La oposición llegó a reventar la sesión en San Lázaro por su exigencia de destinar recursos del Presupuesto 2024 para la reconstrucción de Acapulco. (Cuartoscuro / Rogelio Morales Ponce)
A pesar de los reclamos de la oposición, la mayoría de la 4T no incluyó ni etiquetó recursos para apoyar a Guerrero.
La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2024, pero no se aportaron recursos para Guerrero.
Luego de una maratónica sesión, la mayoría de Morena y sus aliados solo aceptaron corregir el recorte que efectuaron al gasto solicitado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) para 2024, y le devolvieron 500 millones de pesos.
Al Tribunal Electoral se le aplicó un ajuste de 768 millones, al reducir su propuesta de presupuesto 3 mil 890 a 3 mil 122 millones de pesos, por lo que con la reposición de los 500 millones, su gasto será de 3 mil 622.
No hubo cambios en los ajustes a ningún otro órgano autónomo, estados y municipios ni en instituciones del gobierno federal.
No se etiquetaron recursos para apoyar a Guerrero
Después de cuatro días de discusiones y desencuentros, y a pesar de los reclamos de la oposición, la mayoría de la 4T no incluyó ni etiquetó recursos para apoyar a Guerrero, por lo que morenistas estallaron contra su bancada y su coordinador, Ignacio Mier.
Aunque Morena insistió en que presentaría una propuesta de fondos para Acapulco de hasta 100 mil millones de pesos, a través del diputado tabasqueño Marcos Rosendo Filigrana, la coalición de la 4T solo ratificó la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador, de destinar el dinero de los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación (PJF) para la reconstrucción de Acapulco y municipios afectados.
“Tenemos en esta reserva la oportunidad de hacer un acto de Estado, un acto donde concurran los tres Poderes del Estado: la propuesta del presidente López Obrador, la adhesión de la ministra Norma Piña y la voluntad política de los grupos parlamentarios a través de sus coordinadores”, expuso en tribuna.
En respuesta, y luego de que la bancada guinda rechazó la reserva del grupo de diputados seguidores de Marcelo Ebrard, de destinar en 2024 a Guerrero un mínimo de 15 por ciento de excedentes petroleros -un estimado de 45 mil millones de pesos-, desde el pleno de San Lázaro la diputada y periodista Selene Ávila renunció a la fracción morenista y acusó que “se avergüenza” de ser su integrante.
Diputada de Morena renuncia por falta de recursos a damnificados
A gritos, reprochó que “son una vergüenza de bancada, me avergüenzo de ella. Traidores, vividores. Los traidores a la patria están en Morena”.
Entre aplausos y abrazos de diputadas y diputados del PRI y el PAN que la arroparon, afirmó que “en Morena el anhelo de justicia social es una simulación, y si me cuesta el cargo se los entregó, pero la dignidad jamás. Vamos a luchar por Guerrero desde donde sea”.
“Que Guerrero se entere de que desde el Poder Legislativo, Morena, la bancada en que he militado y he creído, traicionó a los que se han quedado sin nada, a los muertos”, reclamó.
Otro de los coordinadores del grupo marcelista El Camino de México, el diputado Carol Antonio Altamirano, denunció esta madrugada que “cuando nosotros platicamos con Ignacio Mier, delante de todos hubo un compromiso de que avanzaba la reserva del 15 por ciento de los excedentes petroleros”.
“Pero dos horas después se desdijo y sin expresar razones, solo afirmó que ya no se podía aterrizar. Haber asumido un compromiso, no ante uno, sino ante todos los compañeros y después de desdecirse, eso se llama engaño y no ayuda a nuestro partido, no ayuda a nuestro grupo parlamentario”, reprochó
Sobre si votarán en contra en lo particular del dictamen aún en discusión, dijo que “es un tema que tenemos que platicarlo en lo colectivo, todavía no hemos podido reunirnos, después de estos acontecimientos no hemos tenido el tiempo, lo vamos a hacer y a partir de eso ya podríamos expresarles lo que se acordó”.
Si los 46 marcelistas deciden votar en contra, junto con los de la oposición, podrían hacer mayoría en el pleno e impedir la aprobación del PEF 2024.
Y sobre su eventual salida de Morena, también comentó que se analiza, en función de la decisión que tome Marcelo Ebrard.
Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso
Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».
Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.
Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».
En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.
En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.
Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.
«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.
«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».
El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.
«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.
Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».
En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.
También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.
La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.
«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.
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