Opinión
EL PRECIO DE LA HOMOFOBIA
Por: Enrique Corte
El enfrentamiento entre los sectores más conservadores de la sociedad y la comunidad lésbico, gay, bisexual y transgénero (LGBT) ha dejado notables consecuencias. Por un lado, la Iglesia Católica pierde fieles y credibilidad a pasos agigantados, en parte por su resistencia a renovarse y aceptar a sectores históricamente marginados pero con creciente reconocimiento social, y en parte por los escándalos de pederastia, corrupción y excesos del alto clero.
En contraparte, los mexicanos sexualmente diversos mantienen un avance sostenido en la lucha por sus derechos, pero aún enfrentan niveles de intolerancia, discriminación y violencia alarmantes; México es el segundo país con más crímenes hacia esta minoría.
Homosexuales ganan reconocimiento, religiones lo pierden
Según datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), en México el 84 por ciento de la población es católica, y según el Vaticano serían casi el 92 por ciento. No obstante, investigadores como el antropólogo Elio Masferrer, presidente de la Asociación Latinoamericana para el Estudio de las Religiones, ponen en duda estas cifras y afirman que esta religión está perdiendo fieles aceleradamente en nuestro país. Incluso datos del mismo clero revelan que sólo el 52 por ciento de las parejas que se casaron, lo hicieron por la iglesia, y que únicamente el 43 por ciento de quienes se dicen católicos cumplieron con el sacramento de la confirmación.
En contraparte, la comunidad LGBT representa al 3.6 por ciento de la población, según la Encuesta de Valores de la Juventud que realizó el Instituto de Ciencias Jurídicas de la UNAM, aunque también hay poca certidumbre en estos datos pues muchas personas con preferencias diversas temen expresarlas por temor a la discriminación y al rechazo. El Inegi tiene registro de 230 mil hogares compuestos por parejas del mismo sexo en México.
Existen estudios como el realizado por el sicólogo Alfred Kensey, que afirman que hasta el 10 por ciento de las personas han tenido al menos una interacción sexual con personas de su mismo sexo, aunque basado en estimaciones cuestionadas por su frágil sustento; y un estudio de Google señala que el 5 por ciento de los consumidores de porno prefieren ver escenas de sexo gay. Se estima que la población sexualmente diversa en México va de al menos 2.5 millones hasta 10 millones, si se toman en cuenta las experiencias aisladas.
Por donde se le mire, la población que se asume como católica es mucho más numerosa que la población que reconoce tener preferencias sexuales diversas. Sin embargo, la comunidad LGBT ha logrado importantes avances en un tiempo relativamente corto, tales como:
1.- Derecho al matrimonio civil.
2.- Reconocimiento jurídico y acceso a seguridad social para parejas casadas.
3.- La declaración del Día Nacional contra la Homofobia (17 de marzo).
4.- Creación de un marco jurídico contra la discriminación.
5.- Reconocimiento legal a la identidad de género (credencial de elector, registro civil).
6.- Protocolos específicos para perseguir los delitos contra la comunidad LGTB y protección a víctimas.
7.- Tratamiento gratuito contra el sida, así como asesoría y salud preventiva.
8.- Generación de contenidos informativos y ofertas culturales enfocadas a este sector.
9.- Desarrollo de productos y servicios con enfoque gay friendly en distintas esferas y espacios.
10.- Plataformas electorales incluyentes para la comunidad por parte de varios partidos políticos.
A pesar de todo esto, los sectores más conservadores de credos como el católico y el evangélico aún se resisten a aceptar que todas las personas gocen de los mismos derechos y sin importar su orientación sexual, y a pesar de demostraciones como la del fin de semana [10 de septiembre] en las que salieron a las calles entre 150 mil y 300 mil ciudadanos, según las variaciones entre las fuentes, la aceptación a la comunidad LGTB crece notablemente entre las personas religiosas.
De acuerdo con la Encuesta de Opinión Católica 2014, el 50 por ciento de los fieles están de acuerdo con que la iglesia reconozca a las familias encabezadas por una pareja del mismo sexo, principalmente los jóvenes, quienes aprueban este tipo de sacramentos en un 70 por ciento, en clara oposición a los sectores mayores de 60 años, entre quienes el 80 por ciento está en contra. Más allá del reconocimiento oficial del clero, el 59 por ciento está a favor del matrimonio civil entre parejas del mismo sexo mientras el 41 está en contra. En el caso de la adopción por parte de parejas LGBT, sólo el 42 por ciento está a favor y el 58 por ciento está en contra.
