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México

Primer Foro Regional de Cumplimiento Laboral T-MEC

Encabezan Index y autoridades de EU y Canadá diálogo sobre cumplimiento laboral en T-MEC.

 

Colocar en la mesa de diálogo los temas más actuales que se relacionan en materia de trabajo con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) logró reunir a una serie de destacados especialistas y reconocidas autoridades de los tres países, quienes tuvieron la oportunidad de intercambiar opiniones y experiencias en el Primer Foro Regional de Cumplimiento Laboral T-MEC, encuentro que organizó Index.

El lema “La justicia laboral como eje central de las relaciones laborales” sirvió para efectuar un completo análisis desde diferentes ópticas, donde se llegó a una conclusión general de que cumplir con los acuerdos y entender las diferentes necesidades, además de respetar los derechos de los trabajadores, son puntos medulares para que el T-MEC pueda avanzar de acuerdo con sus propósitos, se indicó en un comunicado.

Luis Manuel Hernández, presidente de Index Nacional, mencionó que seguir en 2023 con afirmaciones de que las oficinas de Gobierno serán un cuello de botella para llevar a cabo cualquier asunto legal vinculado con este tratado de comercio, resulta algo estéril debido a la naturaleza del acuerdo.

Agregó que cada vez se formulan preguntas más interesantes respecto a este tema, pero enfatizó que México no podrá continuar con las solicitudes de extensiones para obtener tiempo: “Nos vamos a ver muy mal como país. Nos vamos a ver muy mal como el sector que genera el 62 por ciento de exportación y que tiene la quinta parte de la base de datos del IMSS”.

«Recomendaciones para los centros de trabajo de cara al nuevo modelo laboral”, “Mejores prácticas de las empresas Immex en las implementación de las obligaciones laborales del T-MEC” y “Aspectos generales del Programa de Verificación Laboral Voluntaria (Velavo) de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social” fueron parte de los temas que se abordaron en esta plataforma de diálogo.

El Primer Foro Regional de Cumplimiento Laboral T-MEC además contó con la participación en su inauguración de Jesús Zarazúa Perea, director nacional del grupo de trabajo de cumplimiento laboral T-MEC de Index; Ken Salazar, embajador de Estados Unidos; Shauna Hemingway, embajadora adjunta del Gobierno de Canadá, y Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social de México.

México

Pone ‘El Mayo’ ultimátum: me repatrian o el colapso

Ismael «El Mayo» Zambada, líder de Cártel de Sinaloa, exigió al Gobierno de México que reclame a Estados Unidos su repatriación porque, de no hacerlo, la relación entre los dos países sufrirá un «colapso».

Juan Manuel Delgado González, asesor jurídico de Zambada en México, confirmó que la petición fue presentado ayer en el Consulado General de México en Nueva York un escrito al que tuvo acceso Grupo Reforma y donde Zambada exige que lo defienda el gobierno.

Debe intervenir (el gobierno) a fin de que el presente asunto no resulte en un colapso en la relación bilateral entre ambos países, puesto que no se debe de perder de vista la irregular e ilegal manera en que el suscrito fui puesto a disposición de las autoridades de los Estados Unidos de América».

En julio del 2024, Zambada fue engañado por Joaquín Guzmán López, hijo de «El Chapo» Guzmán, fue secuestrado para llevarlo a Texas donde enfrenta cargos por delincuencia organizada, homicidio, narcotráfico en gran escala y lavado de dinero, entre otros.

En la solicitud de asistencia consular, el capo señala que si no se interviene en favor de sus derechos, políticos y funcionarios mexicanos también pueden ser secuestrados y trasladados ilegalmente al país vecino.

Por lo anterior, expresa que la respuesta del Estado mexicano «no es opcional», porque tiene la obligación ineludible de defenderlo.

«Si el Gobierno de México no actúa, el suscrito seré condenado a pena de muerte sin lugar a ninguna duda y además esto constituirá un precedente peligroso que permitiría que en cualquier momento cualquier gobierno extranjero pudiera de manera impune violentar nuestro territorio y soberanía, interviniendo para la detención de cualquier persona, incluso políticos o funcionarios del Gobierno, para ser trasladados a la jurisdicción norteamericana sin que nada suceda», manifiesta.

«Exijo y demando que el Estado mexicano cumpla con su obligación ineludible de intervenir de manera inmediata, contundente y sin margen de discrecionalidad para exigir formalmente a los Estados Unidos de América garantías y seguridades absolutas, plenas, vinculantes e irrevocables de que no se me impondrá ni se ejecutará la pena de muerte en su jurisdicción. Esta exigencia no es opcional, ni puede ser interpretada como una cuestión de oportunidad política o diplomática».

El documento firmado por Zambada advierte que, de no haber una exigencia categórica y formal de sus garantías, «constituiría una traición al sistema jurídico mexicano» y al deber del Estado de garantizar la seguridad de sus ciudadanos, sin excepción alguna.

«En este contexto, en cuanto hace a mi asunto en particular, resulta una obligación del Estado Mexicano: presentar una protesta formal ante las autoridades estadounidenses, señalando la violación del Tratado (de México y Estados Unidos para prohibir los secuestros transfronterizos) y exigiendo el respeto a la soberanía mexicana y al debido proceso legal», señala.

Solicitar la repatriación inmediata de mi persona, argumentando que mi traslado fue ilegal y que cualquier proceso judicial en mi contra debe llevarse a cabo en México, conforme a las leyes nacionales y los acuerdos internacionales vigentes».

En una parte de su escrito, el líder del Cártel de Sinaloa requiere al Gobierno de México para que pida a los estadounidenses un informe detallado de las circunstancias de su secuestro y traslado, identificando quiénes permitieron su entrada a la Unión Americana y bajo qué base legal.

También, que le informen la identidad de las personas involucradas en su traslado, tanto del lado estadounidense como del lado mexicano.

La razón por la que alega que el Gobierno federal debe exigir la cancelación del proceso al que está sometido en Nueva York, es precisamente porque el procedimiento tiene como origen su secuestro y traslado ilegal a la Unión Americana.

«Esta exigencia no es una cuestión discrecional ni sujeta a consideraciones políticas o diplomáticas», dice.

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