, acepten la imposición de las decisiones del grupo al que insistió en llamar “de iluminados”, cuando el Congreso es un poder constituido formalmente y con plena autonomía.

Al lamentar que las propuestas, planteamientos y determinaciones del Legislativo estén supeditadas al Pacto, la diputada Alavez aseguró que la parte “responsable” de la izquierda, siempre defenderá su derecho a oponerse a un pacto que hasta el momento, no ha tenido efectos positivos en la vida de los mexicanos, sino que ha respondido a los intereses de algunos de sus suscriptores.

Al reunirse con miembros de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos (ANAD), la legisladora subrayó que desde su surgimiento, ha sido una opositora a las imposiciones del Pacto, y para reforzar la postura de una fracción de los diputados perredistas, llamó a las organizaciones sociales, civiles y políticas que concuerden con esa postura, a sumarse al rechazo.

“El que ha resultado enormemente beneficiado con este pacto es el Gobierno Federal, encabezado por Enrique Peña Nieto y el grupo Atlacomulco, quienes literalmente han reproducido la leyenda de la invasión española a nuestras tierras y han ofrecido espejitos a algunos líderes políticos a cambio de las riquezas nacionales. Este abusivo trueque se traducirá en el corto y mediano plazo en contra de los intereses populares y en contra de las aspiraciones del pueblo de México”, reclamó.

Apuntó que otra debilidad del Pacto, radica en que las fuerzas políticas firmantes, tampoco tomaron en cuenta las posturas de sus propias corrientes ideológicas internas, lo que ha provocado desencuentros dentro del PRD y hasta del Partido Acción Nacional (PAN).

Ello, apuntó, se ha visto reflejado en el diferendo entre diputados y senadores de ambas bancadas, e incluso, en la dificultad para tomar decisiones y concretar acuerdos reales entre las fuerzas políticas representadas en el Congreso.

“Más de una vez hemos visto cómo los acuerdos cupulares son desconocidos por los coordinadores de los grupos parlamentarios del Congreso de la Unión”, recalcó, al aseverar que esto muestra la falta de legitimidad de los acuerdos emanados del Pacto.

Fuente: Noticias MVS

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México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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