Cuando el odio mata
Pero aunque la discriminación pierde terreno, aún alcanza niveles alarmantes si consideramos que entre 1995 y 2015 más de mil 310 mexicanos fueron asesinados en crímenes de odio homofóbico en 29 estados del país, aunque se estima que la cifra es mucho mayor pues por cada caso reportado entre tres y cuatro no se denuncian, de acuerdo con el informe de la Comisión Ciudadana contra los Crímenes de Odio por Homofobia (Cccoh), lo cual nos ubica como el segundo lugar mundial en crímenes por homofobia.
Las víctimas fueron principalmente integrantes de la comunidad trans, quienes padecieron el brutal ensañamiento por parte de sus asesinos, ya que la mayoría fueron asesinados con armas blancas, golpes o asfixia. En la mayoría de los casos sus crímenes quedaron impunes, e incluso estos datos son más cercanos a los países africanos y musulmanes que a las naciones desarrolladas.
A la hora de desenvolverse en su entorno social la comunidad LGBT tampoco la tiene fácil: siete de cada 10 personas con preferencias diversas se sienten discriminadas, y cuatro de cada diez mexicanos en general se negarían a compartir la misma casa con ellos. Además, uno de cada diez afirma haber sido despedido y uno de cada tres ha sido rechazado en un trabajo por sus preferencias sexuales, mientras que el 55 por ciento afirma ser “de clóset” al ocultar su condición por temor a represalias, según la Encuesta Nacional Sobre la Discriminación.
Con base en estos datos podemos llegar a varias conclusiones:
1.- El movimiento a favor de la igualdad entre las personas aún tiene grandes desafíos, pero también muestra un avance sólido y al parecer irreversible.
2.- A pesar de la resistencia de los extremos más conservadores, la aceptación de la diversidad crece entre los sectores más moderados de la iglesia, principalmente entre los jóvenes.
3.- El clero católico enfrenta fuertes dificultades para retener a sus fieles, en parte por la resistencia a una renovación que es impulsada incluso por el papa Francisco y algunos sectores liberales de la iglesia.
En suma, la Iglesia Católica está pagando un precio cada vez más elevado por mantener posturas excluyentes y radicales, mientras otros credos más moderados e inclusivos ganan terreno entre la población mexicana.
Opinión
Siete voces, siete silencios. Por Caleb Ordóñez Talavera
El desayuno se interrumpió con el sonido seco de los disparos. Alejandro Leyva apenas tuvo tiempo de reaccionar. Estaba sentado en una fonda del fraccionamiento La Esmeralda, en San Pablo Etla, Oaxaca, en una mañana que parecía igual a cualquier otra. Entonces llegaron hombres armados en motocicleta. Apuntaron directo. Dispararon sin titubeos. Tres impactos, principalmente en la parte superior del cuerpo, bastaron para arrebatarle la vida casi de inmediato. Una mujer que se encontraba en el lugar también resultó herida. Los agresores huyeron con la misma rapidez con la que aparecieron. En cuestión de segundos, lo cotidiano se convirtió en tragedia.
Alejandro Leyva no era un desconocido. Había dirigido la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión, escribía la columna El Zumbido del Moscardón y, sobre todo, era una voz incómoda para el poder. En sus espacios criticaba la corrupción, denunciaba la violencia y cuestionaba decisiones del gobierno estatal. Incluso había denunciado amenazas y actos de intimidación en su contra desde tiempo atrás. Quienes hoy investigan el caso saben que no puede ignorarse ninguna línea relacionada con su actividad periodística. La Fiscalía General de la República ya atrajo la investigación.
Con él ya son siete periodistas asesinados en México durante este año.
Siete.
Es una cifra que debería provocar una crisis nacional. Sin embargo, en México, lamentablemente, ya aprendimos a recibir este tipo de noticias con total resignación. Ya no nos duele. Esa quizá sea la peor derrota.
Este crimen no es un caso aislado. Es la continuación de un patrón que este país se niega a romper, y por eso vale la pena detenerse a pensar en lo que realmente significa.
Porque el problema nunca ha sido únicamente el número de periodistas asesinados. El verdadero drama es que, detrás de cada crimen, existe un mensaje mucho más profundo: hay regiones enteras donde informar se convirtió en una actividad de alto riesgo.
