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Opinión

PRI: la crónica del ocaso y del espejo. Por Caleb Ordóñez T.

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Cuando una nación decide narrar la caída de uno de sus pilares políticos, inevitablemente se observa también en ese espejo roto. La docuserie “PRI: Crónica del Fin”, dirigida por la respetada periodista Denise Maerker y producida para ViX, no solo intenta explicar cómo se extinguió la llama del partido que gobernó México durante más de siete décadas; también revela las complicidades, los símbolos y las traiciones que marcaron la política mexicana del siglo XX y parte del XXI.

Lo curioso es que, en este recuento, aparece una paradoja evidente: Televisa, ese coloso que durante décadas fue el ejército comunicativo del PRI, hoy se asume como cronista de su debacle. La televisora que construyó presidentes, que convirtió a gobernadores en figuras nacionales y que borraba con un noticiero aquello que no convenía, ahora busca lapidar a su antiguo aliado. Esa ironía recorre cada capítulo: la misma maquinaria que antes servía de escudo, hoy se erige en verdugo mediático.

Pero la serie deja ver también los silencios. Uno de ellos es fundamental: el papel de los sindicatos. El PRI no se mantenía únicamente por la liturgia del dedazo presidencial o las estructuras estatales; se nutría del control sindical. La CTM, el SNTE, los sindicatos petroleros y ferrocarrileros, por mencionar algunos, fueron auténticas arterias por donde corría la sangre del partido. Obreros movilizados, cuotas aseguradas, votos garantizados. Esa parte del engranaje apenas se toca de manera superficial, y es ahí donde la docuserie queda corta: entender al PRI sin su músculo sindical es como explicar la maquinaria de un reloj ignorando sus engranes.

El desfile de entrevistados es amplio y, en ocasiones, deslumbrante. Carlos Salinas de Gortari aparece con su tono calculado, defendiendo su legado y soltando frases de autojustificación: “Se nos acusa de modernizar demasiado rápido”. Enrique Peña Nieto, en cambio, proyecta más nostalgia que análisis, casi resignado: “Quizá no supimos entender a la gente de este tiempo”. Cuauhtémoc Cárdenas ofrece sobriedad, recordando la fractura que dio origen al PRD: “No era posible seguir avalando un sistema tan cerrado”. Porfirio Muñoz Ledo destila lucidez y, fiel a su estilo, una ironía que roza la burla: “El PRI no se cayó, lo empujaron los suyos”. Elba Esther Gordillo habla como la operadora que siempre fue, dejando entrever que en realidad el poder no se pierde, se negocia.

Cada uno aporta piezas del rompecabezas, pero ninguno escapa del juicio del tiempo. Sin embargo, hay un personaje que sale particularmente mal librado: Alejandro “Alito” Moreno. La serie lo presenta como el símbolo de la decadencia, alguien que no solo administra los restos de un partido histórico, sino que parece decidido a adueñarse de sus cenizas. No es casualidad que se subraye, directa o indirectamente, que esas cenizas equivalen a millones de pesos en prerrogativas, bienes inmuebles y herencias políticas que todavía representan un botín codiciado.

Alito es exhibido como un dirigente sin vocación ideológica, pragmático hasta el cinismo. Su liderazgo, más que reconstruir, ha acelerado la implosión. La narrativa sugiere que su intención no es salvar al PRI, sino capitalizar lo que quede: apropiarse de las ruinas, vender la marca como franquicia y permanecer como su último caudillo. Es un retrato duro, casi despiadado, pero difícil de rebatir frente a la evidencia de las derrotas recientes y las divisiones internas.

La docuserie brilla al mostrar el ritual priísta en todo su esplendor: los saludos coreografiados, las ceremonias de Estado, los informes presidenciales con aplausos medidos, las “cargadas” que parecían festivales de lealtad. Pero también exhibe la arrogancia del poder, el desgaste inevitable de un partido que confundió eternidad con impunidad.

Al final, “PRI: Crónica del Fin” no es solo un relato de cómo se acabó un partido. Es también una radiografía de cómo se construyó un país, con sus luces y sus sombras. El PRI fue padre y verdugo de la democracia mexicana; engendró modernización y corrupción; promovió estabilidad y represión. Por eso su caída no se entiende sin asumir que sus métodos, sus ritos y sus vicios siguen vivos en otros partidos que heredaron la escuela.

Lo más incómodo es que, al cerrar la serie, uno no solo piensa en el PRI que se fue. Piensa también en el México que queda. Porque si algo deja claro este documental es que el fin del PRI no significa el fin de sus prácticas. Y que, mientras figuras como Alito Moreno insistan en convertir la política en un negocio personal, las cenizas seguirán ardiendo al calor de millones de pesos.