Durante años, el periodista mexicano dejó de preocuparse únicamente por verificar datos, conseguir entrevistas o publicar exclusivas. Hoy también debe preguntarse si una investigación pondrá en riesgo a su familia, si un reportaje provocará amenazas, si una llamada desconocida puede cambiarle la vida o si una publicación en redes sociales bastará para convertirse en objetivo de alguien.
Esa no es una democracia sana.
México sigue siendo uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de contextos formales de guerra. Y lo más preocupante es que esa realidad ya no distingue entre periodistas nacionales, reporteros comunitarios, conductores de radio, fotógrafos, columnistas o creadores de contenido que investigan asuntos públicos. Quien incomoda al crimen organizado, a intereses económicos o al poder político puede terminar enfrentando amenazas, campañas de desprestigio, demandas judiciales, vigilancia o, en el peor de los casos, la muerte.
Pero, ¿Por qué ocurre?
Porque la impunidad sigue siendo el mejor aliado de quienes quieren callar voces. Porque demasiados asesinatos permanecen sin castigo. Porque muchas amenazas jamás llegan a investigarse seriamente. Porque los mecanismos de protección suelen reaccionar cuando el riesgo ya escaló demasiado. Y porque, en numerosas regiones del país, el crimen organizado, los intereses políticos y la debilidad institucional terminan cruzándose peligrosamente.
Cada periodista asesinado envía, además, un mensaje devastador a las nuevas generaciones.
¿Qué joven de veinte años decidirá investigar corrupción municipal si observa que hacerlo puede costarle la vida?
¿Qué estudiante de comunicación apostará por el periodismo de investigación cuando descubre que quienes revelan información incómoda terminan necesitando escoltas (que nunca tendrá), cambiando de ciudad o siendo asesinados?
Cuando matan a un periodista no solamente eliminan una voz. También intentan sembrar miedo entre quienes todavía no empiezan a ejercer.
Y eso termina empobreciendo a toda la sociedad.
Porque cuando desaparecen periodistas independientes, también desaparecen historias que jamás conoceremos. Desaparecen denuncias de corrupción, investigaciones sobre desvío de recursos, vínculos criminales, abusos de autoridad o violaciones de derechos humanos. El silencio siempre beneficia a alguien. Nunca beneficia a los ciudadanos.
Por eso, la defensa de la libertad de expresión no puede recaer únicamente en los periodistas.
También corresponde a la sociedad. Cada ciudadano tiene la responsabilidad de defender el derecho a estar informado. Eso significa valorar el periodismo serio, exigir investigaciones imparciales, rechazar la desinformación y comprender que una prensa crítica no es enemiga del gobierno, sino un contrapeso indispensable para cualquier democracia.
Y, desde luego, el Estado tiene obligaciones mucho más grandes. Pues no basta con emitir comunicados de condena después de cada asesinato. No basta con prometer investigaciones exhaustivas. Tampoco basta con atraer expedientes a instancias federales cuando la indignación ya ocupa los titulares.
El gobierno debe garantizar investigaciones rápidas, independientes y profesionales; fortalecer realmente los mecanismos de protección; castigar tanto a autores materiales como intelectuales y construir condiciones para que ningún periodista tenga que elegir entre publicar una información o conservar la vida.
Porque cuando el miedo dicta qué puede publicarse, la democracia comienza a perder terreno.
No los olvidamos.
Esta columna está dedicada a quienes ya no podrán volver a escribir una nota, tomar una fotografía o encender un micrófono este año: Carlos Castro, asesinado en Poza Rica el 8 de enero; Juan David Gámez, en Nuevo León el 18 de marzo; Roxana Guzmán, secuestrada el 2 de junio y encontrada sin vida semanas después; Luis Ángel López, asesinado en Poza Rica el 11 de junio; Alex Serna, en Zihuatanejo el 3 de julio; Josué Martínez, en Puebla el 16 de julio; y ahora Francisco Alejandro Leyva Aguilar, en Oaxaca.
Siete nombres.
Siete familias.
Siete historias interrumpidas.
Pero también siete razones para no acostumbrarnos.
Porque el día que dejemos de indignarnos por un periodista asesinado habremos aceptado que en México la verdad tiene precio. Y una nación que permite que maten a quienes la cuentan corre el riesgo de quedarse, para siempre, sin quien la narre.