Sin duda, vale la pena ver la serie, una producción que le suma mucho al debate nacional.

Opinión

Reforma caída, poder en disputa. Por Caleb Ordóñez T.

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La reforma electoral enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum pretendía convertirse en una de las grandes piezas políticas de su primer tramo de gobierno. No era una iniciativa menor: implicaba tocar las reglas del sistema político mexicano, rediseñar parte de la representación legislativa y volver a colocar sobre la mesa una vieja bandera del obradorismo: abaratar la democracia mexicana. Sin embargo, lo que se anticipaba como una muestra de fuerza legislativa terminó convirtiéndose en el primer gran aviso de que el poder dentro de la coalición oficialista ya no funciona con obediencia automática.

La propuesta partía de una idea políticamente rentable: reducir costos y simplificar estructuras. Entre los puntos centrales estaba disminuir el número de senadores, modificar el esquema de representación proporcional y recortar gastos electorales que, desde la narrativa presidencial, siguen siendo excesivos para un país con enormes desigualdades sociales. También se buscaba actualizar reglas frente al uso de inteligencia artificial, bots y propaganda digital en campañas, bajo el argumento de que la política mexicana ya no puede seguir regulándose con instrumentos pensados para otra época.

Pero detrás del discurso de austeridad había un elemento mucho más sensible: la redistribución real del poder entre partidos.

Ahí apareció el primer muro inesperado. El Partido del Trabajo y el Partido Verde, aliados históricos de Morena, decidieron no acompañar la iniciativa. No fue una ruptura ideológica, sino una reacción de supervivencia política. Ambos entendieron que una reducción o modificación profunda en el sistema de representación proporcional podía afectar directamente su capacidad de conservar espacios legislativos propios. En otras palabras: Morena proponía una reforma pensada desde la lógica de partido dominante, mientras sus aliados la leyeron desde la lógica de partidos que necesitan reglas protectoras para seguir siendo relevantes.

La votación dejó una fotografía políticamente incómoda: Morena no logró reunir la fuerza suficiente para sacar adelante una reforma constitucional aun teniendo la Presidencia, mayoría simple y control narrativo del debate público.

Y esa derrota tiene consecuencias internas.

Porque más allá del revés legislativo, el episodio deja a la presidenta frente a una realidad que en política pesa mucho: el capital político no es permanente, se administra y también se erosiona. Dentro de Morena, la señal fue clara: si los aliados ya marcan distancia, también empiezan a moverse los grupos internos que observan hasta dónde llega realmente la capacidad presidencial de ordenar decisiones.

Eso obliga ahora a Claudia Sheinbaum a recuperar control interno. Y una de las rutas más previsibles es endurecer su influencia en la construcción de candidaturas. Lo que viene hacia 2027 puede ser un proceso mucho más cerrado, donde perfiles cercanos a Palacio Nacional busquen ocupar candidaturas a gubernaturas y diputaciones federales como mecanismo de blindaje político. Es decir: si el Congreso mostró límites, entonces la siguiente apuesta será construir una mayoría futura más disciplinada desde el origen.

En política mexicana eso suele traducirse en una lógica sencilla: menos concesiones territoriales y más control sobre quién llega.

Por eso no es casual que desde el entorno presidencial ya se hable del llamado “Plan B”.

La presidenta ha dejado claro que el fracaso de una reforma constitucional no significa renunciar al proyecto. El plan alterno consiste en avanzar por rutas secundarias: reformas legales ordinarias, ajustes administrativos y decisiones presupuestales que no necesiten mayoría calificada. Reducir financiamiento público a partidos, endurecer reglas de operación institucional y modificar mecanismos internos del sistema electoral pueden ejecutarse parcialmente sin tocar la Constitución.

Es una estrategia conocida: fragmentar una gran reforma en pequeñas decisiones acumulativas.

El cálculo político es evidente. Si no se puede ganar todo de una vez, se gana por partes.

Sin embargo, el costo político permanece. Porque esta votación también reveló algo más profundo: la coalición gobernante ya entró en una etapa donde cada aliado comienza a defender su propio futuro electoral.

Y cuando eso ocurre, cada iniciativa deja de ser solamente técnica para convertirse en una negociación de poder.

La reforma electoral no murió; simplemente abrió una nueva batalla.

Una donde ya no basta tener mayoría moral, narrativa presidencial o popularidad pública. Ahora también habrá que reconstruir disciplina política.

Y esa es quizá la prueba más delicada que enfrenta hoy la presidenta: demostrar que todavía puede ordenar a su propia mayoría sin fracturar el proyecto que la llevó al poder.

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